La defensa de Lucas García es la abogada María Teresa Martínez y argumentó ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, que la calidad de vida de su cliente se puede ver afectada por permanecer en prisión preventiva. 

El Tribunal resolvió que, aunque los delitos que se le imputan son de “extrema gravedad”, no quiere decir que deba mantenerse en prisión preventiva durante todo el proceso porque se mantiene el principio de presunción de inocencia.

Lucas García es señalado de genocidio, deberes contra la humanidad y desaparición forzada.

El Tribunal señaló también que, al tener 94 años, la salud y vida de Lucas García debía ser valorada con base en la Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y las 100 Reglas de Brasilia. 

El Tribunal resolvió beneficiarlo con las medidas sustitutivas de permanecer en la residencia de su hijo, la prohibición de salir del país y no poder comunicarse con ningún otro personaje involucrado en su proceso penal. 

La defensa solicitó la revisión de las medidas de coerción porque no representa peligro procesal que no le permitan permanecer en libertad. Algunos de los argumentos fueron sobre la salud de Lucas García. Aseguran que padece de enfermedades como insuficiencia cardíaca, hipertensión, y problemas de la columna. 

“Prefiero estar en Guatemala y me gusta más conocer toda Guatemala. Tenemos una tierra linda, bella, y debemos mantenerla incólume a toda costa… Yo estoy perdiendo parte de mi vida al estar encerrado en un cuarto en el Centro Médico Militar, a pesar de que me están dando todas las comodidades gracias al Ejército”, dijo Lucas García durante la audiencia.

La acusación contra Lucas García, según la fiscalía a cargo, es que él fue el responsable de planificar y llevar a cabo la estrategia de contrainsurgencia del ejército guatemalteco en la región ixil, tras haber determinado que la zona era “territorio enemigo”. Como jefe del ejército, Lucas García está acusado de diseñar y aplicar políticas para eliminar a la población civil.