Durante más de dos horas los diputados discutieron sobre la necesidad de ratificar el estado de sitio ante la situación de seguridad en el país. En total, 149 parlamentarios respaldaron la medida que restringe algunos derechos constitucionales, pero también aplicaron enmiendas al decreto.
En lo aprobado se establece que las limitaciones serán ejercidas estrictamente en la medida necesaria para actuar contra maras o pandillas, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los habitantes del país.
Las reuniones al aire libre, manifestaciones públicas u otros espectáculos serán limitadas. En caso se lleven a cabo, estas no pueden alterar el orden público ni limitar la locomoción de ciudadanos, fuerzas de seguridad y cuerpos de socorro. Pero esta disposición tiene algunas excepciones pues se agrega un artículo que garantiza el libre ejercicio de actividades culturales y religiosas. También se hizo una excepción para las reuniones y convocatorias de las elecciones de segundo grado.
El Decreto indica que toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin la debida autorización puede disolverse por la fuerza, sobre todo si en estas se portan armas o elementos de violencia.
Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas. Se impide su salida fuera de poblaciones determinadas y podrán ser sometidos a registro. La única excepción será para quienes tengan un salvoconducto extendido por cualquiera de los tres poderes del estado o por entidades autónomas y descentralizadas.
Asimismo se suspenden temporalmente las visitas de las personas privadas de libertad en las cárceles donde están recluidos los pandilleros del barrio 18 y Mara Salvatrucha. Esta medida permanecerá durante 30 días.
Señalan a la Une de tener vínculos con pandillas
Uno a uno varios diputados aprovecharon el uso de la palabra para emitir su postura ante la crisis de seguridad, pero la discusión subió de tono entre los diputados oficialistas de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (Une).
Primero fue la diputada Andrea Villagrán, quien se refirió a que había actores políticos que tenían vínculos con las pandillas. Después fue el diputado Samuel Pérez quien aseguró que la excandidata a la presidencia, Sandra Torres,, presentó una querella en su contra.
“Los verdaderos líderes de esta estructura terrorista están aquí a mi izquierda (señalando a la bancada Une) y son los diputados de Sandra (Torres) y todas las clicas de la Une (…) Pidieron pruebas por decir que la jefa de la clica de la Une tiene vínculos familiares con mareros. ¿Qué más pruebas quieren si ahí están las fotos haciendo campaña con ellos en las calles?” refirió Pérez.
Inmediatamente el diputado Inés Castillo de la Une, tomó la palabra y respondió a los señalamientos, cuestionando la capacidad del Ejecutivo en temas de seguridad y otros problemas del país, pero evitó hablar sobre los señalamientos de los vínculos con pandillas.
“¿A quién se le fugaron los 20 cabecillas de los terroristas? ¿Quién negoció?¿Dónde está el ministro responsable? Huyendo como un cobarde. Que de la cara y que venga a enfrentar la justicia (…) Si derrumba una carretera le echan la culpa a la Une, si se muere un niño en un hospital, la Une tiene la culpa, si las carreteras están destruidas la Une tiene la culpa y ¿Cuándo han pagado en Comunicaciones? Los contratos que ustedes señalaron de corruptos los están pagando”, se respondió Castillo.
Aprueban apoyo económico a policías
Previo a la ratificación del estado de sitio, se aprobó otorgar ayuda a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) víctimas de los ataques armados registrados el domingo 18 de enero.
Se estableció otorgar un apoyo económico de Q 300 mil para las familias de cada una de las víctimas fallecidas y de Q 100 mil para los agentes heridos. Dichos recursos provendrán del presupuesto del Congreso.
