Marcela Ríos, María Aguirre y Carlos Ayala Corado se encuentran en el país como delegados de la  Misión Especial para el Fortalecimiento de la Democracia, la cual brinda acompañamiento a los procesos de elección de segundo grado de las magistraturas para el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, y para Jefe del Ministerio Público.

Ayala, jefe de la Misión, informó sobre el contenido de la conversación que sostuvieron con la presidenta Claudia Paredes.

‘’Hemos hecho nuestros comentarios y observaciones de la importancia de que haya un perfil no solamente de idoneidad, sino de requisitos éticos, para que puedan haber buenos y buenas candidatas (para Fiscal General)’’, dijo Ayala.

El delegado recalcó la importancia de que, además de cumplir con los requisitos establecidos en la ley,  la próxima persona en dirigir el máximo órgano de investigación penal sea un profesional  ‘’que proteja los derechos humanos y que no criminalice innecesariamente’’.

‘’Es un año en el que Guatemala se está jugando el futuro de su democracia. Pero además los ojos del continente están sobre Guatemala’’, añadió.

El equipo indicó que continuarán observando el proceso de postulación en todas sus etapas. 

OEA en Guatemala

La OEA ha expresado con frecuencia su preocupación sobre el debilitamiento de las instituciones democráticas en Guatemala y la persecución penal hacia múltiples ciudadanos; entre ellos, el periodista Jose Rubén Zamora.

El 18 de febrero, Patricia Gámez, secretaria de la Comisión de Postulación del MP y presidenta del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), y la magistrada Astrid Lemus denunciaron ante el Consejo Permanente de la OEA sobre graves riesgos al orden constitucional en las elecciones de segundo grado. 

Mencionaron el allanamiento realizado por el MP en dos centros de votación donde resultó electa la ahora magistrada Lemus. Durante esta intromisión, también se ejecutó un registro corporal a Gámez, con el que se pretendía incautar sus teléfonos personales, los cuales ella indicó que no poseía. 

‘’La realización de medidas de carácter coercitivo mientras el proceso electoral se encuentra en curso constituye una actuación de altísimo riesgo constitucional’’, determinó la OEA.