Se ha convocado ya a la nominación de un futuro Superintendente de la jugosa, en términos de dádivas y honorarios, Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. El actual Superintendente había manifestado sus intenciones de reelegirse, sin embargo, a principios de la semana, en un comunicado, declinó seguir en la carrera por una vez más.

El anuncio del reclutamiento ha sido publicado en los medios el pasado 27 de febrero. El Directorio de la SAT, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 24 del Decreto 1-98 del Congreso de la República -Ley Orgánica de la SAT-, convoca a los profesionales que cumplan con diversas calidades a que opten por el cargo: simplemente ser mayor de 30 años, honesto y con licenciatura en el área económica, financiera o jurídica. Y además acreditar experiencia en el ámbito tributario, financiero, administrativo o jurídico. Así de fácil; y aparte una catarata de documentos y acreditaciones.

En el medio, hay abundantes profesionales en la materia, incluso con doctorados sólidos en la materia. Pero como se observa del nivel educativo en el propio Directorio y en las intendencias y jefaturas no se necesita de gran calidad y acreditación académica para llegar a agenciarse cerca de Q90,000 mensuales más las prestaciones de ley. En un año ya se llega a millonario, no digamos si uno se reelige, como ocurre también en el mentado Directorio, que está sujeto a compleja selección, muy parecida a las postuladoras de las magistraturas.

Pensemos un poco en esa figura de la SAT, y lo que le está costando al erario público guatemalteco. Resulta ser que, en tiempos de la era Arzú se procedió a una Modernización del Estado que, como lo he dicho muchas veces, era esperanzadora en su tiempo y la aplaudimos. Pero cayó en el abuso y la total carencia de innovación, aparte de colusiones y problemas éticos.  Una refundación del Estado  es urgente hoy, porque ese diseño institucional ya está obsoleto, y es exactamente el mismo que nos ha dado la reciente aprobación de la nada novedosa Ley de Infraestructura Vial.

Veamos cómo corre la fórmula: Se efectúa una desconcentración o descentralización de algún proceso de la Administración Central y se procede a corporativizarla con directorios de grupos de interés, colegios y academia, y se le dota de patrimonio propio, saliéndose así del ámbito tormentoso de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Se parte de la idea de que lo gubernamental es ineficiente por naturaleza, y debe desconcentrarse. Podría ser creíble si se le dota con profesionales de alta eminencia. Pero nada de eso ocurre. Tan sólo se produce un corrimiento, una estampida de burócratas, que huyen de la Administración Central, o de sus oficinas privadas, un tanto riesgosas, y se colocan en el ámbito autonómico, gracias a sus conexiones. Y la primera decisión de directores y nuevos tecnócratas es auto recetarse emolumentos estratosféricos. Así pasa, hasta con las municipalidades del país: alcaldes y concejales que ni siquiera a bachilleres llegan, manejando complejos problemas y generando la altísima ineficacia de la esfera estatal. Muy bien me decía el estimado ex Decano de Derecho, Rubén Contreras Ortiz: «mi querido Edgar, en este país no hay lucha de clases, sino lucha de chances».

Están en boga en las redes los altos emolumentos de las entidades autónomas y desconcentradas, como la SAT, el INDE, las magistraturas, la Comisión de Energía Eléctrica y otras. Los mismos presentan una brecha considerable con respecto a un director de cualquier unidad de la Administración Central, léase los ministerios.

Resulta ser así que, sigilosamente, los últimos días de diciembre, el Ministerio de Finanzas Públicas aprobó la planilla analítica de salarios de la Administración Central, con salarios base, en el campo profesional que no rebasan los 6 mil-8 mil quetzales.

Conversando con un ex viceministro de Finanzas Públicas, me indicó que ello se debe a que hay una conexión entre ese salario base y el montepío público, que principalmente también tiene una cobertura dirigida hacia la Administración Central. Además, el cálculo actuarial nunca ha sido la cualidad de los presupuestívoros que manejan el gasto en el Ministerio de Finanzas Públicas; y ello dio lugar en algún tiempo recién pasado, a efectuar unos movimientos que podrían exacerbar el alza de salarios base en el área de la Administración Central, con efectos que podrían ser explosivos en un montepío que ya se encuentra muy desfinanciado. Entonces, se contiene el mérito hacia maestros, policías y demás burócratas y se abre un pequeño chorro para privilegiados, incluyendo hoy diputados que apenas cuentan con un bachillerato por madurez, legislando temas sofisticados como: la pesca del atún, el transporte extraurbano y de carga o la separación de desechos sólidos, aparte de una inexistente ley de aguas, código tributario municipal y otras carencias, provenientes de la mediocridad congresil.

Lo que este breve artículo pretende demostrar es que existe un desorden de salarios y prebendas en la esfera estatal guatemalteca, incluyendo en la misma a las administraciones edilicias y de la Universidad de San Carlos de Guatemala; no digamos en el Banco de Guatemala, en la Superintendencia de Bancos, así como en bancos previamente conocidos como de fomento, como es el caso del Banco de los Trabajadores, BANRURAL, el Crédito Hipotecario Nacional y el FHA.

Se llega al extremo de que jubilados de entidades autónomas, que han logrado un nexo laboral con un cursito en la Universidad de San Carlos, al obtener su primera jubilación en la autónoma en que laboraron, hacen luego breve carrera en algún puesto político-académico en San Carlos, para jubilarse con otros Q15,000, aparte de lo obtenido en el IVS del IGSS; lo que es prohibido en cualquier país civilizado que entienda que la fuente principal de los ingresos proviene del erario nacional.

Así están las cosas en la aletargada Modernización del Estado, que bien haría el presente gobierno en refundar y acometer, abandonando el legado neoliberal arzuista.