De nada sirve “pan para hoy, hambre para mañana”. La negociación del salario mínimo ha sido siempre un tema polémico, y el sistema actual lo complica aún más. La constante ha sido que la Comisión Nacional del Salario rara vez llega a un acuerdo, dejando la decisión final en manos del presidente, quien actúa como árbitro y carga con las consecuencias de la decisión.  Lo que debería ser un proceso basado en aspectos técnicos, como la productividad, la creación y preservación del empleo y la mejora de los ingresos laborales, se convierte en un cálculo político al recaer en el presidente de turno. Desde una perspectiva técnica y económica, este sistema presenta debilidades estructurales. Las decisiones presidenciales, lejos de basarse en el análisis del mercado laboral, tienden a ser arbitrarias. Si los aumentos no están alineados con la productividad ni las condiciones macroeconómicas, se corre el riesgo de destruir empleos, afectar la competitividad empresarial y aumentar los precios. Además, no se consideran dinámicas sectoriales o regionales, lo que socava el potencial de creación de empleo a largo plazo. En el pasado reciente, muchas veces las decisiones tomadas desde Presidencia han respondido más cálculos de pérdida y ganancia de popularidad; a granjearse favores con algunos de los sectores involucrados; o realizar “ajustes de cuentas” ideológicos.

La politización del proceso y la falta de un marco técnico claro hacen que tanto empleadores como trabajadores enfrenten expectativas volátiles. Los empleadores no pueden planificar con certeza sus presupuestos, inversiones o contrataciones debido a la imprevisibilidad de los costos laborales. En sectores donde la mano de obra es un componente clave de los costos, un aumento inesperado del salario mínimo podría quebrar empresas o incentivar la informalidad laboral, afectando gravemente la economía. Esto es particularmente grave en sectores exportadores, que deben competir en mercados internacionales donde no pueden fijar precios. Por otro lado, los trabajadores enfrentan una gran incertidumbre sobre su poder adquisitivo. Sin una proyección clara sobre el crecimiento del salario mínimo, no pueden prever con certeza si los aumentos salariales mantendrán su capacidad de compra. Esto debilita la confianza en el sistema y puede generar expectativas poco realistas o demandas insostenibles, lo que dificulta la búsqueda de acuerdos racionales y equilibrados.

El sistema actual de negociación genera incertidumbre para ambas partes, afectando la estabilidad financiera de las empresas y el bienestar de los trabajadores. Ante esta realidad, la fórmula recomendada por la OIT, que combina el crecimiento de la productividad y las expectativas de inflación para determinar los ajustes salariales, ha sido utilizada en el pasado reciente como un primer paso hacia una mayor previsibilidad. Esta fórmula, si bien no es perfecta, ofrece una base técnica que puede reducir la politización del proceso y fomentar decisiones más equilibradas entre la competitividad empresarial y el bienestar de los trabajadores.

A largo plazo, tanto empleadores como trabajadores se beneficiarían de un marco técnico sólido y transparente que permita generar una Perspectiva Salarial a Futuro. Este concepto implica que los salarios mínimos evolucionen de manera predecible y coherente con factores económicos clave como la productividad, la inflación, el crecimiento económico y la necesidad de generar empleo formal y productivo. Un marco de expectativas compartido permitiría negociaciones más fluidas, donde ambas partes puedan comprometerse sabiendo que los ajustes salariales seguirán una lógica razonable y previsible.

Un sistema que promueva una evolución técnica y predecible del salario mínimo no solo reduciría el riesgo de decisiones abruptas o distorsionadas, sino que también contribuiría a la estabilidad del diálogo social. Este enfoque permitiría evitar conflictos derivados de aumentos inesperados o desproporcionados, y al mismo tiempo alinearía el crecimiento del salario mínimo con las condiciones económicas del país. Esto beneficiaría tanto a los empleadores como a los trabajadores y garantizaría la sostenibilidad de los sectores que generan empleo a gran escala, especialmente en grupos con bajos niveles de educación, capacitación y productividad.