Revuelo ha causado el anuncio presidencial de implementar una alianza pública-privada para rescatar el aeropuerto internacional La Aurora. Con el anuncio, el presidente pretende acercarse a un empresariado que le ha sido hostil, e incluso contrario. También eleva la cinta de su gestión porque si la iniciativa resulta fallida (por oposición del Congreso, trabas de la CC u otro factor), el desgaste se profundizará. Si sale airoso, sería parte de su legado. 

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) una APP es “un acuerdo entre el gobierno y uno o más socios privados (que puede incluir operadores y financiadores) bajo el cual los socios privados proveen un servicio de manera tal que los objetivos de provisión de servicios del gobierno se encuentran alineados con los objetivos de obtención de utilidad del sector privado y donde la efectividad depende de una adecuada transferencia de riesgos del sector privado”. Pueden ser de varios tipos, entre ellos:

Contrato de prestación de servicios. El estado mantiene la propiedad y exige un nivel
de servicio especificado. También están los contratos de administración, que implica que un bien público es operado y administrado por un agente privado bajo un esquema de riesgo y utilidades compartidas. No olvidemos las concesiones, donde el Estado concede el derecho al usufructo de un bien a cambio de un acuerdo económico entre las partes por un periodo pactado. También está el BOT (construir-operar-transferir), donde una entidad privada se encarga de la construcción y el mejoramiento de un bien, y de su operación, y la propiedad, o bien se mantiene con el Estado o vuelve a ser propiedad de este, pasado un tiempo. Otra opción son las cooperativas (organizaciones comunitarias se asocian con instituciones públicas para apoyar un bien común). El gobierno realiza un pago o una contribución a una organización local, basado en indicadores de desempeño. No olvidemos las asociaciones a riesgo compartido. En ellas los agentes públicos y privados se asocian a través de una compañía mixta o similar.

En la mayoría de las opciones hemos tenido malas experiencias. Existe una oportunidad para marcar la diferencia, aunque las jaurías de interesados en sacar raja están más que prestos y dispuestos; más sabiendo que las condiciones institucionales, normativas y de articulación son endebles.

Mencionar que se implementará una APP no dice mayor cosa. La esencia radica en qué tipo de alianza se opta, para qué etapas (rehabilitar, construir, ampliar, administrar), definir la ruta crítica que incluya los tormentos de pasar por un congreso repleto de extorsionistas. También se requiere medición de alcances y riesgos, así como un modelo de transparencia.

Es esencial definir con quiénes se puede y se debe implementar la APP. Dejó fuera a los actores nacionales, por su alta propensión a la opacidad y oportunismo descarados. Los implementadores deben ser quienes sepan del tema, con capacidades y avales comprobables. No debe olvidar el Presidente que la fotografía reciente se hizo viral porque varios de quienes salen en ella, hasta hace pocas semanas, no daban ni medio céntimo por su gobierno y propiciaron acciones saboteadoras.

El proyecto debe manejarse desde un inicio como APPD (alianza público-privada para el desarrollo), donde la operación y rendición de cuentas sea horizontal, incluya a una gama de actores en su implementación (enfoque participativo), se apliquen estándares internacionales y su principal objetivo no solo sea la rentabilidad económica.