La elección de jueces es un aspecto fundamental en cualquier democracia, y en Guatemala, la selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones para el período 2024 -2029, reviste una importancia particular. Esto se debe a que el sistema judicial ha sido influenciado por individuos con intereses propios, lo que ha favorecido a quienes han incurrido en corrupción y perpetuando así la impunidad. Además, esta situación ha alimentado una creciente criminalización en el país. En este panorama, las tablas de gradación se vuelven cruciales, ya que representan una herramienta vital para garantizar que el proceso de selección se realice con base en criterios objetivos y transparentes.

La Ley de Comisiones de Postulación (Decreto 19-2019) se fundamenta en principios como la objetividad, la publicidad y la transparencia, siendo esta última un elemento crucial. No obstante, el actual proceso de selección ha estado marcado por la participación de actores poco claros, quienes han intentado llevar a cabo la elección de manera poco transparente. Esto ha generado la percepción de que los candidatos seleccionados como magistrados no lo son de forma justa, lo que deslegitima aún más este poder del Estado.

Las tablas de gradación son herramientas que permiten evaluar a los candidatos a un puesto específico, en este caso, a los y las magistrados y magistradas para ocupar la CSJ y las Cortes de Apelaciones, en función de criterios previamente establecidos. Estas tablas deberían de incluir varios factores, como la experiencia profesional, la formación académica, la ética, el desempeño en cargos anteriores y en especial la reconocida honorabilidad. Al utilizar un sistema de puntuación, las tablas de gradación buscan garantizar que la selección se base en méritos y no en influencias políticas o personales.

Sin embargo, para las elecciones actuales, los criterios aprobados en las tablas de gradación, aunque son medibles, están diseñados para favorecer a quienes se postulen y no cumplen con el requisito de reconocida honorabilidad. Esto significa que la elección podría basarse en compadrazgos y clientelismo, beneficiando a élites corruptas que utilizan el sistema judicial en su propio favor. Este aspecto es crucial en un contexto donde decisiones judiciales han sido afectadas por influencias externas, como se ha evidenciado en los casos de criminalización o “lawfare”.

La meritocracia no está garantizada por las tablas de gradación aprobadas, lo que ha permitido que personas de dudosa honorabilidad y vinculadas con hechos o actores corruptos se pavoneen presentando sus postulaciones. En algunos casos, estas personas han sido catalogadas por varios países como actores antidemocráticos y corruptos, lo cual no será relevante en esta elección. Esto puede propiciar que puedan ser electos y así asegurar sus propios intereses corruptos y los de terceros.

Guatemala ha enfrentado importantes retos en su sistema judicial, incluyendo corrupción y falta de transparencia, lo que ha erosionado la confianza en esta institución. Dado que el Organismo Judicial es uno de los tres poderes del Estado, su conformación influye directamente en la administración de justicia. En la elección de sus miembros debería manifestarse un compromiso con la legalidad, la imparcialidad y la protección de los derechos humanos.

Sin embargo, en un contexto donde la política y la justicia a menudo están entrelazadas, la elección de candidatos adecuados es incierta. Las escalas de evaluación disponibles no cuentan con mecanismos que aseguren que la selección se realice con base en méritos claros y en la reconocida honorabilidad necesaria.

La corrupción ha sido un problema constante en el sistema judicial de Guatemala, y las tablas de gradación no contribuirán a su reducción, ya que el proceso de selección no es nada estricto; por el contrario, este es vulnerable a influencias externas.

La independencia del poder judicial es un principio fundamental, tanto para los jueces como para las personas que utilizan el sistema. Por lo que también es crucial que la selección de magistrados y magistradas asegure que quienes resulten electos puedan administrar justicia sin la influencia de intereses políticos o económicos.

Como ciudadanos y ciudadanas de Guatemala, tenemos el derecho y la responsabilidad de exigir un proceso de selección claro y transparente. Es fundamental que quienes ocupen estos cargos decisivos tengan la independencia que requiere el sistema judicial. La supervisión y el control son herramientas importantes para reducir la influencia de actores externos en la elección de magistrados y magistradas, ya que las tablas de gradación por sí solas no lograrán este objetivo.

Queremos #CortesNoMafias.