La gobernabilidad de una organización de peso resulta ser un tema clave en estos tiempos de cambio. Junto a las reingenierías, que se pusieron de moda hace algunas décadas, los expertos organizacionales recomiendan hoy que no basta modificar y automatizar procesos y trámites; sino tener una adecuada toma de decisiones, consistente en cuerpos directivos, no solo honestos sino capaces, y además ejecutivos de excelencia para lograr los resultados. En lo académico el reto de hoy es clave para el avance de las ciencias y la innovación.

Ello resulta ser un dolor de cabeza en diversas entidades descentralizadas y organizaciones civiles en donde los intereses en juego motivan a la perpetuación de cargos. El colmo en la Universidad de San Carlos es un fulano de nombre Urías Amitai Guzmán quien, al no ponerse de acuerdo -intencionadamente- en celebrar elecciones los dos colegios componentes de los profesionales de las Ciencias Económicas, ha permanecido dos décadas como su representante en el Consejo Superior Universitario; y ha gozado de múltiples prebendas, pasando a ser nombrado Director Financiero varias veces, y hoy designado de dicho cuerpo colegiado en la Junta Monetaria. Ese mismo cargo lo desempeñó en 2016 junto al polémico Luis Suárez, ex presidenciable del partido Vamos y ex Decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Guzmán está designado por la USAC en la Junta Monetaria, junto a otro auditor de nombre José Domingo Conde, quien, siendo presidente del Colegio de Economistas, simplemente hizo las del avestruz con respecto al necesario consenso con el Colegio de Contadores Públicos para elegir nuevo representante.

Resulta ser que las actuales autoridades de la USAC se han venido victimizando, tomando ventaja de: primero, la pandemia y luego la elección fraudulenta de Rector, que llevó a una reacción de los grupos beligerantes de cierre de las instalaciones. Ante ello, los argumentos frente a los accionantes de recursos de amparo y exigencias de cambio en la dirigencia universitaria han sido «que la Universidad aún no está preparada para un giro normal de actividades, y que por ello resulta recomendable la continuación y perpetuación de la mayoría de los miembros del Consejo Superior y de Juntas Directivas Facultativas». Afortunadamente, por fin, la Corte de Constitucionalidad ha sentenciado un NO rotundo a esas apelaciones antidemocráticas. La Corte de Constitucionalidad ha argumentado que la normalización de las actividades en 2023 permitió un tiempo razonable para organizar elecciones a todo nivel.

A principios de febrero, el citado Consejo autorizó caprichosamente el cambio de siete representaciones; sin embargo, existen en este momento 38, cuyos mandatos han vencido; sobresaliendo, por ejemplo, la renovación de la Junta Directiva de la populosa Facultad de Ciencias Económicas, cuyos dirigentes aún vienen de vertientes decadentes, que un día fueron de vanguardia; pero que se alejaron del ideal universitario  a partir de las reformas constitucionales de 1993 que le dieron vida a las nefastas comisiones de postulación. Dominan entonces los movimientos gremiales financiados por los intereses que pululan alrededor de la Contraloría de Cuentas y la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.

Por ello debe ser aplaudido el SIN LUGAR de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a una apelación del Consejo Superior Universitario de la USAC, encabezado por Walter Mazariegos, dejando firme una sentencia que ordena convocar en 5 días a la elección de miembros del CSU cuyo período ya venció.

La autonomía no puede ser utilizada como un mecanismo para perpetuar a los consejeros en sus cargos, ya que ello vulnera los principios democráticos y afecta la legalidad del órgano colegiado, dice el numeral IV de la sentencia de la Corte.

Además, la Corte considera que la omisión del CSU de convocar oportunamente a elecciones para renovar a sus integrantes cuyos mandatos han expirado constituye una alteración directa a los derechos de los accionantes a elegir y ser electos, así como a los principios de legalidad, certeza jurídica y representatividad democrática. Se ha prolongado así las funciones de un órgano colegiado integrado mayoritariamente por miembros con mandatos vencidos, en contravención a los principios fundamentales de la democracia.

Se trata, dice la Corte, de una omisión que evidencia un incumplimiento inexcusable del deber legal y estatutario de garantizar la renovación periódica de los cargos universitarios, requisito indispensable para la representación legítima de los sectores universitarios.

La Corte otorga así un amparo constitucional a los accionantes, en virtud de que no existe otro medio o mecanismo legal idóneo para restituir los derechos vulnerados.