El proceso para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Salas de Apelaciones en Guatemala es complejo y tiene varios pasos importantes. Se inicia con la formación de Comisiones de Postulación, que están compuestas por representantes de diversas instituciones, incluyendo el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), universidades privadas y la universidad pública y otros sectores. Estas comisiones son responsables de evaluar a los candidatos y proponer una lista de 26 profesionales, de los cuales el Congreso de la República elige a 13 titulares y los demás quedan como suplentes en caso de vacantes.

El modelo de Comisiones de Postulación para la selección de magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia y otras altas cortes fue el resultado de reformas constitucionales aprobadas en 1999, algo que podemos llamar una protorefundación truncada. Estas reformas se implementaron como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la independencia judicial y mejorar la transparencia en el proceso de selección de magistrados/as, pero quedaron aisladas de otros elementos constitucionales y políticos que han predeciblemente distorsionado el proceso para el cual fue diseñado.

Aunque las reformas de 1999 fueron el resultado de un aparente consenso nacional sobre la necesidad de mejorar el sistema de justicia del país, que en ese momento estaba plagado de problemas de corrupción y falta de transparencia, estos problemas no solo han regresado, sino que de hecho se han empeorado. Tomemos en cuenta que diversas organizaciones de la sociedad civil permitida y subalternizada, incluidas organizaciones no gubernamentales y grupos de derechos humanos, jugaron un papel crucial en la promoción de estas reformas. En lugar de buscar una ruptura o una refundación constitucional más profunda, estas organizaciones decidieron entrarle al juego y presionaron para que el sistema fuera lo más transparente y participativo posible, dentro del contexto permitido por los grupos dominantes, para la selección de magistrados/as. Eventualmente, el Congreso de Guatemala, en el último año del ciclo electoral de 1996 al año 2000, dominado por la presidencia neoliberal de Álvaro Arzú y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), aprobó las reformas constitucionales que establecieron las Comisiones de Postulación como parte de un esfuerzo legislativo para mejorar la gobernanza y la independencia del poder judicial.

Pronto, sin embargo, en lo laberintos del poder político y judicial en Guatemala empiezan a gestarse lo que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) llamó “las comisiones paralelas”. En efecto, el caso “Comisiones Paralelas” es uno de los casos más emblemáticos investigados por la CICIG en colaboración con el Ministerio Público (MP) de Thelma Aldana y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Juan Francisco Sandoval. Este caso reveló una red de corrupción y manipulación en el proceso de selección de magistrados/as para las cortes de justicia en Guatemala.

La CICIG descubrió, nada más pero tampoco nada menos, que el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones fue manipulado por redes de poder que buscaban garantizar la elección de candidatos afines a sus intereses. Estas redes incluían políticos, abogados y empresarios poderosos e influyentes que trabajaban para intervenir ilegítimamente en las comisiones de postulación encargadas de evaluar y seleccionar a los magistrados.

Gustavo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colom, exrepresentante de Farmacias Cohen, quien alquilaba la casa a Otto Pérez Molina y poderoso operador político, fue identificado como una de las figuras clave en la manipulación del proceso. Alejos utilizaba su influencia, conectes y recursos para presionar y negociar la inclusión de ciertos/as candidatos/as en las listas finales de postulantes. ¿Cómo es que un tipejo de tan baja estatura moral y preparación académica como Alejos llegó a ejercer tanta influencia en el sistema judicial, político y de salud en el país? Una respuesta remotamente razonable solo puede ser generada tomando en cuenta la cultura política de mareros corruptos que domina la esfera pública en Guatemala.

La investigación de la CICIG reveló que varios/as de los/as comisionados/as de postulación estaban comprometidos/as con redes de corrupción y recibían beneficios económicos a cambio de apoyar a determinados/as candidatos/as. Estas redes buscaban asegurar que los/as jueces/juezas seleccionados/as protegieran sus intereses y brindaran impunidad a sus actos ilícitos. Aunque así ha funcionado el sistema dominante en Guatemala desde hace rato, en este caso lo que vemos es el total colapso y perversión de las reformas de 1999 que supuestamente tenían que poner fin a estas perversidades.

La CICIG y el MP presentaron pruebas de cómo estas redes de poder cooptaron el sistema judicial para proteger a individuos involucrados en casos de corrupción, incluyendo casos de alto perfil que involucraban a funcionarios públicos y empresarios. Varios comisionados y candidatos fueron detenidos y procesados por su participación en estas actividades corruptas. Entre ellos se encontraban jueces, abogados y operadores políticos. En 2020 Ministerio Público solicitó retirar inmunidad a 13 jueces y magistrados por caso Comisiones Paralelas. Gustavo Alejos fue recapturado por evasión y está implicado en varios casos penales adicionales, incluyendo corrupción y lavado de dinero. A pesar de estar procesado, Alejos continuó recibiendo visitas de funcionarios y actores políticos que buscaban influir en la elección de magistrados/as.

En 2021 Alejos fue beneficiado por la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Dominguez, y ahora puede movilizarse a todo el país. En 2021, también, la CSJ resolvió mantener la inmunidad a la jueza María Eugenia Castellanos vinculada al Caso Comisiones Paralelas. Recientemente, Alejos fue beneficiado en otro caso con el sobreseimiento de cinco cargos en el caso llamado “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.”

