«¡Culpable de introducción de cocaína a los Estados Unidos!», así lo resalta el boletín de prensa del pasado 1 de mayo, firmado por el Fiscal de la Corte del Distrito Este de Texas, Damien M. Diggs.
José Armando Ubico compareció ante la juez principal, la Magistrada Kimberly Priest Johnson, habiendo sido forzado previamente a viajar al país del norte, acorralado por la denegación de inmunidad por parte de la Corte Suprema de Justicia guatemalteca. Bien se sabe de todas las argucias del ex diputado de TODOS para buscar protección legal ante los pedidos de extradición por la justicia norteamericana.
El Fiscal Diggs fue contundente en la audiencia: «como un líder de alto nivel, Ubico gozó de toda la confianza para luchar en contra de los narcotraficantes que buscan los mercados del norte», replicó. Y aún más: «como Presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Ubico era responsable, en parte, de la seguridad nacional. Por el contrario Ubico Aguilar traicionó a su país cuando escogió asociarse a conocidos narcotraficantes y otros oficiales corruptos».
Está claro así que la parafernalia de instituciones norteamericanas que luchan en contra del tráfico de drogas tienen en su poder nombres y datos comprometedores de narcos y oficiales corruptos. El boletín de prensa comenta y elogia el papel destacado del conglomerado institucional conocido como OCDETF, por sus siglas en inglés. El mismo es una fuerza de tarea especial, que tiene encomendado luchar en contra del crimen organizado vinculado al narcotráfico.
Estamos contentos, replicó Diggs, que tales personajes ya no sigan ocupando posiciones de poder por más tiempo. En la audiencia también participó el Agente Especial de la Drug Enforcement Agency (DEA), Eduardo Chávez, quien expresó: «estamos orgullosos de haber colaborado con nuestros agentes de la DEA, alrededor del mundo, así como con nuestras contrapartes internacionales, que comparten nuestros mismos ideales: reforzar el Estado de Derecho para asegurar que las consecuencias llegan para aquellos que se benefician de la distribución ilícita de drogas en nuestras comunidades».
El comunicado replica que el pedido de extradición al político de TODOS venía desde marzo de 2021, proveniente de una resolución del Gran Jurado Federal del Distrito Este de Texas. Y es que resulta ser que las acciones del hoy narcotraficante culpable, permitieron el traslado de al menos 450 kilogramos de cocaína a través de Guatemala, hacia los Estados Unidos.
El boletín, la sentencia, los comentarios y la información en poder de la justicia norteamericana y sus contrapartes, sí que tienen un importante y paradigmático significado. En el medio, se ha dado un pequeño paso adelante en la dirección correcta. Y es que lo dimensionamos como «pequeño», en vista de las magnitudes del fenómeno de la corrupción y del narcoterrorismo; adicionalmente se observa un obstáculo más al enriquecimiento ilícito que, visto en sus dimensiones económicas, impulsa la creciente desigualdad, y a la vez revela lo relativo de la aparente «estabilidad macroeconómica» que viene con carga de lavado de dinero en donde las últimas investigaciones internacionales vienen mostrando claramente que: no todas las remesas son precisamente eso, y podrían estar contaminadas con acciones ilícitas del conocido pitufeo en el trasiego de dólares, que ya lo explicaremos en otra columna.
Un kilogramo de cocaína puede llegar a costar hoy hasta 26,000 dólares. El mismo apunta a un avalúo somero de un cargamento que en los mercados finales representa cerca de 100 millones de Quetzales. Y ello si las dimensiones de la transa son «de al menos» 450 kilogramos, como bien lo dicen las cortes. Imaginemos entonces el río de dólares ilegales que corren no sólo por el mercado negro, sino también por el bancario.
Los temas morales, se los dejamos en este momento a los filósofos y conocidos cientistas sociales. Los penales, a los abogados. Lo que importa, a nuestro juicio, son los relativos a la prevención. Y es por ello que los controles de la supervisión financiera y de oficinas como la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos son tan importantes. Urge además un mejor control del mercado de bienes raíces, siendo que transacciones como la que se cita provocan grandes deformaciones en tal sector. Y notable desigualdad por supuesto.
Esa temática de «conozca a su cliente» debe extenderse al Registro mercantil, al notariado y al control de las incontables empresas de cartón, al servicio de gente como el acusado y sus secuaces de la clase política, además de sus adláteres y parentela, que incluso llegó a ocupar poltronas consulares y diplomáticas. ¡Que vergüenza!.
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