La defensa de Martínez solicitó que se le otorgaran medidas sustitutivas, argumentando que su estado de salud actual no es el adecuado para que continúe en prisión preventiva. 

Además, la defensa argumentó que tras una evaluación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), se ha recomendado la necesidad de que Martínez tenga acceso a servicios de salud. 

Mencionaron también que las condiciones de salud de Martínez son de una persona que necesita tratamientos cancerígenos, debido a que tiene el riesgo de padecer un cáncer de ovarios. 

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) no se opuso a que se le otorgaron las medidas a Martínez, esto a pesar de mencionar que los peligros procesales aún no han sido desvanecidos. 

Leonor Morales, fiscal de la FECI, dijo que se debe priorizar la atención a las necesidades de salud de la sindicada y garantizar la protección y promoción del derecho a la salud. 

El juez Orellana accedió a la petición de la defensa y modificó las medidas de prisión preventiva otorgándole arresto domiciliario con vigilancia de la Policía Nacional Civil (PNC), además, solo le permitió salir para citas médicas o por si debe ser trasladada de emergencia por los cuerpos de bomberos. 

También tendrá autorización para salir a citaciones con la fiscalía y el Juzgado. Las medidas también incluyen prohibición de salir del país sin orden judicial previa y la prohibición de comunicarse con cualquier magistrado del TSE. 

Martínez es señalada por el delito de abuso de autoridad de forma continuada y había sido enviada a prisión preventiva centro de detención preventiva para mujeres de la zona 18.