Hace más de un cuarto de siglo, los poderes fácticos que gobiernan Guatemala desde tiempo inmemorial nos dijeron que había que desmantelar al otrora respetable Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas,  ese cuya Dirección General de Caminos había sido -desde la Gran Depresión hasta la Segunda Guerra Mundial- la herramienta estrella de la dictadura ubiquista. La administración del venerado -por la mayoría de la minoría- Álvaro Arzú, articuló el razonamiento detrás de aquella destrucción institucional deliberada, así:  “Nada de lo que hace el sector Público sirve;  es necesario desmantelar este ineficiente aparato estatal y sustituirlo por un sistema en el que ‘la maravillosa eficiencia del sector Privado’ nos dé más y mejores caminos, más y mejores obras públicas y todo de manera más eficiente y barata”… Pero pasaron treinta años y ni tenemos “más y mejores caminos”, ni las obras se hacen “de manera más eficiente y barata”, ni nos ahorramos plata alguna. Nos quedamos “sin el mico y sin la montera”. Lo que tenemos ahora es un flamante pero castrado Ministerio de Infraestructura, Comunicaciones y Vivienda (MICIVI) con sus apéndices y parches (como “COVIAL”), que no sólo se han “tragado” ¡cien mil millones de quetzales! durante las últimas cuatro administraciones (a un ritmo actual superior a los ¡mil millones de dólares al año!), sino que nos tienen “en trapos de cucaracha”,  con un sistema vial patético. En vez de una entidad estatal con ingenieros, técnicos, maquinaria y capacidad para hacer y/o supervisar, realmente, que se construyan  y mantengan caminos y otras obras públicas,  sub-contratando cuando es sensato, pero haciendo directamente las cosas cuando las emergencias lo aconsejan,  tenemos ese “sistema” en el que oscuras negociaciones con entidades “privadas” que simulan ser “empresas constructoras”, sirven de eficaz conducto para que políticos rapaces, incapaces e incompetentes puedan “ordeñar” al erario nacional, pero poco, muy poco, para construir la infraestructura que el país necesita. Por aquello de que “aquí no hay obra sin sobra”, si no hay mordida, si no hay coima, si no hay sumisión a las “reglas” de nuestras corruptas mafias,  el Estado no puede hacer nada.  Los que fueron los peores estudiantes de ingeniería, eso sí, hábiles para “los conectes”, la parranda y la componenda “bajo de agua”, son los que acaban supervisando diseños de puentes que después se caen o de caminos que se destruyen tras las primeras lluvias. Ex funcionarios “listos” de la antigua “Caminos” se volvieron “empresarios” de la noche a la mañana y así se hicieron millonarios instantáneos.  Pronto “les copiaron la plana” alcaldes y caciques de pueblo, y los infaltables “diputados constructores”.  Ponga usted en medio de aquello a un Ministro decente, como el recién renunciado Félix Alvarado, que no quiso plegarse a la corrupción, y ¡nada se hace!  Una mafia de diputados y alcaldes mordelones, y otra tanda de funcionarios más, se asegura de ello.  Eso sí: esa calamidad sirve, además, para que los guardianes de este régimen extractivo y excluyente puedan decir que este gobierno -que intenta hacer las cosas de manera diferente- es “el peor gobierno de la Historia”, que es “incapaz”, que “tiene al sector productivo de rodillas”.  Que eso “justifica” que lo quieran “botar”, o por lo menos, que “la gente” dizque quiera “pedirle la renuncia”.

