Raúl Arévalo, presidente de la Postuladora de Corte de Apelaciones, indicó a eP Investiga que la sede sigue siendo el punto álgido en la Comisión y que seguirán abordando ese tema este sábado 17 de agosto, cuando se retome la sesión permanente a partir de las 9:00 horas. 

En la sesión del jueves, la propuesta de la CSJ recibió 20 votos, mientras que la propuesta de la URL recibió 15 y la propuesta del Congreso de la República recibió 19 votos. 

“El punto álgido es la sede y eso nos llevará horas, ya nos llevó días, nos llevará horas. Para mi sorpresa, alguna honorable magistrada dijo ‘ya somos 20, somos mayoría, sigamos adelante’, me sorprende mucho porque un magistrado debe respetar la ley, son 25 votos”, dijo Arévalo. 

Para el presidente, esto demuestra “el empeño” que existe para que la sede sea trasladada a la CSJ. Además del tema de la sede, Arévalo mencionó que también tienen que tocar el tema de puntos varios para agotar la agenda de la primera sesión, que sigue en un estatus de permanente. 

Arévalo asegura que el tiempo que demore abordar esos puntos irá en detrimento del trabajo de la Comisión, agregando que espera que los comisionados razonen, ya que han sido varias las sesiones que se han realizado en la URL sin que se llegue a un consenso por la sede. 

“Nos hemos reunido nueve veces en la Universidad Rafael Landívar, algunos (comisionados) me han dicho durante el café (receso) ‘estamos cómodos, que bonitas sillas, aquí se puede hablar’, pero a la hora de votar es otra cosa”, dijo Arévalo. 

El reglamento 

Para Arévalo, la aprobación del reglamento de la Comisión es una muestra de buena voluntad, asegurando que los decanos y algunos comisionados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) están conscientes de la necesidad de que la Comisión llegue a acuerdos que permitan avanzar en la agenda. 

El pasado 13 de agosto, la Postuladora de Corte de Apelaciones aprobó los 21 artículos del reglamento interno, en el cual se rigen normas y conductas de los comisionados.

En este punto se aprobaron directrices para la aceptación de objeciones e impedimentos contra los aspirantes, donde se definió que solo se aceptarán sentencias condenatorias en el ámbito penal y administrativo.