«Mis ideas son las de un socialista democrático, antinazi, antifascista, antifranquista. Y lo que se llama un programa… todavía no existe, pues el mismo me lo sugerirá el pueblo guatemalteco que está todavía en la calle, en una revolución que corre peligro de perderse. Yo quiero ser portavoz de ese pueblo, su megáfono, su intérprete. Las ideas del líder no deben imponerse: debe prevalecer una consulta popular con pie en las necesidades del momento histórico-político».
Juan José Arévalo, 1944
Sin embargo, ya como presidente, Arévalo a partir de 1945 forjó con sus ministros de Agricultura y de Economía, así como con el embajador de Estados Unidos, que era experto en el tema, el Plan del Triángulo de Escuintla. El plan mismo promovió el desarrollo de la Boca Costa basado en un acuerdo entre trabajadores y grandes terratenientes de la zona en presencia de él y sus ministros. El objetivo de fondo era no solo económico sino ético: elevar la dignidad tanto del trabajador como de un buen capitalista. Arévalo supo superar varios intentos de golpe de Estado luego que decretó el Código de Trabajo que enojó a la United Fruit Co. Esta tuvo un aliado en el istmo: Anastasio Somoza. Arévalo en 1950 solicitó al Banco Mundial una misión a Guatemala, que en el país fue asistida por expertos guatemaltecos, durante varios meses. Su resultado fue el estudio: The Economic Development of Guatemala, como base para un plan de desarrollo y recomendaciones específicas para el sexenio 1951-1956. El mismo fue entregado al nuevo presidente J. Árbenz cuando asumió la Presidencia. Él priorizó en sus planes la carretera al Atlántico y una hidroeléctrica en Jurún Marinalá para dejar de depender del ferrocarril y de la generación eléctrica que eran propiedad de la United Fruit Co., con una visión nacionalista. A eso se sumó el pleito con la UFCo por la Reforma Agraria que, siguiendo lo que recomendó esa misión, que si se quería mejorar la economía nacional debía elevarse el nivel de vida de los indígenas. Este se llamó el Informe Britnell, apellido del jefe de la misión, que recalcó el vínculo estrecho entre el desarrollo agrícola y las potencialidades industriales para crear un mercado interno adecuado a la producción industrial al elevarse el ingreso de los minifundistas del altiplano.
En 1954 se unieron los intereses de Estados Unidos y de los dictadores del Caribe para responder a la confiscación de tierras de la UFCo, por comunistas cercanos a Árbenz. Años después, eso lo consideró su error más grande porque esa nacionalización lo enfrentó a Estados Unidos en lo económico, propagandístico y militar, mientras la CIA promovió un golpe de Estado que fue ejecutado por sus compañeros de armas a cambio de $250 000 dólares. De esa cuenta se instauró una dictadura militar, primero dirigida por varios coroneles «arbencistas» hasta que asumió la dictadura el coronel. C. A. Castillo Armas con el aval de Washington y sus socios del Caribe, secundado por conservadores de viejo cuño y por los liberales locales que sirvieron a la dictadura del general Jorge Ubico.
Washington pretendió hacer de Guatemala una vitrina de desarrollo en contra del régimen «comunista» anterior. Pero como Castillo Armas no entendía de administración, reinó el caos administrativo. Por esa razón es que la embajada estadounidense ordenó crear el Consejo Nacional de Planificación Económica (CNPE), con un secretario (Max Jiménez Pinto) para ordenar la administración, mientras fluía una amplia cooperación estadounidense. Pero el descalabro administrativo y la corrupción no evitaron la hambruna rural provocada luego que el gobierno suspendió los beneficios de la Reforma Agraria y persiguió a los dirigentes de los comités agrarios, sindicalistas y políticos del régimen revolucionario, casi todos en el exilio, dejando un campo minado.
Los integrantes del CNPE eran los ministros de Economía, Finanzas y Salud más el presidente del Banco de Guatemala, pero no pudieron cumplir sus objetivos de priorizar la inversión pública porque prevalecieron los feudos de cada ministerio y de los entes públicos, según informó la firma consultora Klein & Saks, pagada por Castillo Armas para ayudarlo a gobernar como un gabinete paralelo. Para salir de la crisis, dicha consultora propuso hacer partícipe al sector privado en las tareas estatales para que dejaran de pelear por el botín del erario público. Los ejecutores de esa orden fueron los abogados Alejandro Arenales y Jorge Skinner-Klee, nombrados ministros por Castillo Armas. El Cacif, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras se estableció en 1957. Se concibió para que fuera parte del Estado corporativista como ocurría en la España de Franco. Sus directivos iban a designar como directivos de los entes estatales autónomos y semiautónomos, como el IGSS, el Infop, el futuro INDE y el Intecap… Tenían en común, pese a sus diferencias, en que todos eran acérrimos de la propiedad privada e hicieron del Cacif su partido político entre ellos, y los nuevos ricos del régimen, que comenzaron a usufructuar las fincas nacionales que Árbenz había concesionado a sus trabajadores, pues el Gobierno dictatorial se las dio a sus amigos. Esas fincas producían el ochenta por ciento del café nacional. La incidencia en las políticas públicas y en el CNPE va a ser de forma disruptiva porque cada grupo voraz va a querer llevar sus proyectos al presupuesto público. Los tiburones se pelean por el botín.
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