^{Foto: Carlos Alonzo}

Bajo el proceso de aceptación de cargos, la condena se redujo a seis meses por cada delito. Además, se le impuso una multa mínima de Q20 mil, la cual bajó a Q10 mil y, en caso de insolvencia, esta se convertirá en prisión a razón de Q100 por día.

“La ley no le impone al juez valorar prueba de ninguna manera, porque el sindicado, de manera libre, espontánea, voluntaria y previamente informada, ha decidido aceptar cargos, el cual es un derecho que la ley le concede como persona procesada”, dijo el juez Orellana en su resolución en el procedimiento especial de aceptación de cargos al que Batz decidió acogerse. 

Asimismo, destacó que, según lo establecido en la ley, se le otorga la suspensión condicional de la pena por tres años, lo que significa que, si Batz no comete nuevos delitos en este período, su responsabilidad penal será extinguida.

Por su parte, el abogado y excongresista Fernando Linares Beltranena, querellante adhesivo, cuestionó la decisión de Batz de reservarse ciertos detalles y solicitó que revele públicamente a los responsables dentro del partido Movimiento Semilla.

«En el sentido que, usted se resbala en una cáscara de banano al salir del tribunal, todo el mundo va a señalar quién puso la cáscara de banano ahí. Por eso es que yo le solicito que usted nos diga cuáles son las personas que en nombre del Comité Ejecutivo le hablaban para que firmara los documentos”, le dijo el abogado.

Ante esto, Batz reiteró que su testimonio más detallado lo daría en sede fiscal, señalando su temor por posibles represalias. El abogado defensor de Batz argumentó que su cliente aceptaba los cargos, pero los detalles específicos sobre el financiamiento irregular y la supuesta estructura del Movimiento Semilla serían ampliados únicamente ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) debido a riesgos para su integridad.

«Mi cliente tiene temor de dar información porque esto se va a ampliar y su vida va a correr peligro. Por eso mismo se solicitó la reserva”.

Batz aceptó su responsabilidad en los delitos señalados, pero aclaró que él no fue el artífice de las irregularidades y que las decisiones dentro del partido siempre fueron controladas por el Comité Ejecutivo Nacional, aunque existiera oposición de los demás integrantes.

También, confirmó que dentro del partido existían prácticas que contradecían su discurso de transparencia y que su error fue no haberlas denunciado a tiempo. 

“Acepto mi culpa porque yo no me presté a esas situaciones, pero se dieron. Y dentro de mi responsabilidad, la acepto. Tuve que haber actuado en ese momento y no lo hice”, dijo.

Al ser consultado por Linares Beltranena sobre quiénes lideraban estas decisiones, mencionó a Samuel Pérez y Ligia Hernández.

Los hechos  que señala la FECI 

La FECI argumentó que existían indicios racionales suficientes para considerar que Batz participó activamente en la firma de documentos irregulares dentro del partido Movimiento Semilla, específicamente en su rol como secretario de Finanzas y Transparencia, el cual desempeñó hasta septiembre de 2019.

Según la Fiscalía, el partido político incurrió en financiamiento electoral no registrado, violando la normativa electoral al no identificar el origen de ciertos aportes dinerarios. Se presentaron 24 recibos sin identificar a los donantes, lo que impidió la trazabilidad de los fondos utilizados, señaló Morales.

Además, aseguró que hubo irregularidades en los informes financieros entregados al TSE, incluyendo balances generales y estados de ingresos y egresos que presentaban discrepancias con la contabilidad real del partido. 

La FECI sostuvo que Batz, como responsable financiero, debió garantizar la transparencia del manejo de fondos, pero en su lugar avaló documentos que ocultaban el verdadero flujo de dinero dentro del partido. Asimismo, la Fiscalía indicó que otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional también estarían involucrados en estas prácticas, por lo que las investigaciones seguirán su curso con base en la información proporcionada por el ahora condenado.

El caso y los otros seis sentenciados

Con la aceptación de cargos de Batz y su disposición a ampliar detalles ante la FECI, el caso sigue abierto y se conoce que podrían derivarse nuevas imputaciones contra otros miembros del partido, incluso actuales ministros. 

Batz se convierte en el séptimo condenado que se acoge al procedimiento especial de aceptación de cargos, entre ellos, Ligia Hernández, quien tras pasar aproximadamente 90 días en prisión preventiva, en noviembre de 2024 aceptó los cargos imputados y fue condenada a un año de prisión por cada delito. 

Actualmente, Wuillian Oswaldo Capriel Coloch, subsecretario administrativo de la Secretaría Privada de la Presidencia, quien era el secretario financiero del partido, guarda prisión domiciliaria con vigilancia policial permanente, tras haber sido ligado a proceso penal por los delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos.