En sus conclusiones preliminares tras una visita de 10 días, el grupo señaló que las actividades empresariales continúan generando impactos negativos en los derechos humanos, particularmente en asuntos relacionados con los recursos naturales, el agua y la tierra, el medioambiente y la salud, además de afectar los derechos de los Pueblos Indígenas y de las personas trabajadoras.
“Las actividades empresariales siguen teniendo impactos negativos en materia de derechos humanos”, señaló el Grupo de Trabajo, que también calificó como especialmente preocupantes las denuncias recurrentes sobre influencia indebida de empresas y asociaciones empresariales en la toma de decisiones públicas.
Informaron que se documentaron numerosos casos de impactos graves en los derechos humanos vinculados con actividades empresariales y que afectan el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible.
Entre las situaciones señaladas están la reducción de los caudales de agua relacionada con actividades mineras, proyectos hidroeléctricos y monocultivos; la expansión de operaciones empresariales hacia áreas protegidas; y el uso de plaguicidas y otros productos químicos que, según los testimonios recibidos, provocan contaminación del agua y del suelo y efectos adversos para la salud.
El grupo también relacionó estos impactos ambientales con afectaciones a la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia, así como con problemas de salud y malnutrición, especialmente entre la niñez.
Uno de los datos destacados en el pronunciamiento es que más del 90 por ciento de las fuentes de agua de Guatemala están contaminadas, situación que, según el Grupo de Trabajo, evidencia la necesidad urgente de contar con un marco jurídico para regular la calidad del agua, garantizar su acceso y controlar la contaminación.
Por ello, recomendó que la iniciativa de ley 6816, relacionada con el agua, incorpore salvaguardas de derechos humanos, garantice un acceso equitativo al recurso y exija evaluaciones de impacto para operaciones empresariales de gran escala.
Además, pidió a Guatemala ratificar el Acuerdo de Escazú, al considerar que esto fortalecería la protección de los derechos ambientales y humanos y las garantías para las personas defensoras del medioambiente.
Derechos laborales
El pronunciamiento también dedica un apartado a las condiciones laborales, especialmente en actividades agrícolas y extractivas.
El Grupo de Trabajo recibió testimonios sobre presuntas violaciones de derechos laborales en plantaciones de palma de aceite, plátano, banano y caña de azúcar, así como en el sector minero.
Entre las denuncias recogidas figuran accidentes laborales, incluso mortales, asociados al incumplimiento de normas básicas de salud y seguridad ocupacional. También se reportó que algunos empleadores no proporcionan de manera sistemática equipos de protección adecuados, particularmente a quienes manipulan productos químicos peligrosos.
El organismo señaló además que muchas personas trabajadoras, especialmente en campos de monocultivo, estarían sometidas a jornadas excesivamente largas y con pocos o ningún descanso, pese a recibir el salario mínimo.
Según los testimonios recibidos, algunas personas trabajadoras recurren al consumo de mezclas de bebidas energéticas y analgésicos para soportar esas condiciones, lo que les ocasionaría graves problemas de salud.
El Grupo de Trabajo expresó también una “profunda preocupación” por las alegaciones de trabajo infantil en plantaciones agrícolas.
Denuncias contra empresas y personas defensoras
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Durante la visita, el Grupo de Trabajo recibió denuncias sobre criminalización de personas defensoras, periodistas, abogados y miembros de Pueblos Indígenas que han denunciado actividades empresariales perjudiciales.
Según la información recibida, algunas personas han enfrentado acusaciones por delitos como terrorismo, asociación ilícita, ataques contra la propiedad privada, usurpación agravada y extorsión.
El organismo calificó como “alarmante” la criminalización generalizada de personas defensoras y sostuvo que el uso del sistema judicial para atacarlas y silenciar la disidencia es motivo de “profunda preocupación”.
También recibió denuncias de amenazas, intimidaciones, agresiones físicas y asesinatos, presuntamente relacionados en algunos casos con actores armados y empresas de seguridad privadas.
Empresas y políticas
El Grupo de Trabajo reconoció que algunas empresas y asociaciones empresariales en Guatemala han adoptado políticas de derechos humanos, ambientales y laborales, así como mecanismos de debida diligencia, trazabilidad y supervisión de proveedores.
Sin embargo, advirtió que existe una brecha significativa entre los compromisos adoptados por las empresas y su aplicación en la práctica.
El organismo subrayó que la inversión social, la filantropía y la prestación de servicios no sustituyen la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos.
Durante sus reuniones recibió testimonios sobre impactos vinculados con actividades de minería, energía, construcción y agricultura, entre ellos problemas de consulta a comunidades, despojo de tierras, restricciones al acceso al agua y alimentos, contaminación ambiental, condiciones laborales inseguras, informalidad, contratación discontinua e impago de prestaciones.
También mencionó denuncias de trabajo infantil, ataques y procesos penales contra personas defensoras y el uso no autorizado de elementos de la propiedad cultural e intelectual colectiva de los Pueblos Indígenas con fines comerciales.
Influencia empresarial
Otro de los señalamientos de mayor alcance es la preocupación por la influencia de intereses empresariales en leyes y políticas relacionadas con los derechos humanos y la protección ambiental.
El Grupo de Trabajo señaló que las empresas y sus asociaciones tienen un papel legítimo en el debate público, pero consideró que su participación debe ser transparente y coherente con su responsabilidad de respetar los derechos humanos.
También expresó preocupación por procedimientos de arbitraje iniciados por empresas contra el Estado en relación con decisiones vinculadas con derechos humanos, debido a que estos procesos pueden ejercer presión sobre las finanzas públicas y la toma de decisiones normativas.
El Grupo de Trabajo concluyó que Guatemala necesita fortalecer sus instituciones, mejorar la supervisión de las actividades empresariales, garantizar la consulta de los Pueblos Indígenas, proteger a las personas defensoras y asegurar mecanismos efectivos de reparación.
El informe definitivo de la visita será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2027.
