Los partidos de oposición son cruciales para el buen funcionamiento de la democracia pues desempeñan un papel crucial en cualquier sistema democrático, ya que actúan como contrapeso al gobierno de turno y velan por los intereses de la ciudadanía. Supuestamente, los partidos de oposición representados en el órgano Legislativo, velan por los intereses del pueblo, por lo menos de aquellos que les eligieron para el cargo. Sin embargo, cuando sus intereses no están ni alineados con los intereses del gobierno de turno ni con el bienestar de la ciudadanía, su influencia puede tener un impacto negativo sobre la capacidad para implementar las políticas y alcanzar los objetivos del gobierno de turno. En Guatemala, el sistema de partidos  no es más que un “modelo clientelar de intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contratos relacionados con ella, a cambio del apoyo electoral”. Lejos están estos “políticos” y los partidos que representan de guiarse por asuntos del interés de la población. A estos los mueven intereses particulares y los de sus patrocinadores.

Una de las formas en la que los partidos de oposición pueden contribuir al fracaso de un gobierno es a través de la obstrucción sistemática de sus iniciativas. Por medio del bloqueo de propuestas legislativas, la creación de conflictos o la generación de desinformación los partidos de oposición dificultan la capacidad del gobierno para gobernar de manera efectiva. Con esto no pretendo dar a entender que apruebo al cien por ciento la gestión del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, sino creo importante poner en evidencia el actuar de sus detractores, quienes apuestan por el fracaso del mismo para sellar cualquier oportunidad de que surja otro gobierno al que se les dificulte controlar.

El 11 de julio el Congreso de la República conoció e improbó el Decreto Gubernativo 2-2024 –estado de Calamidad Pública–, emitido por el presidente Bernardo Arévalo el pasado lunes 8 de julio. Noventa y cinco diputados votaron en contra de ratificar el estado de Calamidad presentado por el Ejecutivo por segunda vez en el año. Mientras tanto, la infrestructura vial del país se derrumba aceleradamente. Estos legisladores que le negaron al gobieno la oportunidad de atender el descalabramiento de la infrestructura vial del país, representan los intereses de aquellos que en el pasado se beneficiaron de situaciones similares en las que se desfalcó al Estado con obras mal hechas y otras que jamás se realizaron. Entre estos legisladores hay algunos de reconocida trayectoria corrupta –dada la cooptación del Estado en los últimos dos gobiernos–, y son ellos quienes continúan operando en favor de los intereses de sus patrocinadores en total impunidad. Estos 95 legisladores son los responsables de poner en jaque la economía del país, ya que el invierno está en su fase inicial y lo que nos espera es aún peor. Lo que hoy vivimos los guatemaltecos y la razón por la cual es necesario que se apruebe el estado de Calamidad, obedece a lo que durante varias décadas legisladores como estos le permitieron a las administraciones pasadas: el robo desmedido y sin control de los recursos aprovechándose de las emergencias y las calamidades que han acechado al país a lo largo del tiempo. El gobierno actual queda de manos atadas.

Por otro lado, la crítica constante y la falta de apoyo de la nefasta oposición, intenta debilitar la legitimidad y la autoridad del gobierno en el poder. Cuando un gobierno se aleja de la responsabilidad de servir y atender los intereses de su pueblo, una legítima oposición juega un papel crucial de contrapeso. Ahora bien, cuando los intereses son espurios, los partidos de oposición cuestionan constantemente la capacidad del gobierno para tomar decisiones acertadas y ponen en entredicho su legitimidad, con el objetivo de minar la confianza de la población en las instituciones gubernamentales y hacer cuesta arriba su gestión.

Otra forma en la que los partidos de oposición contribuyen al fracaso de un gobierno es a través de la desestabilización política, fomentando la polarización, la división y la confrontación. Los partidos de oposición pueden crear un clima de inestabilidad que dificulta la gobernabilidad y obstaculiza la implementación de políticas públicas.

En resumen, si los partidos de oposición utilizan su poder de manera irresponsable contribuyen al fracaso de un gobierno, pues obstaculizan su capacidad para gobernar, debilitan su legitimidad y generan inestabilidad política. Es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia, que, tanto el gobierno como la oposición, actúen de manera constructiva y busquen el bienestar de la ciudadanía por encima de los intereses partidistas. Sin embargo, hoy en día en Guatemala lo que tenemos es una oposición irresponsable, cegada por los intereses individuales y acostumbrada a la corrupción. Las decisiones de esta oposición y sus consecuencias tendrán un precio que pagaremos todos.

Abramos los ojos: exijamos que los partidos de oposición velen por el bienestar y el buen funcionamiento del país. ¡Guatemala nos pertenece! Los diputados –a quienes nosotros elegimos  se deben al pueblo y es imperativo que velen por los intereses de los guatemaltecos, ¡alcemos la voz y pidámosles cuentas de sus actos y de sus omisiones!