Resulta comprensible la indignación popular contra la corrupción en la esfera pública. Ha sido tanta, tan profunda y tan constante a lo largo del tiempo, que no extraña que cualquier acto fallido, mal explicado, dudoso o incomprendido se tilde de corrupción. El sentimiento de profundo rechazo hacia cualquier “anomalía”, real o percibida, es tan fuerte que cualquier análisis sereno pasa a segundo plano. Además, siempre resulta más fácil buscar chivos expiatorios y explicaciones ad hoc que trasladen a otros responsabilidades compartidas. La debilidad institucional del sector público es bien conocida: la falta de recurso humano bien formado y bien pagado; déficit de capacidades técnicas; complicada y oscura normativa que rige la función pública; e influencia de poderosas mafias dentro del aparato público. No se trata de pedir un Estado más grande ni uno mínimo; se trata de exigir un Estado que funcione. Porque tanto la fantasía de un Estado elefantiásico, que todo lo resuelve, como la de un Estado diminuto, que apenas existe, terminan igual: en un cascarón inútil, incapaz de cumplir siquiera con sus funciones esenciales

La exigencia de cuentas por parte de la ciudadanía es legítima. Sin embargo, así como los funcionarios públicos deben rendir cuentas de sus actos, también la ciudadanía debe reconocer los límites reales del Estado para atender la avalancha de demandas y ocurrencias políticas a las que se le somete. Muchas de las debilidades del sector público son producto de un proceso sostenido de deterioro, décadas de abandono en el fortalecimiento de las competencias básicas del Estado. El sector público no tiene una varita mágica ni una poción milagrosa para resolver cualquier reclamo social, capricho de grupo de poder o imposición externa que se le plantee. Culpar a presidentes y ministros puede ser catártico, pero rara vez cambia algo. No basta con exigir funcionarios honestos y capaces. También hay que reconocer las fallas y anomalías propias de un sistema tan complejo como el sector público.

En su influyente libro sobre la construcción de capacidades estatales, Andrews, Pritchett y Woolcock, afamados profesores de Harvard y Oxford, toman a Guatemala como ejemplo de un Estado incapaz de cumplir las funciones básicas para las que fue creado. Según su análisis, en 2013 Guatemala tenía un Estado débil y en proceso de acelerado deterioro. Sus proyecciones hipotéticas son esclarecedoras: si esta tendencia continuara, el Estado guatemalteco perdería toda su funcionalidad en 2080. Si, en cambio, se lograra revertir el declive y mejorar a la modesta tasa histórica del país antes del deterioro reciente, el Estado alcanzaría el promedio mundial de 2013… en el año 2584. Pero si Guatemala lograra iniciar un proceso de fortalecimiento acelerado, al ritmo del 10% de los países que más han mejorado, para 2108 podría tener un Estado con fuertes capacidades. No está del todo mal, 83 años es mucho menos que 559 años. Un pequeño detalle optimista para quienes aman las estadísticas a largo plazo.

Este deterioro constante no necesita explicaciones fáciles ni chivos expiatorios, sino análisis serenos que eviten caer en las trampas del discurso simplista. Llamar corrupción o ineptitud a cualquier error o falla oscurece el más importante de los problemass. La narrativa que etiqueta todo como corrupción alimenta discursos populistas que priorizan la persecución y el castigo sobre las soluciones estructurales. Lo mismo sucede con narrativas que reducen la falta de resultados a ineptitud e inexperiencia. Ni los funcionarios más experimentados de Corea o Singapur podrían cambiar la lógica de funcionamiento actual del aparato público guatemalteco. Este tipo de discursos simplistas generan desconfianza hacia instituciones que necesitan fortalecimiento; desmotivan a los funcionarios que trabajan honestamente en condiciones adversas; y desvían la atención hacia la búsqueda de culpables, en lugar de abordar las causas estructurales de la inefectividad estatal. Sería ingenuo desconocer que muchas voces críticas obedecen más a la defensa de intereses particulares que a genuinas preocupaciones por el bienestar público: ganar relevancia política, desgastar al gobierno de turno o favorecer agendas específicas. Al final, la crítica redonda pero vacía siempre encuentra eco. Resolver problemas estructurales, en cambio, requiere mucho más que un eslogan pegajoso y un par de trending topics.