Conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) aquí debe gobernar el mandatario recientemente electo por la abrumadora mayoría del pueblo guatemalteco en las elecciones del fin del año 2023, el Dr. Bernardo Arévalo De León. Sin embargo, conforme a una localmente extendida “cultura” jurídico-política, ilegal e ilegítima, aquí pretende mandar, de facto, una amorfa coalición de intereses que hoy por hoy encabeza la jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta; ésta avalada por la despótica Korte de Konstitucionalidad (la KK), que desde hace años viene justificando el continuado rompimiento del orden constitucional. Efectivamente, y de manera que le parece casi increíble a quienes no viven aquí, Guatemala ha venido sufriendo una errática dictadura tribunalicia, desde hace décadas. Contraviniendo sus funciones y su misma razón de ser, la KK guatemalteca tiene años de estar sosteniendo que nuestra Constitución no dice lo que dice, sino que lo que ella, en defensa de un régimen ya defenestrado en la urnas, obsoleto y decadente, pero aún afianzado a las estructuras del poder, quiere que diga. Así, por ejemplo, en el año 2003 sentenció que el golpista general Efraín Ríos-Montt podía “correr” como candidato para la Presidencia de la República, a pesar de que el artículo 186, inciso ‘a’, de la CPRG, indica taxativamente que “…no podrán optar al cargo de Presidente….el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado…ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”.
Hoy, el despotismo de la KK se manifiesta a través de su insistencia en, conforme a la resolución de una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta en octubre del año pasado, que el Presidente “no puede” destituir a la Fiscal General, pese a que el Artículo 251 de la CPRG indica claramente que sí puede hacerlo, por causa justificada debidamente establecida. Faltando a su mandato de defender el espíritu y la letra de nuestra Carta Magna, y en sintonía con los objetivos de lo que el pueblo llama el “pacto de corruptos” (pdc), la KK permite que una reciente (2016) adulteración de una ley ordinaria, la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -de rango menor a la Constitución- de facto disminuya, restrinja y tergiverse esta facultad constitucional del Presidente. Ello pese a que el artículo 44 de la CPRG dice textualmente que “…serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”. Y como esta ya mencionada “cultura” jurídico-política tiene hipnotizada a la mayoría de nuestros “juristas” -incluyendo a los asesores del Presidente- este “hechizo nacional” tiene paralizados a tirios y troyanos, a pesar de que el artículo 5 de la CPRG diga que ninguna persona -y menos el Presidente de la República- está “obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella”. Despertemos, salgamos “del hechizo”: nuestra Ley máxima dice (i) que el Presidente sí puede destituir a la Fiscal; (ii) que ni la LOMP, ni la KK, pueden disminuir, restringir o tergiversar esa facultad; y (iii) que el Presidente no está obligado a acatar a la KK cuando ésta emita sentencias o disposiciones que contravengan la Ley fundamental…
Esta dictadura de la KK se ha vuelto políticamente aún más onerosa porque no contenta con cercenar facultades del Presidente, se inmiscuye inconstitucionalmente en las funciones del Organismo Legislativo; habiendo desautorizado, por ejemplo, a su primera Junta Directiva y acto seguido, ¡ordenándoles! elegir una nueva. Y ahora, pretendiendo inmiscuirse en decidir quiénes sí pueden y quiénes nó, formar parte de comisiones y otras iniciativas de la sola potestad del Congreso. No conforme con esa interferencia y vinculada a ella, ha mantenido también una insistente injerencia en materias de la exclusiva competencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), desconociendo, de facto, que el artículo 141 de la CPRG prohibe la subordinación entre los organismos del Estado. Y este estado de rompimiento del orden constitucional continuado es posible porque también nuestros diputados y magistrados electorales -fruto de un sistema diseñado para que nuestros diputados, realmente, no nos representen- han caído víctimas de ese “hechizo”. Uno que tiene convencidos a muchos de que los guatemaltecos estamos obligados, como borregos, a aceptar cualquier cosa que disponga la KK… aunque diga que la tierra es plana, que la luna es de queso y que nuestra Constitución, ¡es inconstitucional!
Merced a esta dictadura de la KK y con la colaboración de sus corifeos y adláteres, José Rubén Zamora sigue en el bote, por la osadía de haber evidenciado la corrupción de nuestros gobernantes; el “Sipi” Sinibaldi, tras acumular -según su asistente confesa- millones de quetzales y dólares en valijas que escondió en apartamentos de lujo y en baúles de carros enterrados, está de regreso en su nueva mansión, gozando de su fortuna malhabida; y el ex Ministro Benito, nos mira riéndose de las “multas” con las que ya quedó libre de gozar de los millones en efectivo que “encaletó” en una casa alquilada en La Antigua… y esto sólo para poner tres ejemplos, de cientos. Crímenes cuyas evidencias son de conocimiento público, como la estafa de las vacunas Sputnik, la “alfombra mágica” o los grotescos sobre-precios en los insumos que compra el Estado, gracias a la dictadura de la KK y a la diligente colusión de su esbirro, el actual MP, están a resguardo de una autoridad que de veras vele por los intereses de la Patria, escupiéndole públicamente en la cara a la ciudadanía honrada. Pero, claro, a usted le dirán, ciudadano, que es para “defendernos del comunismo”. Para que el gobierno “chairo” de Arévalo no “vuelva hueco” a su hijo. Para que no transitemos “rumbo al socialismo”. Para que esta sociedad mojigata y atrasada, siga inmóvil, aherrojada a sus prejuicios del siglo pasado…
Por eso, para evitar que Guatemala siga a merced de los caprichos del pacto de corruptos, el Presidente debe hacer uso de sus facultades constitucionales, destituyendo a la Fiscal General cuanto antes. Aunque algunos de esos personajes de opereta que adornan nuestra fauna política tropical “pongan el grito en el cielo”. Como aquel ex Constituyente de caricatura -mitad Adolfo Hitler, mitad Charlie Chaplin- que con todo y su corbata de pajarito se “querella penalmente” contra el actual Ministro de la Defensa, ¡por caminar al lado del mandatario y de sus demás ministros, del Palacio al Congreso! O aquel otro, con ínfulas de Napoleón III, el energúmeno Mientes-Ruin, que “reta” al Presidente a ejercer su facultad constitucional, amenazándolo con un cuartelazo estilo siglo pasado, ése en el que él aún vive… No hay vuelta de hoja: el pdc está empeñado en no dejar gobernar al Presidente Constitucional de la República. Sólo él puede romper este nudo gordiano, ejerciendo los poderes que la CPRG le confiere. Aún le quedan las 7/8 partes de su período de gobierno. Como que ya es hora de empezar a gobernar…
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