Las modificaciones se presentan como un esfuerzo para “armonizar” la normativa y dar “certeza jurídica”, pero en el contexto actual donde se ha cuestionado la legitimidad de las autoridades desde las elecciones de 2022, estas reformas pueden interpretarse como un intento por consolidar el control de una estructura señalada de cooptación en la universidad.

Aquí te explicamos algunos de los cambios y sus implicaciones:

1. Autoridades podrán continuar en funciones incluso si no hay reemplazo electo

(Artículo 2 Bis, nuevo)

Antes no estaba claro qué pasaba si una elección se atrasaba. Con esta reforma, se establece que las autoridades electas seguirán en su cargo hasta que llegue quien las sustituya. Esto permitiría que las autoridades cuestionadas se mantengan más tiempo del establecido en ley.

2. Reelección con mayoría calificada

(Artículo 2 ter, nuevo)

Para reelegirse se necesitarán dos terceras partes de los votos. Aunque parece elevar el estándar democrático, según analistas, puede usarse para bloquear candidaturas incómodas o favorecer la continuidad de quienes tienen el control de cuerpos electorales afines.

3. Solo podrán participar quienes gocen de derechos civiles y políticos

(Artículo 2 quinquies, nuevo)

Se requiere estar en pleno goce de derechos políticos para participar en elecciones universitarias. Esto puede convertirse en una herramienta para excluir a opositores mediante procesos administrativos o judiciales. Por ejemplo, a quienes enfrentan procesos penales o administrativos por la toma de la Usac en 2022.

Un miembro activo del CSU, que solicitó mantener el anonimato, señaló que las reformas fueron diseñadas específicamente para perpetuar a los actuales consejeros que ya cumplieron su período, pero para quienes no se han convocado elecciones. “Hay 37, creo yo, consejeros que ya se nos venció el tiempo y no hay modo que convoquen elecciones”, afirmó.

Según explicó, la reforma que permite a una autoridad permanecer en su puesto hasta que tome posesión su sucesor legitima esta situación. “Esto lo que viene a hacer es reafirmar eso de que, hasta que hayan elecciones, nosotros, los consejeros, que ya venció nuestro tiempo, tenemos la potestad de seguir en el puesto”.

4. Se fortalece el poder de los colegios profesionales

(Modificación del artículo 3)

La universidad deberá notificar formalmente a los colegios profesionales sobre las elecciones. Esto aumenta la influencia de estos órganos, a pesar de que algunos han sido cuestionados por su rol en elecciones opacas.

5. Baja el quórum para elecciones

(Modificación del artículo 15)

Antes se necesitaban dos terceras partes más uno para que una elección fuera válida. Ahora, basta con la mitad más uno. Esto facilita elecciones con menos participación, lo que puede legitimar decisiones con poco respaldo.

El consejero identificó especialmente problemático el cambio en las reglas de reelección que exige una mayoría calificada. “Eso ahora viene a entorpecer esa elección porque al final la concurrencia a las elecciones no siempre es la ideal”. También criticó la eliminación del Tribunal Electoral Universitario, no tanto por su desaparición en sí, pues reconoce que su conformación actual responde a intereses del rector, sino por lo que implica a futuro.

“En un futuro muy lejano en el que se pueda restablecer todo un proceso electoral de forma democrática en la universidad, el tribunal tendrá un papel muy importante. Entonces vemos al final que todo esto del cambio al nuevo reglamento responde justo a la forma de blindarse de ellos”.

6. Recursos Humanos controlará el padrón de catedráticos

(Artículos 28 y 36, modificados)

Se centraliza en Recursos Humanos la validación de quiénes pueden votar. Esto deja el padrón en manos de una unidad administrativa sujeta a la rectoría.

7. Se elimina el Tribunal Electoral Universitario

(Artículo 70, derogado)

Antes existía un tribunal independiente que conocía las apelaciones. Ahora solo el CSU podrá revisar resultados, lo que elimina contrapesos institucionales.

8. El CSU concentra el poder de declarar elecciones válidas o nulas

(Modificación de los artículos 65, 67 y 75)

Toda decisión final queda en manos del CSU. Dado el cuestionamiento que pesa sobre este órgano desde 2022, este cambio consolida una estructura vertical y poco transparente.

