La Ley de aceptación de cargos fue inicialmente introducida en un contexto en el que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) estaba activa, trabajando para desmantelar estructuras criminales y promover reformas en el sistema de justicia del país. La intención detrás de esta legislación era, en teoría, aliviar la carga del sistema judicial, permitiendo que los acusados se declararan culpables a cambio de penas reducidas. Sin embargo, esta propuesta generó controversia y críticas, ya que muchos consideraban que no abordaba las profundas deficiencias del sistema de justicia guatemalteco ni contribuía a una verdadera restauración.

El objetivo principal de cualquier sistema judicial debería ser la justicia, entendida no solo como la imposición de castigos, sino como un proceso que busca reparar el daño causado a las víctimas y a la sociedad. La Ley de aceptación de cargos, sin embargo, en mi opinión, parece centrarse en la eficiencia del sistema, priorizando el desahogo de los tribunales y la reducción de la carga de trabajo de los jueces sobre la necesidad de atender las demandas de justicia de las víctimas. Esto plantea un dilema ético importante: ¿es aceptable sacrificar la justicia en nombre de la eficiencia?

A mi criterio, uno de los problemas más graves de esta ley es que despersonaliza el proceso judicial. Al permitir que una persona sindicada de un hecho delictivo se declare culpable sin una exploración profunda de las circunstancias del delito y sus consecuencias, se corre el riesgo de ignorar las voces de las víctimas. Estas personas, que han sufrido directamente el impacto de un crimen, a menudo se encuentran en una posición de desventaja. La ley no garantiza que sus necesidades sean consideradas o que reciban algún tipo de reparación por el daño sufrido. En lugar de ayudar a las víctimas a sanar, la ley puede dejarles sintiéndose marginadas y despojadas de su agencia.

Además, la Ley de aceptación de cargos no aborda las causas subyacentes del comportamiento delictivo. La criminalidad es un fenómeno complejo que a menudo está ligado a problemas sociales, económicos y psicológicos. Al enfocarse únicamente en el castigo, esta legislación ignora la necesidad de intervenciones que puedan prevenir futuros delitos, como programas de rehabilitación y reintegración social. Sin un enfoque integral que incluya la atención a estos factores, es probable que los infractores no reciban el apoyo necesario para cambiar sus comportamientos, lo que puede resultar en altas tasas de reincidencia.

La aceptación de cargos refuerza un enfoque punitivo que frecuentemente perpetúa el ciclo de violencia y criminalidad, en vez de facilitar la sanación. En Guatemala, esta ley se centra en castigar a los infractores, descuidando la reparación del daño causado. Además, despersonaliza el proceso, lo que puede dejar a las víctimas sintiéndose despojadas de su voz y su poder. Tampoco aborda las causas subyacentes del comportamiento delictivo, lo que puede resultar en altas tasas de reincidencia, ya que los infractores carecen del apoyo necesario para modificar su conducta.

A mi criterio, la Ley de aceptación de cargos debería derogarse y reformularse a través de una Ley de Justicia Restaurativa que tenga un enfoque innovador y holístico para abordar el delito y el conflicto, centrado en la reparación del daño, la rehabilitación de las personas infractoras y la restauración de las relaciones entre las partes afectadas.

La justicia restaurativa se define como un proceso que involucra a todas las partes afectadas por un delito, con el objetivo de fomentar la comunicación y la comprensión mutua. Según el Centro de Justicia Restaurativa de la Universidad de Victoriaville, «la justicia restaurativa se centra en las necesidades de las víctimas, los infractores y la comunidad, en lugar de enfocarse únicamente en la violación de la ley[1]«

Como ya lo indiqué, la Ley de aceptación de cargos presenta limitaciones significativas, en diversas ocasiones, este marco legal ha sido utilizado de manera cuestionable, ya que se ha presionado a personas a aceptar este procedimiento como una forma de evitar una detención prolongada y, a menudo, injusta. Esto puede llevar a que personas en condición de vulnerabilidad, y que se encuentran en una situación de desventaja frente al poder punitivo, se vean obligadas a someterse a un proceso que no garantiza su bienestar ni el reconocimiento de sus derechos.

Además, la presión para aceptar cargos puede ser especialmente perjudicial en el actual contexto de criminalización donde hay personas que enfrentan condiciones de detención arbitrarias. Esta dinámica no solo socava el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que también perpetúa un sistema en el que la justicia se ve comprometida.

Por lo tanto, la Ley de aceptación de cargos, al no incluir procedimientos de compensación, favorece un sistema que puede ser percibido como injusto. Por ello, es esencial reconsiderar esta legislación y explorar opciones que garanticen tanto la justicia para las víctimas como la salvaguarda de los derechos de las personas acusadas, como podría ser el caso de una ley de justicia restaurativa.

[1] Centre for Restorative Justice. (2021). *What is Restorative Justice?  Recuperado de www.restorativejustice.org](http://www.restorativejustice.org