Una de estas acciones es el amparo presentado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien solicita una nueva evaluación, luego de que su experiencia profesional como juez fuera descartada por no estar inscrito ante la Corte Suprema de Justicia hasta febrero del 2026. El Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia del Ramo Civil tramitó su amparo el 20 de abril, y fijó a la comisión un plazo de 48 horas para rendir un informe al respecto. 

La postulante Gladys Verónica Ponce también accionó legalmente por la calificación recibida. Aseguró que la postuladora no tomó en cuenta varias acreditaciones en sus méritos profesionales. El informe solicitado a la comisión ya fue entregado.

Tres amparos más, interpuestos por Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON) y el abogado Diego Sagastume Vidaurre, buscan que no se califique la carrera de juez en la evaluación de expedientes. 

La Corte de Constitucionalidad (CC) tiene programado conocer mañana la acción de Falla. 

La FCT tiene en curso otras acciones interpuestas en contra de los comisionados, del proceso y hasta del presidente Bernardo Arévalo. Uno de estos ordena al mandatario a elegir al nuevo fiscal únicamente si la nómina incluye a los candidatos mejor calificados.

La FCT también denunció a los comisionados Patricia Gámez, Julio Cordón, Pablo Maldonado y Luis Ruano, por supuesta asociación ilícita para posicionar a algunos candidatos. Gámez indicó, en la sesión realizada el 14 de abril, que la denuncia buscaba presionar a la comisión.

‘’Instrumentalizar el derecho penal es un acto de coacción que no debe ser permitido por ninguno de nosotros’’, afirmó. 

Giovanni Fratti, del grupo Guatemala Inmortal, y el exdiputado Fernando Linares Beltranena plantearon  cada uno un amparo cuestionando la idoneidad de Arévalo para designar al próximo jefe del MP. Argumentan un conflicto de interés con la fiscal actual, Consuelo Porras. 

La fase para presentar impugnaciones se inicia el jueves 23 y finaliza el lunes 27 de abril. El martes 28, la comisión deberá convocar nuevamente a sesión para resolver las objeciones.