La restauración de la democracia que los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei redujeron casi a cenizas avanza a paso lento en Guatemala. 

Una señal inequívoca de que un país ha cruzado la línea hacia el autoritarismo es la forma en que el poder responde al ejercicio de la libertad de prensa. Países como Venezuela o Nicaragua son un lamentable ejemplo de esa forma arcaica de castigo, y Guatemala no ha retrocedido en ese deleznable propósito. 

La reciente criminalización del periodista Diego España, de La Hora, impulsada por el propio Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y sancionado por 42 países alrededor del mundo, dejan claras las intenciones del poder: si el periodismo es crítico, el castigo debe ser ejemplar. 

A este caso se suman las amenazas vedadas que la fiscal general Consuelo Porras, también sancionada a nivel internacional por sus acciones corruptas y antidemocráticas, profirió contra periodistas críticos como Leslie Sánchez, de Guatevisión y Prensa Libre, a quien Porras pidió identificar luego de que la cuestionara por los expedientes bajo reserva que el MP filtra a los Netcenter que operan impunemente en el país. 

Además, la amenaza de regresar a prisión al periodista Jose Rubén Zamora, a quien Amnistía Internacional declaró preso de conciencia y cuyo encarcelamiento fue considerado como tortura por la Organización de las Naciones Unidas, sigue latente.

Estas agresiones contra periodistas ocurren a semanas de la firma de la Declaración de Chapultepec y constituyen una violación flagrante a los compromisos internacionales que ha asumido el Estado en materia de derechos humanos y libertad de expresión. 

Tampoco podemos olvidar los casos de criminalización que continúan abiertos contra periodistas que trabajaron en elPeriódico, a quienes la FECI insiste en perseguir pese a que el proceso ya ha sido rechazado por un Juzgado de Primera Instancia y una Sala de Apelaciones. Nuestros directivos y otros colegas que hacen periodismo desde otros medios de comunicación continúan en el exilio a causa de este acoso ilegal e injustificado. 

Esta respuesta violenta contra el periodismo crítico se ejerce desde el Estado paralelo que Porras y sus esbirros han instaurado en un Ministerio Público que se rehúsa a avanzar en los grandes casos de corrupción que corroen los cimientos del país. La fiscal general cuenta con la silenciosa complicidad de algunos jueces y magistrados que ignoran, a propósito, que la libertad de expresión es un derecho constitucional y que “no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”, según reza el artículo 35 de la Constitución. 

Estos funcionarios judiciales, llamados a defender la Constitución y las leyes, también se olvidan de que no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan “denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos” y que el uso de otros artilugios legales, como la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, para intentar acallar a la prensa representa una grave violación a los derechos humanos. 

Hoy, Día del Periodista, hacemos un llamado a los tres poderes del Estado a que respeten la Constitución y exijan el cese del acoso obsesivo contra la prensa independiente, esa que no se pliega a los intereses del poder y que denuncia la corrupción donde la hay. 

También llamamos a nuestras audiencias a reflexionar sobre el significado de esta persecución ilegal contra la prensa, pues cada vez que un periodista es silenciado, encarcelado o forzado al exilio miles de personas pierden su derecho a acceder a información veraz y contrastada. 

En eP Investiga reafirmamos nuestro compromiso de seguir investigando y continuar ejerciendo un periodismo independiente que fiscalice al poder a pesar del acoso judicial y a pesar del exilio. 

Nos quedan historias por contar. Sin periodismo no hay democracia.