El canciller de Morales, Carlos Raúl Morales, cuestionó a Velásquez y al embajador de EE. UU. Todd Robinson porque defendía la CICIG. Esa declaración Morales la hizo en compañía del nuncio Nicolás Thevenin, asistente de un cardenal corrupto en la Santa Sede, y cuestionó a Robinson por interferir en los asuntos internos del país. De ahí en adelante puso a la Cancillería al servicio del presidente Jimmy Morales para cuestionar a la CICIG que investigaba el financiamiento ilícito de varios partidos, entre ellos el partido oficial, de la UNE y otros en la última campaña electoral. Jimmy Morles se enervó cuando los militares que lo llevaron a la Presidencia se dieron a la fuga al ser perseguidos por Velásquez y la nueva fiscal Thelma Aldana, que fue puesta por Pérez Molina, quien no se doblegó ante éste y con Velázquez formaron un dúo que puso a temblar a la clase política y a la élite económica que compraba la justicia.
Morales politizó a la cúpula castrense con un bono ilegal de Q50 mil a cada uno, y otro para él mismo en tanto que comandante del Ejército. Así, resucitaron al enemigo interno de la Guerra Fría: el campesinado, los izquierdistas, los inconformes, los “comunistas”. Volvió la militarización de la política y la politización del Ejército en contra de los Acuerdos de Paz de 1996 avalados por la ONU y la comunidad internacional. Los militares en retiro se unieron a la élite y a la clase política corrupta mientras algunos de sus intelectuales orgánicos en los medios que se dieron por difamar a Iván Velásquez, a la CICIG y a las Naciones Unidas (como lo había sufrido el anterior comisionado Carlos Castresana). El sistema mandó a altos empresarios y diputados a cabildear en Washington con el apoyo de del embajador de Guatemala Manuel Espina (hijo del vicepresidente Gustavo Espina) para mal informar que Velásquez intervenía en los asuntos domésticos, pero en esa oportunidad no tuvieron eco, pero el canciller Morales armó con otros embajadores una estrategia para declarar a don Iván persona non grata, a pesar de estar vedado por los Convenios de Viena. Como un distractor el canciller Morales promovió una consulta popular sobre el diferendo con Belice, para crear unidad nacional alrededor del presidente Morales, mientras se atacaba a la CICIG de manera paralela.
La consulta popular sobre Belice tuvo el aval del Tribunal Supremo Electoral, pero la misma fue cuestionada por expertos porque no se ceñía a los artículos 19 del Capítulo de Disposiciones Transitorias y Finales de nuestra Constitución y del artículo 173, que ordenaban que antes se debió haber discutido pública y ampliamente su contenido, para luego ser aprobado o desechado mediante el voto de los ciudadanos. Así, con un setenta y cinco por ciento de abstención, ganó el sí en 2020 y ambos países llevaron el caso a la Corte Internacional de La Haya.
De hecho, la única política exterior del presidente Jimmy Morales en su gestión de 2016 a 2020 fue defenderse y defender al sistema corrupto desnudado por la CICIG. Es decir, puso a la cancillería al frente de ese esfuerzo en contra la CICIG. Jimmy Morales por eso escogió como nueva fiscal a la abogada Consuelo Porras, cuyo esposo estaba ligado a la inteligencia militar, cuyos ex miembros en retiro fueron los que lo llevaron como candidato a la Presidencia. Jimmy Morales, su canciller Morales y sus embajadores expresaban que Iván Velásquez había dividido a los guatemaltecos ante la comunidad internacional y la ONU. El canciller Morales, como se dijo, declaró “persona non grata” a Velázquez y acompañó al presidente Morales a la sede de la ONU en Nueva York en compañía del embajador Skinner-Klee y Acisclo Valladares. Allí tuvieron una discusión el presidente y el canciller pues el presidente lo culpó del mal trato que recibió en la sede la ONU de parte del Secretario General Antonio Guterres. El canciller partió de Nueva York a Tokio a una visita programada de antemano y allí nuestra embajada en Japón le entregó el acuerdo de su remoción. El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Ramiro Martínez no quiso asumir la carga de la lucha contra la CICIG y, por ende, también fue removido. La viceministra Anamaría Diéguez por la misma razón prefirió renunciar antes de hacerse cargo de Cancillería. Al poco tiempo Jimmy Morales nombró canciller a la impresentable Sandra Joviel, pese a que era procesada por un delito. Se compró a la justicia y salió libre de cargos. Así, ella utilizó la estructura de cancillería y sus directores para luchar en contra de la CICIG de manera burda. El objetivo era cerrarla y ya no renovar su continuidad. Su embajador ante la ONU Jorge Skinner-Klee en 2018 expuso que “estamos divididos y polarizados por Iván Velásquez…”. Era un loro que repetía lo que le dictaba Morales y su canciller Jovel. Skinner-Klee, tataranieto del dictador Rafael Carrera y cuyo bisabuelo fue canciller del dictador Jorge Ubico y su padre fue canciller del dictador Castillo Armas. Difamó de nuevo a la CICIG ante el secretario general de la ONU Guterres. El deseo de venganza personal de Morales fue obvio al afirmar que no renovará el mandato de la CICIG, contrario a sus promesas electoreras. La obstrucción a la justicia era obvia porque Morales estaba siendo acusado por varios delitos por la CICIG y se había pedido el antejuicio para poder procesarlo. Empero, las cortes y el Congreso, dominados por la mafia política, no lo permitieron. Skinner-Klee dio más declaraciones políticas en defensa al presidente ya no como un simple ejecutor de la política exterior, pues se volvió un defensor de oficio de Jimmy Morales junto con la canciller Jovel. (Puede ver: https://www.wola.org/es/2018/09/ataque-del-gobierno-de-guatemala-contra-comision-anticorrupcion-es-un-intento-descarado-de-obstruir-la-justicia/
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