El gobierno de Bernardo Arévalo está emplazado nuevamente, pues, por el pacto de corruptos (pdc). El pdc está diciéndole al pueblo “aquí los que mandamos, realmente, somos nosotros”.  No sólo es que hayan forzado la parálisis de la Obra Pública.  En otro ejemplo de su insolencia y osadía, han revertido la decisión de uno de los pocos tribunales que aún permitía guardar alguna fe en la administración de justicia de esta parroquia, intentando, una vez más, enviar a prisión ¡”preventiva”! a José Rubén Zamora.  O encarcelando ilegalmente ¡a funcionarios públicos actuales! hasta desesperarlos y hacerlos claudicar.  O forzando a periodistas y operadores de justicia que no se allanan a sus designios a autocensurarse, a defenderse de acciones espurias o a autoexilarse.  Y mil cosas más. Pero lo peor de todo es la pasividad del Ejecutivo frente a estos desafíos.  La situación actual lleva a temer que un día de éstos lleguen al Palacio con un papelito que diga que -con la autorización de la Korte de Konstitucionalidad (la KK) y la venia de “la mayoría del Organismo Legislativo”- le han levantado al Presidente su privilegio constitucional de inmunidad y que “tienen órdenes de juez competente” para conducirlo, conforme a nuestra ya legendaria práctica de la “prisión preventiva”, al Mariscal Zavala, a acompañar a Zamora.  Los golpistas confían en que siempre habrá algún comandante militar -cuando sus fantasiosas elucubraciones concluyan en que ya la nueva administración en el Norte “haya cambiado” el signo de las presiones de la Embajada sobre jueces, diputados y oficiales- que “se quiera sacrificar por la Patria”. Lo grave no es sólo que eso sería un fracaso para Bernardo Arévalo.  Lo grave es que eso también sería el fracaso de esta enésima intentona de avanzar hacia una auténtica República Democrática en Guatemala…

            Por lo anterior, hoy ya no basta con “citar” a la Comosiama, para que “baje de su olimpo” en Gerona, a hacer “otro show”.  “Ya no está la Magdalena para tafetanes”.  Lo que el Presidente de la República debe hacer, conforme a las facultades que le concede la Constitución Política de la República de Guatemala (la CPRG) es, en un proceso de alto valor simbólico, descabezar de una vez por todas al golpismo guatemalteco, así:

1. Al amparo del artículo 251 de la CPRG, destituyendo, sin más trámite, a la sediciosa Fiscal General;
2. Si la KK intenta cercenar las facultades constitucionales del Presidente, al amparo de los artículos 44 y 5 de la CPRG, éste no debe acatar las inconstitucionalidades que pretenda imponer esa coludida corte; y
3. Debe anticipadamente articular con sus ministros de la Defensa y de Gobernación, todas las acciones preventivas y de logística necesarias, para que aquellos que pretendan salirse de los cauces constitucionales, sean reducidos al orden con la fuerza pública.

Una vez el presidente Arévalo haya recobrado la iniciativa popular, podrá continuar tratando de hacer gobierno.   Podrá, por ejemplo, nombrar a un Ministro del MICIVI que reconstruya la capacidad ejecutora de ese importante brazo del Estado.  Que mediante la utilización de un agresivo grupo de abogados, detenga en las Cortes, por los años que sea necesario, las mil y un objeciones que el pdc interpondrá en su contra.  Habrá confrontación, es inevitable.  Por eso, también debería iniciar un proceso político que tenga por objetivo la profunda reforma de nuestro sistema político.  Es necesario terminar con esta situación en la que nuestros representantes parlamentarios no nos representan fielmente y nos recetan jueces venales. No debe olvidar el Presidente que le quedan las tres cuartas partes de su período de gobierno, tres largos años.  Suficiente para darle un vuelco al país, para darle un nuevo rumbo.  Para, como dice nuestro vecino Bukele, “meter al bote a los corruptos y forzarlos a devolver lo robado”.  Pero no puede esperar que esto sea fácil ni automático.  No habrá un “siga la flecha”.  Será una lucha frontal contra un monstruo de mil cabezas y habrá incertidumbre, gritos, llanto y “crujir de dientes”.  Por eso, esto debe iniciarse cuanto antes.  Antes de que haya que enfrentar nuevos retos previsibles, como el lidiar con deportaciones masivas desde el Norte. Puede esperar, eso sí, que el pueblo apoyará, henchido de esperanza, si observa que su líder formal está tomando riesgos en aras de los más caros intereses de la ciudadanía.  El pueblo está ansioso por dar esta lucha, pero aún no ve que el liderazgo formal de la República lo esté convocando.  Un 15% del cuerpo político del país se le opondrá: son los agentes del pacto de corruptos, su menguante clientela en algunas de las más apartadas y aisladas zonas rurales del país y una titubeante mayoría de la minoría.  Gritan mucho pero realmente, son pocos.  La mayoría de los guatemaltecos queremos avanzar hacia el futuro.  Sabemos que eso implicará confrontación y estamos dispuestos a encararla.  Pero no hay sustituto a la firme conducción que puede ejercer un Presidente Constitucional realmente embebido de su deber histórico…