Tres días de sendos reportajes sobre la moda de medicamentos amparados y recetados por las jurisdicciones de trabajo o de la Corte de Constitucionalidad ocuparon el tiempo del diario oficial, el Diario de Centroamérica. Un criterio lógico de ciudadanía y democratización, y estoy muy de acuerdo, tiene que ver con mantener a la prensa independiente, y no usarla como pasquín de las actividades de gremio o grupo de interés alguno. Pero me imagino que, siendo el Diario Oficial, debe guardar alguna congruencia con el interés colectivo y la economía popular; al menos con el actual clima de discusión pública, encabezado por el gobierno de turno.
Resulta ser que, cuando el propio gobierno anunciaba la firma de un gigantesco convenio de 900 millones de dólares con UNOPS -la oficina de Naciones Unidas que ayuda a procurar adquisiciones ágiles y competitivas, gracias a su fuero internacional-, el Diario de Centroamérica abogaba por la dotación de medicamentos amparados, liderados por ligas de usuarios de enfermedades crónicas, conocidos despachos de abogados y por supuesto recetados por contubernios -a veces- entre médicos privados y los del IGSS.
El tema lo hemos abordado reiteradas veces, y aquí repetimos pensadas anteriores: En junio de 2023 el Diario La Hora alborotó el cotarro, con un reportaje de Lucero Sapalú, que despertaba al gigante dormido en el letargo de la impunidad que vuelve a tratar de reinar. Se trataba de las onerosas adjudicaciones del IGSS a dos o tres oligopolios distribuidores -llámese droguerías, pero no son más que simples bodegonas-.https://lahora.gt/nacionales/lucero_sapalu/2023/06/06/adjudicaciones-del-igss-encienden-alarmas-por-precio-de-compra-versus-precio-de-mercado/
El medicamento de la polémica volvía a ser el conocido Aprovel, recetado hasta la saciedad por diversas unidades ejecutoras del IGSS, y cuyo precio, en sus inicios de reinado y égida hace unos cinco años era diez veces mayor a los medicamentos que ocupaban los segundos lugares en las juntas de licitación.
Ya alguna vez escribí que cuando me tocó estar por esos ambientes muy bien recuerdo a la Junta Directiva irse en contra de la propia Junta de Licitación, cuando ésta presentó, por intermedio de la Subgerencia Administrativa y la de Prestaciones en Salud, una licitación del famoso Aprovel en donde se le asignaba a una de las droguerías preferidas un lote de medicamento valorado en Q170 millones, mientras que el segundo lugar en calificación, por el mismo lote comprendía el monto de Q17 millones. Sin vacilar, la Junta Directiva en pleno se volcó por el segundo lugar, a pesar de todas las consecuencias que podría tener una decisión contraria a las sacrosantas juntas de licitación, tan manoseadas por la hoy vetusta – a pesar de sus reformas- Ley de Contrataciones del Estado.
Siri Gloppen y Mindy Jane Roseman https://www.cmi.no/publications/5828-la-lucha-por-los-derechos-de-la-salud me orientaron a saber hasta qué punto los litigios vinculados con los derechos a la salud son positivos. Así también qué hacer en términos de herramientas jurídicas o económicas -de inteligencia de mercados ante todo- cuando el seguro social se encuentra arrinconado por una sentencia-.
Cuando vienen las sentencias de los jueces, es forzoso obligado que el IGSS impulse explicaciones y advertencias claras a los togados, además evitar el viciado recurso del proveedor único que es el que, al menos debe evitarse en estos casos. En recientes operaciones sobre la compra de Plavix y Aprovel en el IGSS, y con la venia de la Contraloría de Cuentas, el proceso en el IGSS fue de proveedor único, siendo el mismo un tema del cual hay abundantes resoluciones de la propia Junta Directiva para evitarlo; pero sospecho que están por allí muy bien engavetadas dentro de la miríada de papeles que aún se manejan en una institución administrada a la vieja usanza en donde aún reinan vetustos conceptos legales como: providencias, alcances, oficios y demás burocratismos de la vieja escuela de la administración.
Recordemos que el tan afamado Aprovel es producido por Sanofi-Aventis, e internado por Sanofi-Aventis de Guatemala, monopolizados en el medio por J.I. Cohen, Farmacia Lanquetin y Bodega Farmaceutica S.A. Agefinsa. Todas ellas propiedad de conocidas familias bodegueras e internadoras de medicamentos, con grandes influencias en la esfera estatal y en la macolla de las altas cortes jurisdiccionales, y con abundantes ramificaciones con bufetes de abogados y encopetadas clínicas médicas privadas.
¿Cómo evitar al proveedor único? Ya hay abundantes recomendaciones. Hace varios años la agencia UNOPS realizó un estudio para el IGSS denominado “Vabilidad de estrategias de adquisición de medicamentos de un único registro ante la Agencia Reguladora Nacional”. El mismo se envió a los cuerpos gerenciales y aquí llamo la atención de una oficina que tiene harta responsabilidad en el asunto: el Consejo Técnico del IGSS. Adicionalmente a las gerencias resulta ser tal Consejo, muy bien pagado por cierto, al que la Junta Directiva debiera acudir para encomendarle misiones importantes como la que hoy nos ocupa y escudriñar sobre: ampliar la base de proveedores teniendo en cuenta las regulaciones de los ministerios de salud y economía; estudiar adecuadamente los temas de libre comercio y de licencias obligatorias, para evitar el monopolio de marcas y patentes y, por supuesto, compras en el exterior. Es este un tema que compete también al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, y al Consejo Nacional de Salud, ahora con buen apoyo, de nuevo, de la conocida UNOPS.
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