¿Qué podemos deducir de estas experiencias?

Como mínimo, y usando como guía las mismas reglas del sistema establecido en 1999 que ya ha colapsado, es obvio que hay problemas profundos y significativos en cuanto a las dinámicas y procesos encargados de mantener y garantizar la transparencia del proceso. En el ciclo presente, dada la ausencia de un proceso de reforma o refundación más profundo, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, ha pedido a las Comisiones de Postulación que garanticen un procedimiento transparente y público para evitar la repetición de irregularidades pasadas, cuando la elección de magistrados estuvo marcada por denuncias de corrupción y falta de independencia.

Uno de los principales desafíos sigue siendo la interferencia política. Los operadores políticos a menudo buscan influir en el proceso para asegurar que los magistrados electos sean leales a ciertos grupos o intereses políticos. Esta interferencia puede socavar la independencia judicial y la credibilidad del sistema de justicia y, también, puede asumir muchas formas. ¿Acaso no es enteramente razonable ver en la renuncia del decano de derecho de la Universidad Francisco Marroquín precisamente en este momento un intento para retrasar y distorsionar el proceso?

Históricamente, ha habido denuncias de corrupción en el proceso de elección de magistrados/as. Esto incluye las prácticas de siempre como sobornos y presiones políticas para influir en las decisiones de las Comisiones de Postulación y del Congreso. El presente ciclo de elección de magistrados/as no es muy diferente a pesar de ciertos esfuerzos por transparentar y limpiar el proceso.

Todo mundo argumenta, y con mucha razón, que es crucial que se implemente un proceso completamente transparente, donde todos los criterios y evaluaciones sean públicos. Esto incluye la publicación de los indicadores utilizados para evaluar a los/as candidatos/as, así como las puntuaciones y razones de las decisiones tomadas por las comisiones. Aunque estas parecen ser solo cuestiones de protocolo o procedimiento debido, hasta en estas demandas básicas del proceso debemos esperar oposición corrupta y cooptada.

Ante todas las barbaridades y perversidades que hemos observado en los últimos años, más aún ahora que la renovación de muchas autoridades judiciales está en juego, es obvio demandar el fortalecimiento de la independencia del sistema judicial. Desde el punto de vista de la lucha contra los grupos de poder, sin embargo, esto implica como mínimo reducir la influencia de los/as operadores/as políticos/as y garantizar que los/as magistrados/as sean elegidos/as únicamente por sus méritos y capacidades. Y entre esas capacidades las académicas son de primordial importancia. No debe permitirse el uso de credenciales infladas, grados académicos no terminados o que no aparecen por ningún lado, ya no digamos tesis plagiadas. Certificados de participación y esos famosos “estudios de posgrado” deben ser automáticamente descontados. De hecho, solo gente con demostrada experiencia académica, grados académicos avanzados (doctorados/as) y un extenso cuerpo de trabajo y publicaciones teóricamente sólidas debería terminar siendo postulada. Si no hay honestidad e idoneidad académica demostrada, podemos estar seguras/os de que no habrá honestidad ni idoneidad en el ejercicio de las funciones judiciales.

Pero no nos engañemos. El sistema establecido en 1999 está colapsado. Es por tanto necesario llevar a cabo reformas estructurales o, de hecho, una refundación constitucional que fortalezcan la integridad, transparencia y carácter democrático del proceso de selección, como la implementación de mecanismos de control y supervisión externos e independientes que puedan monitorear el proceso y denunciar irregularidades. Debe diseñarse un proceso donde la ciudadanía tenga participación activa e incluso, hasta cierto punto, determinante.

Pero no hay capacidades y recursos suficientes en Guatemala para confrontar los poderes establecidos. La colaboración con organismos internacionales es, por tanto, vital y puede ayudar a garantizar la transparencia, la justicia y la democracia en el proceso. El apoyo y la supervisión de entidades como la ONU son fundamentales para implementar estándares internacionales y asegurar un proceso justo y equitativo y no fácil de manipular.

El proceso de elección de magistrados/as en Guatemala es crucial para asegurar la justicia y la independencia del sistema judicial, y abordar estos desafíos es esencial para empezar a construir algo que pueda seriamente llamarse un Estado de derecho en el país.

Ver:

1 Operadores políticos acomodan fuerzas en el inicio del proceso de postulación de CSJ y apelaciones

2 Caso comisiones paralelas

3 Gustavo Alejos y los negociantes de la salud

4 Guatemala se prepara para elegir a los magistrados que dirigirán el sistema de justicia

5 Gustavo Alejos se beneficia de resolución…

6 Comisiones paralelas resuelve mantener la inmunidad a la jueza María Eugenia Castellanos

7 Capturan a Secretario Privado de la Presidencia Gustavo Alejos

8 Relatora de la ONU llama a comisiones de postulación a garantizar… y Nombramiento Cortes Guatemala

9 Operadores políticos acomodan fuerzas en el inicio del proceso de postulación de CSJ y apelaciones

10 Retraso en la designación de decano de la UFM detiene trabajo de postuladoras

11 Secuestrar justicia Guatemala