Los planteamientos serán entregados al Legislativo la misma semana en que los diputados podrían aprobar la iniciativa 5692, ley que declara a los pandilleros como grupos terroristas. El presidente Bernardo Arévalo señaló que existen desafíos con el Ministerio Público (MP) y el sistema de justicia porque en muchas ocasiones “garantizan la impunidad”.

“Mientras ellos siguen liberando a presuntos delincuentes cuando los capturamos una y otra vez, nosotros proponemos soluciones concretas para atender la necesidad de los guatemaltecos que quieren poder vivir en paz”, dijo esta mañana el mandatario. 

Las iniciativas que enviarán al Legislativo plantean lo siguiente:

• La creación de una cárcel de máxima seguridad específicamente para pandilleros, la cual tendría mecanismos de vigilancia que, dentro de los parámetros constitucionales, graben todo el contacto personal de los reclusos y los guardias del Sistema Penitenciario (SP). Dentro del centro carcelario el SP tendrá la autoridad de aislar a los reclusos por hasta 30 días prorrogables.
• El aumento de 8 a 15 años de prisión en las penas por extorsión y usura.
• La expulsión inmediata de Guatemala contra cualquier extranjero que practique la usura.
• Las personas culpables de extorsión verán inhabilitadas sus cuentas bancarias y servicios financieros.
• Modificación al Código Procesal Penal para eliminar medidas sustitutivas por los delitos de extorsión, obstrucción extorsiva del tránsito y exacciones intimidatorias. 
• Inhabilitación del número IMEI de los celulares que sean utilizados en extorsión, exacciones intimidatorias y obstrucción extorsiva de tránsito. 

La viceministra de Gobernación, Claudia Palencia, explicó que en la nueva cárcel será necesario construir un centro médico para evitar el traslado de reos a hospitales. También se proponen espacios de videoconferencias para que los reclusos, con procesos penales abiertos, puedan participar de las audiencias desde la prisión. 

“Los privados de libertad van a tener sus visitas, pero estas visitas van a ser controladas a través de vidrios o videoconferencias que permitan el mejor control de la comunicación”, afirmó Palencia. 

Según el ministro de Gobernación se estima que en el país existen unos 4 mil 899 pandilleros, pero las estructuras criminales utilizan a terceros no precisamente son integrantes. Estos suman unas 12 mil personas involucradas en actos delictivos; 3 mil de ellos están identificados en el SP. 

Aunque los funcionarios no lo aclararon, el apartado denominado “Semilla 6” del plan de gobierno del cancelado Movimiento Semilla ya contemplaba la construcción de una prisión en la que se invertirían Q1.1 millardos. 

“Quitarle el control de las cárceles al crimen mediante la construcción de una nueva cárcel para penas graves (Q1.1 millardos) que concentre a los criminales peligrosos y un modelo de gestión penitenciaria más seguro que responda a la actualización de la política penitenciaria”, se lee en el plan de gobierno.