La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) pidió al sistema de justicia adoptar medidas que impidan la repetición de procesos de criminalización contra periodistas, luego del cierre del caso penal promovido contra seis periodistas y dos columnistas de elPeriódico.

La organización emitió un comunicado en el que calificó el proceso como un intento de intimidar a la prensa independiente y recordó que el cierre definitivo del caso ocurrió después de que el Ministerio Público (MP), ahora dirigido por Gabriel García Luna, desistiera del recurso que mantenía activo el proceso ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

El caso se originó el 28 de febrero de 2023, durante la audiencia de primera declaración del fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, cuando la entonces fiscal Cinthia Monterroso afirmó que los periodistas y columnistas habrían cometido el delito de conspiración para la obstaculización de la justicia. 

Los señalados fueron Gonzalo Marroquín, Edgar Gutiérrez, Alexander Valdéz, Cristian Vélix, Denis Aguilar, Rony Ríos, Julia Corado y Gerson Ortiz. Tras esa audiencia, Udefegua asumió la defensa legal de la mayoría de los comunicadores.

En enero de 2024, el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal resolvió que las acusaciones relacionadas con publicaciones periodísticas debían conocerse mediante un tribunal de imprenta, conforme a la Ley de Emisión del Pensamiento, y no por la vía penal. Esa decisión fue confirmada posteriormente por una Sala de Apelaciones y por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Pese a ello, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida entonces por Rafael Curruchiche, presentó un recurso de apelación de sentencia en amparo ante la CC. Finalmente, el nuevo jefe del MP solicitó desistir de ese recurso, lo que permitió el cierre definitivo del proceso.

Udefegua sostuvo que la persecución penal impulsada durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras vulneró el artículo 35 de la Constitución, que establece que no constituyen delito las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios públicos por actos realizados en el ejercicio de sus cargos.

“Este caso fue desde un inicio un claro intento por parte del ente fiscal de callar e intimidar a la prensa independiente en el país, causando que muchas de las personas imputadas debieran salir al exilio, lo que conllevó serias afectaciones a su vida personal y profesional”, señaló la organización.

Según Udefegua, los ataques contra periodistas continúan siendo una de las principales formas de agresión registradas en el país. Según datos, durante 2025 las agresiones contra personas periodistas representaron el 34.8 por ciento del total de casos documentados.

La organización reiteró su rechazo a la criminalización de periodistas y columnistas y pidió que, tras el cierre de este proceso, las autoridades adopten medidas que eviten la repetición de casos similares.

“La Udefegua reitera su condena y rechazo a la criminalización de periodistas y columnistas y reafirma su compromiso de acompañar a personas defensoras en el derecho a defender derechos humanos. Esperando que luego de esta batalla legal el sistema de justicia adopte las medidas necesarias para la no repetición de procesos de criminalización en contra de la prensa independiente y garantice el libre ejercicio del periodismo en todo el territorio nacional”, indicó el comunicado.