La justicia transicional es un concepto fundamental que trata de un proceso en el que se buscan mecanismos para abordar los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en el pasado, con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas, la verdad, la reparación y la no repetición de dichas violaciones.

Actualmente se está realizando el juicio por el delito de genocidio, crímenes contra la humanidad, desapariciones forzadas y violencia sexual contra el pueblo Maya Ixil en contra de Lucas García.  La Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR) actúa como querellante adhesiva dentro de este caso y se le acusa de haber ordenado más de 30 masacres y destruir 23 aldeas cuando Lucas García dirigía el ejército entre 1981 y 1982.

Es relevante destacar que los procedimientos de este tipo no son simples y a menudo generan controversias. A pesar de las dificultades que puedan surgir, la justicia transicional juega un papel fundamental en el fortalecimiento de sociedades democráticas y en la promoción de la paz.

La historia de Guatemala está marcada por el conflicto armado interno, décadas en las que se cometieron serios delitos contra la humanidad, violencia y atrocidades que han dejado cicatrices profundas en la sociedad guatemalteca.

Durante un trágico período en el que Efraín Ríos Montt y otros altos mandos militares gobernaron, se perpetraron atrocidades inhumanas, incluyendo crímenes de lesa humanidad y genocidio, en contra de la comunidad indígena, marcando así uno de los capítulos más sombríos de esta narrativa histórica.

El juicio que se está llevando a cabo ante los tribunales de justicia, es uno de los casos más emblemáticos relacionados con el genocidio en Guatemala, ya que, a Benedicto Lucas García, se le acusa de haber estado involucrado directamente en la planificación y ejecución de crímenes atroces contra la población indígena maya Ixchil. Este juicio representa un paso crucial en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas porque durante el mismo se han podido escuchar diversos testimonios de víctimas que sobrevivieron la crueldad de las acciones ejecutadas por el ejército, así como a distintos expertos en la materia quienes con sus testimonios y experiencia han podido contribuir al esclarecimiento de estos hechos.

La importancia de llevar a los responsables de crímenes de genocidio ante la justicia no puede ser subestimada. Como señala el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, la impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno ha perpetuado un ciclo de violencia y falta de confianza en las instituciones del Estado.

En estos procesos no solo se busca castigar a los culpables, sino también que no se olvide que ocurrieron estos crímenes para que no queden en la impunidad pues los responsables deben ser castigados y también los daños deben ser reparados. El camino hacia la justicia en estos casos no es fácil ya que en muchas ocasiones son invisibilizados y no tratados con la importancia debida. Así también se enfrentan con obstáculos políticos, la corrupción, la impunidad y la falta de voluntad de las autoridades para investigar y enjuiciar a los responsables, solo por mencionar algunas de las barreras que enfrentan los procesos judiciales en casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Este caso es un recordatorio de la necesidad de rendir cuentas por los crímenes inhumanos cometidos en el pasado y de la importancia de que sean juzgados quienes los hayan cometido y de que haya personas que estén luchando porque se haga justicia a las víctimas sobrevivientes y sus familias. Por ello, es fundamental que las asociaciones civiles guatemaltecas y la comunidad internacional continúen acompañando estos casos, a las víctimas sobrevivientes y sus familiares para que se haga justicia. Como bien dijo Edmund Burke, “Para que el mal triunfe, solo se necesita que los buenos no hagan nada”.

#SiHuboGenocidio