La desnutrición en Guatemala es un problema que ha persistido a lo largo de los años, afectando especialmente a la población infantil en las comunidades rurales e indígenas. Determinar con precisión cuántas muertes por desnutrición han ocurrido en Guatemala en los últimos 100 años es difícil debido a la falta de registros consistentes y confiables durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, algunos estudios y reportes históricos permiten vislumbrar las dimensiones de la crisis de desnutrición en el país, especialmente desde la segunda mitad del siglo pasado.

Antes de los años 1970, los registros son más escasos y las cifras mucho más imprecisas, pero es razonable suponer que las tasas de mortalidad relacionadas con la desnutrición habrían sido igualmente alarmantes, dada la extrema pobreza y la falta de acceso a servicios de salud en el país.

En la década de 1970-1980 las tasas de desnutrición y mortalidad infantil eran extremadamente altas, especialmente en las zonas rurales e indígenas. No existen estadísticas precisas sobre el número total de muertes por desnutrición en estos años, pero se sabe que las tasas de mortalidad infantil relacionadas con la desnutrición eran alarmantes.  Según algunos reportes, en las décadas de 1980 y 1990, Guatemala tenía una de las tasas más altas de desnutrición crónica infantil en América Latina, afectando entre el 50 al 60% de los niños menores de cinco años en algunas regiones. A pesar de la falta de registros detallados, se estima que miles de niños murieron durante estas dos décadas debido a la desnutrición aguda y enfermedades relacionadas.

La Organización Panamericana de la Salud y UNICEF señalaron que entre los años 2000 a 2010 la desnutrición crónica infantil en Guatemala seguía afectando a casi la mitad de los niños menores de cinco años. En esta época las muertes por desnutrición aguda comenzaron a ser monitoreadas más consistentemente. En promedio, durante estos años, se registraban alrededor de 100-300 muertes por desnutrición aguda cada año.

A partir de 2010, las cifras de muertes por desnutrición han sido más claras. Entre 2010 y 2020, las estadísticas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicaron que Guatemala registra entre 100 y 300 muertes anuales relacionadas directamente con la desnutrición aguda.

El «Pacto Hambre Cero» fue una de las principales políticas implementadas por el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), cuyo objetivo era reducir los índices de desnutrición infantil aguda. Sin embargo, los datos presentados en los informes de su gobierno no coincidieron con las cifras reales. Según el Tercer Informe de Gobierno de Pérez Molina, los casos de desnutrición aguda infantil disminuyeron de 13,513 en 2012 a 12,557 en 2014. Sin embargo, el Sistema Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSPAS) informó que en 2012 hubo 14,020 casos de desnutrición aguda, cifra que aumentó a 18,093 en 2013, y para el final de 2014 se reportaron 15,441 casos. Estas discrepancias revelaron una tendencia preocupante de manipulación de datos con fines políticos.

El informe del gobierno también presentaba una tasa de mortalidad infantil que no reflejaba la realidad. Según el documento, la tasa de mortalidad infantil se redujo de 11 muertes por cada 1,000 nacidos vivos en 2012 a 9.6 en 2014. No obstante, los datos del Registro Nacional de Personas (RENAP) y el MSPAS indicaron que en 2012 murieron 7,369 niños menores de un año, lo que elevaba la tasa real a 18.96 por cada 1,000 nacidos vivos, muy por encima de lo reportado oficialmente.

El gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) heredó un sistema de salud pública en crisis, agravado por la corrupción y la falta de inversión en infraestructura. Durante su administración, se reportaron 64,397 casos de desnutrición aguda en niños menores de cinco años, lo que refleja un aumento significativo en comparación con el periodo anterior. A pesar de la implementación de programas como el «Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032«, orientado a mejorar la seguridad alimentaria, la ejecución fue ineficiente y no logró reducir de manera efectiva los casos de desnutrición.

Uno de los mayores problemas durante la administración de Morales fue la falta de continuidad en los programas de nutrición y la fragmentación de las políticas públicas. Aunque el gobierno invirtió en campañas educativas y programas de asistencia alimentaria, las comunidades rurales más afectadas por la desnutrición crónica no recibieron los recursos necesarios para enfrentar la crisis.

El gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024) lanzó la «Gran Cruzada Nacional por la Nutrición«, un programa ambicioso que buscaba reducir la desnutrición crónica en el país. Sin embargo, la implementación de este plan ha sido fuertemente criticada por su falta de alcance y por la limitada capacidad de las instituciones encargadas de llevarlo a cabo. El presupuesto asignado para combatir la desnutrición en 2023 fue de 10,694.3 millones de quetzales, pero gran parte de estos fondos se destinaron a cubrir planillas, dejando poco para la ejecución efectiva de los programas.

Durante los primeros tres años de la administración de Giammattei, el Ministerio de Salud reportó más de 76,312 casos de desnutrición aguda en niños menores de cinco años. Los departamentos más afectados, como Alta Verapaz, Escuintla y Chiquimula, continuaron mostrando altos índices de desnutrición, y los casos de mortalidad infantil vinculados a la desnutrición no disminuyeron significativamente. Para 2020, se reportaron alrededor de 46 muertes por desnutrición aguda, un número que refleja las intervenciones de programas como «Hambre Cero», aunque aún insuficiente.

En cuanto a la respuesta gubernamental, la Cruzada no logró mejorar los mecanismos de monitoreo y detección de casos en las comunidades rurales. Los voluntarios y promotores de salud que trabajan en las zonas más afectadas informaron que no recibieron suficientes recursos ni capacitación para atender adecuadamente la crisis.

A partir de la pandemia de COVID-19 y el impacto de fenómenos climáticos como las tormentas Eta e Iota, el problema de la desnutrición se ha intensificado. En 2022, el Ministerio de Salud reportó 68 muertes de niños menores de cinco años debido a la desnutrición. En 2023, hasta octubre, se han reportado 50 muertes confirmadas por desnutrición aguda, con otros 119 casos bajo investigación.

El presidente Bernardo Arévalo, cuando recién había sido electo prometió dar prioridad a la lucha contra la desnutrición infantil. En sus discursos de campaña, subrayó la necesidad de una política más inclusiva que aborde las causas estructurales de la pobreza y la inseguridad alimentaria. Su enfoque busca integrar a las comunidades indígenas y rurales en la planificación de las políticas públicas y garantizar que los programas de salud lleguen a las áreas más marginadas.

Arévalo ha señalado que uno de los principales desafíos de su administración es restablecer la confianza en las instituciones de salud y mejorar la transparencia en la recopilación de datos. Su plan incluye la creación de un sistema de monitoreo más riguroso y colaboraciones más estrechas con las organizaciones internacionales para asegurar que los fondos destinados a combatir la desnutrición se utilicen de manera efectiva. Sin embargo, en octubre de 2024 el Informe de Salud reportó la muerte de 50 niños por desnutrición aguda sólo en este año.

Si tomamos en cuenta un promedio aproximado de 100-300 muertes anuales por desnutrición aguda en los últimos 50 años, podemos estimar que, entre 5,000 y 15,000 personas, en su mayoría niños, han muerto por desnutrición aguda en las últimas cinco décadas. La crisis de desnutrición en Guatemala está profundamente entrelazada con la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos. Aunque las iniciativas gubernamentales han intentado abordar el problema, la falta de continuidad y la corrupción han impedido avances significativos.

Para enfrentar la desnutrición de manera efectiva, es necesario un enfoque integral que aborde no solo la provisión de alimentos, sino también la mejora de las condiciones de vida de las familias guatemaltecas. Las inversiones en educación, infraestructura y salud pública son fundamentales para romper el ciclo de pobreza que perpetúa la desnutrición.

La agricultura sostenible es otro pilar clave. El apoyo a los pequeños agricultores, la diversificación de los cultivos y la creación de sistemas de mercado locales más resilientes pueden ayudar a mitigar el impacto de las fluctuaciones en el mercado global y el cambio climático en la producción de alimentos.

Las muertes por desnutrición en Guatemala son una tragedia que ha afectado a miles de familias, especialmente en las zonas rurales e indígenas. Los programas realizados en los gobiernos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales, y Alejandro Giammattei, no fueron efectivos para abordar el problema de manera integral.

Con la administración de Bernardo Arévalo, existe una nueva oportunidad para reformar el enfoque del país hacia la desnutrición, centrándose en la equidad, la justicia social y la sostenibilidad, reestructurando el enfoque del país hacia la desnutrición. Sin embargo, solo el tiempo dirá si estas promesas se traducen en acciones que realmente transformen la vida de los más vulnerables en Guatemala. La lucha contra la desnutrición debe ser una prioridad nacional, y con los recursos adecuados, la transparencia y la voluntad política, es posible revertir esta tendencia y asegurar el mañana saludable que la niñez guatemalteca merece.