Tal parece que, en Guatemala, la prestación de servicios públicos, solo se puede ver con un ojo: negocios a manos llenas, o mejora de condiciones a la colectividad. Dos agendas que, aunque pueden trabajarse en conjunto, en este país son arenas en permanente conflicto.

Algunas municipalidades, entre ellas, las de Guatemala, Santa Catarina Pinula y Mixco se oponen sistemáticamente a la puesta en escena del Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes (Acuerdo Gubernativo 164-2021), así como de las reformas establecidas en el Acuerdo Gubernativo 184-2023. Con ello advierten, entre otras ilegalidades, incumplimiento a las competencias propias del municipio, establecidas en el Código Municipal (artículo 68).

El manejo de los desechos sólidos es pólvora caliente, un asunto de agenda pública sensible y complejo, por la diversidad de aristas. Es, en principio, un asunto relacionado con la salud pública; también es un asunto de dineros (la basura es un gran negocio) y al mismo tiempo,  tema sensible. La ciudadanía, casi sin distinción alguna, se moviliza y opone ante fallos en el manejo de las basuras, porque genera molestias de cuestión de horas. 

El problema se agudiza cuando actores públicos, como las municipalidades indicadas, en el marco de su oposición al cambio de las regulaciones porque les mueve el tapete, incluyendo la afectación a negocios presentes y futuros, propician, organizan y manipulan a los actores directamente involucrados en la prestación del servicio público (extractores y recicladores) para que sean ellos, y no los primeros, quienes dan la cara y sean carne de cañón. Aunque algunos de ellos se hayan movilizado de manera genuina, es evidente que las autoridades municipales han tenido como objetivo torpedear la aplicación de las nuevas regulaciones.

En la ciudad capital llevamos décadas de olvido en cuanto a la prestación de servicios públicos se trata. El asunto del manejo de los desechos sólidos es parte de los servicios de mayor importancia, donde las autoridades de turno mantienen la tendencia: hacer como que hacen, pero al final nada cambia. El manejo del basurero de la zona 3 ha sido y sigue siendo un desastre total. Sin embargo, al interior de ese mundo del cual pocos quieren saber, operan una diversidad de lógicas, que van desde las condiciones de las comunidades asentadas allí, hasta los negocios oscuros que en ese lugar se traman; todo con el contubernio de las autoridades municipales. Cambiar o incluso modificar esa “dinámica” representa para los actores involucrados un riesgo mayor, ante el cual cierran filas y mejor sigamos “como siempre”. Ese es el típico comportamiento de las estructuras cuasicriminales enquistadas en las instituciones.

De lo anterior se deriva la cerrades al redireccionamiento de las inversiones municipales, a la promoción de otras formas de manejar los desechos. Suelen usar como excusa que “haríamos mejoras si el gobierno central nos diera los recursos”, como si los recursos que cuentan y los que podrían sumar, si pensaran en otros planos, no fueran a significar inversiones de gran calado e importantes rendimientos, e incluso, capital político nada despreciable.

Los opositores a la vigencia del reglamento no se rendirán, aunque temporalmente hayan disminuido las acciones de calle. El MARN insiste en la vigencia del reglamento (con algunas modificaciones), pero los alcaldes (no menciono los concejos municipales, porque en esos municipios, la mayoría de sus integrantes solo son adornos caros), no cesarán en sus acciones saboteadoras. Ojalá el presidente Arévalo acepte el error de haber consentido e incluso respaldado a los alcaldes que nunca han estado de su lado.