El origen de medir y exponer los logros de la gestión gubernamental en 100 días no deviene de una normativa o política formalmente establecida, pero por diversas causas se ha convertido en una práctica informal, puesta o autoimpuesta por algunos gobernantes desde sus campañas, la cual tiene varias consecuencias.
En algunos países esta práctica bastante usual se considera importante para medir la dirección y prioridades de la administración de los gobernantes. Es decir, evaluar el desempeño de un gobierno en esta cantidad de días, puede ser útil como punto de referencia inicial, sin embargo, no debe ser la única medida de éxito o fracaso. Analizar el contexto es importante, así como las acciones y los resultados sostenibles en el tiempo, pues esto permitirá brindar una evaluación más completa de la gestión administrativa.
Remontándonos un poco en la historia, el origen de esta práctica fue utilizado por líderes como Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años 30, quien implementó una serie de reformas y programas de forma enérgica, para tratar la crisis económica y social de aquel país. A pesar de haber sido esto atrevido, el resultado fue positivo, demostrando determinación y acciones rápidas en los primeros meses de su gobierno. Desde entonces quedó en la cultura política de muchos países, la idea de rendir resultados en los primeros 100 días de la gestión gubernamental.
La semana pasada el Presidente Bernardo Arévalo, entregó a la ciudadanía guatemalteca el informe de sus acciones y logros del primer centenar de días de su gestión. ¿Habrá sido una buena decisión, autoimponerse una medida como esta, cuando todo lo que ha devenido desde su participación como candidato, hasta la asunción como presidente, ha representado un enorme reto y complejidad? ¿Era realmente necesario autogenerarse una carga que podría derivar en desgaste, así como sentimientos de decepción en esta población que tanto espera un cambio? Comentarios iban y venían y las reacciones más diversas no se hicieron esperar.
Medir resultados en apenas esta cantidad de días pudo ayudar a definir prioridades para este nuevo Gobierno, sin embargo, generó grandes decepciones, lo que puede constituirse en un verdadero harakiri ¿Por qué? Porque prometer cosas, ejecutables en tan poco tiempo en un país con un historial de ingobernabilidad, puede ser letal.
Pese a que se rindió información importante, en el tema de la lucha anticorrupción, lo relativo a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público generó niveles altos de preocupación, pues de sobra sabemos que éstas no tendrán progreso alguno, minimizando todo esfuerzo que se haga en este rubro. El talón de Aquiles de este Gobierno sigue siendo la señora Porras.
En esencia, poco avanzaremos en el tema de investigación de actos corruptos y justicia, mientras siga operando un Ministerio Público cooptado en coordinación con la mafia de las Cortes. Destituir de su cargo a la señora Fiscal General no es, ni será cosa fácil y merecerá una estrategia que trascienda la esfera de lo legal. Es decir, este caso no responde sólo a un entuerto normativo, por lo que encontrar soluciones únicamente en la supremacía de la norma, será iluso e insuficiente. Recordemos que estamos hablando de la Constitución Política de la República de Guatemala y su nombre lleva implícito la palabra política, por lo que invocar su jerarquía en esta estrategia para lograr esta destitución será trascendental, sin embargo la argucia y creatividad serán necesarias para esquivar a las hienas que se refugian en la oscuridad de sus cuevas leguleyas y que esperan acechar a sus víctimas en el momento oportuno. ¡Esta última parte es la que precisamente hace falta!
Una ley de menor categoría nos está consumiendo el país. Estamos pagando el monumental error de haber legislado en favor de personas y no en favor de instituciones, por lo que será importante aprender la lección. Con urgencia deben incorporarse a los equipos de trabajo, ilustres ciudadanos que gocen del suficiente conocimiento legal, apoyado en acciones políticamente estratégicas para saber navegar en esta batalla. ¡Mientras esto no suceda, la estrategia quedará corta y el tiempo seguirá jugando a favor de las hienas y no de la democracia!
Ahora bien: ¿fue esta destitución una promesa de campaña? Dejo a usted la respuesta. ¡Luchar contra la corrupción, sí lo fue! Si hacemos un análisis del informe entregado relativo a las acciones ejecutadas en estos primeros 100 días de gobierno, podremos verificar si se irán otros cien más, con resultados similares o peores, si la señora Porras continua en su puesto. La cuestión que nos pone en serios problemas es verificar si las promesas responden a los resultados brindados y si vamos en la línea correcta. Es decir, el hecho de querer mostrar resultados tangibles durante un período inicial, puede ser funcional y servir para generar confianza y respaldo público, pero para ello es necesario recordar cuáles fueron esas promesas de campaña e irlas comparando con los resultados que se vayan obteniendo. De lo contrario sólo se generará frustración.
Hoy hay angustia en el paso de este centenar de días, marcados por la insuficiencia de operadores y funcionarios que desempeñen ese apoyo estratégico para caminar sobre este campo minado y la ingenuidad de muchos para cifrar grandes esperanzas en un gobierno que prometió cambios y que no la tiene fácil.
El laberinto en el que nos encontramos tiene enormes consecuencias, pues hoy por hoy, toda acción que se resuma en denuncias y lucha anticorrupción, irá a rebotar a la puerta de la impunidad. Quizá sea hora de tomar acciones más drásticas y pasar de las buenas intenciones a ejecutar con astucia, todo ese potencial que se tiene.
Reitero que la palabra juntos no debe ser olvidada y será fundamental en esta gobernanza. ¡Recomiendo no obviarla! Juntos hicimos una labor excepcional para preservar nuestra incipiente democracia, ojalá se permita en esta misma forma encontrar e implementar esa estrategia de carácter jurídico-política para consolidar esa robusta lucha anticorrupción, que contemple no sólo la propuesta de las buenas prácticas para minimizarla, sino también aquella que abarque el ámbito de lo punitivo, que permita limpiar el camino y se haga justicia.
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