En el ámbito de la política y la gestión pública, la transición de mando de un gobierno conlleva una serie de desafíos, especialmente cuando el gobierno entrante hereda los efectos de la corrupción y la impunidad del gobierno saliente. El gobierno del presidente Bernardo Arévalo es heredero de una serie de gobiernos saqueadores del Estado; los últimos dos, sin duda alguna, los peores y más corruptos de la historia democrática del país. Me atrevería a aseverar que, sin excepción, las administraciones que nos han gobernado han sido corruptas; no obstante, durante los periodos de Jimmy Morales y Alejando Giammattei se institucionalizó el flagelo de la corrupción. Morales sentó las bases para que Giammattei fuera capaz de cooptar el Estado guatemalteco. Los efectos son múltiples y poco a poco se manifiestan de diferentes formas y afectan áreas fundamentales como la infraestructura, la institucionalidad y la gobernabilidad. Sus efectos nos acompañarán por décadas. ¿Qué les toca hoy a los guatemaltecos y al gobierno del presidente Arévalo?

En primer lugar, la corrupción y la impunidad en el gobierno saliente han creado una herencia de obras públicas inconclusas, mal ejecutadas o sobrevaloradas. Seguir culpando al cambio climático por la destrucción de la escasa o deplorable infrastructura es mentirnos a nosotros mismos y permite que los verdaderos responsables continúen en el anonimato.

La corrupción ha impactado la infraestructura del país, generando retrasos, sobreprecios y deficiencias que afectan a la población y dificultan el desarrollo sostenible. El nuevo gobierno se enfrenta entonces al reto de gestionar adecuadamente estos proyectos, buscando soluciones transparentes y eficientes para mitigar los daños causados, todo esto dentro de un modelo de corrupción e impunidad que no conoce de transparencia, institucionalidad ni eficiencia. Le toca a este gobierno trabajar con lo que tiene a su alcance, con lo que es viable y con quienes quieran sumarse a su gestión. Acostumbrados a vivir en un entorno corrupto e impune, es ingenuo pensar que los actores primarios de nuestro modelo político-económico-social están libres de este mal y que salirse de este círculo vicioso les será fácil. Por mucho tiempo ya, en este país la gran mayoría de las cosas fluyen de la mano de la corrupción, de una u otra manera. Por ello, pretender alianzas pulcras en este proceso no es más que una utopía y si aspiramos a salir de nuestra condición perpetua, será con los mismos que han sido protagonistas de nuestra historia, pero que son conscientes de que seguir así no es sostenible. Le toca a este gobierno sucumbir ante el monstruo de la corrupcion e impunidad o ser el catalizador del cambio, pasando por un tamiz a quienes le acompañarán en esta titánica maniobra, pero logrando alianzas con otro propósito y de beneficio para todos. Solo hay dos caminos para el gobierno del presiente Arévalo: se suma a la lista de impresentables saqueadores del Estado, o pone la primera piedra en la construcción de un país diferente.

En cuanto a la institucionalidad, la corrupción mina la confianza de la ciudadanía en las dependencias del Estado, socavando su legitimidad y debilitando la capacidad para garantizar el Estado de derecho. Los pocos avances del pasado han sido sepultados por los dos últimos gobiernos, destruyendo la institucionalidad del Estado y subyugándolo al servicio del mejor postor.  El gobierno entrante debe trabajar en la reconstrucción de la confianza pública, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión para erradicar la corrupción que existe en total impunidad y prevenir que continúe en el futuro. Para ello no cuenta con el apoyo de aquellos responsables de legislar y de los que deben velar porque se cumpla la Ley y se haga justicia. Es más, con estos la batalla continúa y no darán tregua hasta verle fracasar, pues su existencia y la del modelo que defienden depende del fracaso del gobierno actual. Su meta es sellar de una vez por todas cualquier posibilidad de cambio.

La corrupción y la impunidad afectan la gobernabilidad del país, generando conflictos sociales, descontento popular y crisis políticas que ponen en riesgo la estabilidad democrática. El gobierno entrante se ve obligado a lidiar con estas tensiones, buscando restablecer el orden, promover el diálogo y construir consensos para avanzar en la agenda de desarrollo económico y justicia social. Hoy en día parece ser que Arévalo y su gobierno no logran guiar el barco y que este navega a la deriva. Sin embargo, mucho tiene que ver con lo que les ha tocado cosechar. Guatemala hoy cosecha y continuará cosechando lo que por más de treinta años de un modelo perverso ha sembrado.

En conclusión, la herencia de corrupción e impunidad del gobierno saliente representa un gigantesco desafío para el gobierno entrante en términos de infraestructura, institucionalidad y gobernabilidad. Talvez este sea su mayor reto. Sin embargo, con voluntad política, transparencia y participación ciudadana es posible superar los obstáculos y sentar las bases para un sistema político más justo, ético y eficiente. Muchos se sumarán si el gobierno del presiente Arévalo da los pasos correctos, pero su tolerancia y paciencia dependerán de una comunicación transparente de sus gestión. Lo que le toca a este gobierno es sembrar su propia semilla y no cosechar los frutos de más de treinta años de corrupción e impunidad. A los guatemaltecos nos tocará abrir los ojos y de una vez por todas comprender que somos los responsables de llevar a quienes nos gobiernan al poder, ¡seguiremos cosechando lo que sembremos!