La migración constituye un derecho humano fundamental. De acuerdo con el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.” La concreción de este derecho sigue siendo un objetivo no alcanzado, una realidad que se suma a la crisis que experimentan los derechos humanos en la actualidad.

La creciente vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes en muchas partes del mundo apunta a una catástrofe humanitaria de proporciones gigantescas. Las cifras demuestran este hecho. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales. Esto significa que el 3,6% de la población mundial se encuentra desplazada de sus lugares de origen.

En muchas sociedades del Norte Global, los migrantes se han convertido en chivos expiatorios de partidos populistas de extrema derecha. Se les acusa de aumentar los índices de criminalidad, de sustituir a los ciudadanos de sus empleos, de abusar del seguro social, entre otras acusaciones sin fundamento riguroso. A pesar de este rechazo, millones de personas han atravesado las fronteras de forma irregular para establecerse en países en los que no se les reconocen sus derechos fundamentales. La ausencia del derecho a tener derechos, denunciado por Hannah Arendt, sigue afectando a los migrantes que carecen de un Estado que los proteja.

La solución del problema migrante, en consecuencia, debe trascender los marcos socioeconómicos en los que se le ha analizado hasta el momento. Una de las grandes omisiones es que la contribución de los migrantes es poco reconocida cuando se examina el problema de las dimensiones económicas de la migración. Existe una asimetría entre el hecho de que los migrantes son expulsados de sus países —especialmente debido a políticas neoliberales que han dominado durante las últimas tres décadas— y la contribución que estos hacen a la economía nacional. Los inmigrantes llegaron a los Estados Unidos por las fallidas políticas neoliberales que trajeron pobreza a los países expulsores de quienes hoy migran. No se puede esperar, en consecuencia, que el problema de la expulsión migrante sea resuelto siguiendo el mismo modelo económico que ya ha demostrado sus carencias.

Se puede hacer hincapié en dos aspectos que tienen una relación cercana. En primer lugar, las remesas insertan a gran parte de la población guatemalteca como consumidores, pero no genera ingresos que puedan apuntar a su crecimiento económico. En segundo lugar, el costo de la migración va en paralelo con una caída económica que aumenta la vulnerabilidad —un fenómeno ilustrado por la pérdida de tierras en las comunidades campesinas cuyos miembros deben cubrir los altos costos que implica buscar el sueño migrante. A estos factores se les debe agregar las prácticas usureras, corrupción, desempleo, violencia sociopolítica, crimen organizado, descomposición social y demás situaciones que ahondan la precariedad de la vida en Guatemala.

En este contexto, la población rural e indígena debe beneficiarse de políticas integrales que ataquen las raíces de la migración. La persistencia de la pobreza y pobreza extrema en el sector rural en Guatemala ha hecho que muchas familias campesinas, que, en su mayoría de pueblos indígenas busquen en la migración a gran escala una vía de sobrevivencia. Un dato relevante es que, desde los inicios del segundo milenio, muchos de los y las inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos eran mayas rurales, procedentes de las áreas no urbanas de Guatemala. Estos empezaron a llegar a las ciudades emergentes en varios Estados de los Estados Unidos donde no había previa migración latinoamericana, y así se han ido estableciendo a pesar de las condiciones vulnerables en las que han tenido que enfrentarse desde su llegada. Por esta razón, no es muy raro encontrar comunidades indígenas establecidas en el corazón de los Estados Unidos —como he tenido oportunidad de comprobar en las áreas circundantes a Cincinnati, en Ohio. Estos grupos han llevado su cultura a estos lugares.

Para concluir, los migrantes deben reconocer su importancia como actores políticos e incidir en la transformación justa de la sociedad guatemalteca. De ahí la necesidad de que, como primer paso, la comunidad migrante en Guatemala, tanto la rural como la no rural, determine sus caminos de participación en la esfera política guatemalteca.