Desde el análisis jurídico, el doctor en derecho constitucional y catedrático universitario, Javier Monterroso, explica que la mayor gravedad de las reformas recae en que se suprime el tribunal electoral. “Se le quita poder a la Junta Electoral Universitaria, convirtiéndola en nada más que un órgano que va a ver si se respetaron los reglamentos. Deja que las elecciones las apruebe el Consejo Superior Universitario, lo cual es totalmente inconstitucional en primer lugar porque sería juez y parte de sus propias elecciones”, enfatizó. 

En su opinión, esto apunta a una estrategia clara del CSU. “Lo que van a hacer es decidir que no se aprueben todas las elecciones, lo va a decidir el CSU quitando a la junta electoral y quitando al tribunal electoral y después, aunque las personas ganen las elecciones en los juzgados, lo van a atrasar probablemente hasta que llegue la hora de elegir Corte de Constitucionalidad”, explicó.

9. Los tribunales electorales de los colegios manejarán sus elecciones

(Artículo 42, modificado)

Las elecciones internas de los colegios ya no estarán bajo supervisión universitaria directa. Esto debilita la fiscalización de estos procesos clave, como la elección del rector.

10. Se eliminan disposiciones electorales de 2004 y dejan vacíos

Uno de los cambios más significativos fue la derogación del anexo al Reglamento de Elecciones aprobado en el Acta No. 07-2004, que documentaba decisiones clave del CSU en su sesión del 28 de abril de 2004. Este establecía reglas prácticas y criterios para la participación de los colegios profesionales en los procesos electorales universitarios, además de servir como guía técnica para la interpretación del reglamento. 

Al eliminarlo sin una norma sustitutiva clara, se debilita la certeza jurídica y se amplía la discrecionalidad del CSU para interpretar e intervenir en los procesos electorales, dejando vacíos que podrían ser llenados según intereses coyunturales.

11. Se incorpora el conteo de votos nulos y en blanco

(Artículo 62, modificado)

La “mayoría absoluta” ahora incluye nulos y blancos. Esto puede usarse para forzar segundas vueltas o anular elecciones con alta inconformidad.

12. La toma de posesión del decano se regirá por antigüedad

(Artículo 2 quater, nuevo)

Establece que el decano con más antigüedad será el primero en tomar posesión. Aunque parece inofensivo, puede tener implicaciones si hay empates o conflictos de interpretación.

El diputado Luis Ventura, egresado de la Usac y exmiembro de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), considera que las reformas forman parte de una estrategia de control político. “Esta es una acción que justamente lo que busca es cooptar la universidad”, dijo, señalando que las reformas eliminan la posibilidad de que la Junta Electoral Universitaria contradiga al CSU.

“Ellos hacen eso para evitar justamente las contradicciones que los expongan. La estrategia que utilizaron para ganar la rectoría fue impugnar las elecciones que no les parecían convenientes. Entonces quitaron a todos los cuerpos electorales que no les parecían convenientes y permanecieron solo los afines al rector”.

Ventura también denunció el uso de mecanismos irregulares para aprobar el reglamento. “Pocas decisiones en la universidad se hacen de transcripción inmediata. Lo cual hace que no puedas tener el tiempo para presentar recursos de revisión o para ampliar los argumentos o discutir el tema. En la reunión donde se aprobó el tema del reglamento, no dejaron entrar a los miembros de oposición”. Para él, lo que ocurre en la USAC “es una dictadura como sucede en otros países donde cooptan al tribunal supremo electoral”, concluyó.

Blindaje para la actual administración y ruptura del principio democrático

Fuentes internas de la Usac consultadas por este medio expresan su preocupación ante el nuevo Reglamento de Elecciones. Sus análisis apuntan no solo a los efectos jurídicos inmediatos, sino a un proceso más amplio de concentración del poder dentro del Consejo Superior Universitario (CSU), la supresión de controles democráticos y la imposibilidad de renovación legítima de las autoridades.

Desde las elecciones de 2022, la Usac ha sido escenario de una crisis institucional. Diversos sectores han denunciado que el actual rector Walter Mazariegos tomó posesión en un proceso fraudulento, sin la participación de todos los representantes del Cuerpo Electoral Universitario.

Estudiantes, catedráticos y egresados han realizado tomas de edificios, paros y protestas, denunciando la cooptación de la universidad. Incluso se ha señalado que el actual CSU actúa como un órgano cerrado, sin transparencia y con decisiones alineadas a intereses particulares.