El actual gobierno inició para muchos con grandes expectativas después de ganar las elecciones con una plataforma que siempre se pronunció a favor de centrar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción y el rescate institucional del país.
Próximo a cumplirse un año de su administración, esta ha impulsado acciones que se consideran importantes, pero también ha enfrentado obstáculos estructurales, resistencia de sectores políticos y limitaciones en la implementación de sus propuestas. En esencia, ha carecido de una estrategia clara para solucionar problemas y ofrecer respuestas contundentes, lo que ha derivado en errores considerables.
Ahora bien, opinar a través de la pluma, haciendo uso de la libre expresión, puede resultar fácil. Por ello, más que criticar, intento generar conciencia e invitar a quienes realmente deseen un mejor país a reflexionar y a “aprender a desaprender” aquello que por años hemos hecho mal.
Estando próximos a cumplirse ese primer año de este nuevo gobierno, es fundamental reconocer que no podemos seguir actuando como hasta ahora. Es necesario que ciudadanía y gobierno aprendan a trabajar juntos, abandonando viejas dinámicas que perpetúan el distanciamiento y la desconfianza. Este momento requiere innovación y acciones claras que permitan avanzar hacia objetivos comunes, entendiendo que en este terreno las decisiones deben ser no solo legítimas, sino también estratégicas y consensuadas.
Un ejemplo simbólico pero significativo fue la eliminación de la barrera metálica frente al Palacio Nacional, que durante la administración de Giammattei representó una clara ruptura entre el gobierno y la ciudadanía. El retiro de esa barrera envió un mensaje de apertura y transparencia, pero ese simbolismo debe traducirse en un compromiso tangible con la conexión genuina entre gobierno y sectores sociales. Solo así podrá hablarse de un verdadero gobierno abierto.
Existen esfuerzos positivos, como la renovada Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC), que trabaja en la implementación de políticas públicas para prevenir actos ilícitos. Sin embargo, estos avances siguen siendo poco perceptibles para una ciudadanía que demanda resultados inmediatos frente a problemas históricos como la pobreza, el desempleo, la violencia y la corrupción.
Con el cierre de este primer año y el inicio del segundo, la administración de Arévalo tiene una oportunidad invaluable para consolidar su visión. Esto implicará no solo corregir errores, sino también actuar con determinación para articular un diálogo real con los sectores políticos y sociales, ejecutar reformas profundas y ofrecer resultados concretos.
El país no necesita más promesas ni gestos simbólicos. Necesita acción, liderazgo y unidad. Si Arévalo y su equipo logran demostrar que pueden construir alianzas sólidas y entregar soluciones tangibles, no solo rescatarán la confianza de la población, sino que también dejarán un legado que inspire a las futuras generaciones.
Se tienen las condiciones y la historia está lista y de nuestro lado para escribirse. Es momento de responder si en efecto ¿tendrá el gobierno el total deseo, la capacidad y carácter para hacerlo?
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