El costo de imponer, sin suficiente análisis, ni diálogo y consenso, correctamente comunicado entre sectores y sin previa antelación, puede derivar en caos. ¡Y así fue!

Confrontación, aprovechamiento de grupos desestabilizadores, pérdida de control y bloqueos, fueron el resultado.

Entre volcanes que explotan con furia e incendios que surgen en vertederos, el penúltimo martes de marzo, culminó en caos, exacerbándose el tráfico, impidiéndose la libre locomoción de las personas y con toda una ciudadanía paralizada y en tensión, se tuvieron consecuencias negativas, tanto para la economía, como para la seguridad y paz de las personas.

En esencia, nuestro país volvió a ser escenario de bloqueos, descontento y un enfrentamiento que parecieran nunca tener fin. Aquí se vive con un estado de ánimo cuasi bipolar, con sensaciones de altibajos, cual montaña rusa, en donde lograr pasar una semana sin esa depresión y adrenalina conjunta, pareciera ser imposible.

Esta vez, el epicentro del conflicto se tradujo en un sorpresivo decreto gubernativo que obligaba a los transportistas a contratar un seguro contra daños a terceros, medida que, aunque necesaria y lógica en términos de seguridad vial, fue impuesta sin la debida socialización y con un plazo de apenas 45 días.

El problema no era, ni es el seguro en sí, sino la forma y tiempos en que se pretendía imponer.

Según estudios en política y algunas investigaciones realizadas al respecto, lo recomendable, para decisiones gubernamentales que tengan de mediano a gran impacto en la población y cuyo objetivo afecte a sectores tan amplios y sensibles, es que deben ser tomadas con un alto grado de previsión, consulta y pedagogía social.

No se trata sólo de firmar un acuerdo, publicarlo en el Diario Oficial e imponerlo y mucho menos con tan poco tiempo para su total cumplimiento.

Las autoridades guatemaltecas afirmaban que hubo suficiente discusión sobre este tema, con los diversos sectores afectados e involucrados, sin embargo, la manifestación general era, que el mismo se desconocía y mientras tanto, las tensiones se acrecentaban con el transcurrir de las horas, del recién pasado martes 18 del presente mes.

Finalmente, ese decreto quedó derogado y se pregunta uno: ¿a qué costo?

Todo este terrible alboroto, calles bloqueadas, niños sin acceder a sus viviendas, daños de toda índole, desgaste entre sectores y como guinda del pastel, el aprovechamiento de los detractores de siempre que no cesan en sus intentos por retornar al poder para seguir saqueando al Estado.

¿Qué costaba hacer las cosas bien y con el debido proceso, sobre todo cuando se cuenta con el apoyo de ilustres ciudadanos, dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario por el bien de este país?

¿Qué nos dejó tan terrible situación y cuáles serán las lecciones aprendidas?

Todas estas preguntas invaden la mente de muchos e incluso de quien escribe estas líneas, pues estamos conscientes de los cambios positivos que existen y los que se quieren dar, más no a un costo que vaya generando un desgaste que finalmente no nos deje arribar a cambios sustanciales.

Estamos ante un gobierno que manifiesta obrar bien, con cero tolerancia hacia la corrupción y en donde se retorne a la institucionalidad.

Si es así, redoblar esfuerzos en una comunicación asertiva, previa y fluida, debe estar basada en estas tres premisas encapsuladas en las siguientes preguntas: ¿a quiénes afectará las decisiones que se tomen, cómo les afectarán las mismas y qué mecanismos pueden suavizar la transición e implementación de estas.

Con la ayuda de ello muy posiblemente el impacto sea menor y mucho más manejable.

No se trata sólo de dialogar.

¡Esto es sólo el mecanismo para desarrollar el proceso y la determinación de sus resultados!

Lamentablemente, las medidas tomadas, respecto al seguro, aunque buenas y necesarias, no se anticiparon a los intereses cruzados, a los grupos de choque que se infiltrarían en el conflicto, ni a la desinformación que aprovecharía la situación para aumentar el caos.

Y lo más grave: no se preparó para gestionar la crisis con rapidez y firmeza.

Estamos claros que urge tomar decisiones contundentes como estas, pero no a cualquier costo. No cabe duda que es complejo encontrar el equilibrio entre la enérgica forma de ejercer el poder y las acciones previas que deben ser sopesadas antes de ejercer éste con energía y determinación.

Estamos clarísimos que el seguro para transportistas no es un capricho; es una imperiosa necesidad para un país en donde los accidentes de tránsito dejan víctimas que muchas veces quedan sin protección.

Pero cuando se impone una medida sin el consenso mínimo de los interesados y afectados, lo que surge no es un avance, sino una fricción e incluso una fractura que únicamente debilita la gobernanza.

El país no está para este tipo de caos y conflictos, por lo que se necesita de quien diga verdades, aunque sean un tanto dolorosas.

No a todos se les puede escuchar o al menos aceptar la ayuda, sin embargo, sí existen ciudadanos que pueden aportar no sólo consejo, sino apoyo prudente y sustentable, para desensibilizar a la población para generar positivas alianzas, para juntos avanzar hacia la cogobernanza.

Gozar de autoridades que sustentan sus principios en el diálogo y puertas abiertas es un privilegio, por lo que hacerlo y practicarlo es fundamental.

Sólo así vendrá la cohesión entre gobierno y gobernados y, por sobre todo, las mejoras y progreso para Guatemala.

Como he comentado en oportunidades pasadas, no es de mi agrado sólo centrarme en la crítica, sin que ésta, esté acompañada de propuesta.

Me permito, de forma concisa, proponer una estrategia para la implementación de este seguro, de forma responsable, a reserva de ampliarlo, si el interés en la misma interesa:

• La implementación de diálogos profundos, sinceros y con el análisis suficiente entre sectores involucrados, para formular un proceso gradual, donde el seguro sea obligatorio en etapas, priorizando a esos sectores de alto riesgo y con incentivos iniciales.
• Dichos diálogos deberán ser abiertos, en donde participen los representantes de los sectores involucrados que puedan expresar preocupaciones y recibir información clara.
• Un acompañamiento financiero, explorando subsidios temporales o esquemas de pago accesibles para pequeños transportistas.

Sin estrategias como estas, lo que se generará siempre es resistencia y en medio de ésta, aparecerán los oportunistas y grupos que no buscan resolver el problema, sino amplificarlo para su propio beneficio.

Guatemala parece atrapada en un ciclo interminable de imposiciones, protestas y confrontaciones.

La única forma de romperlo es entendiendo que, en medio del caos, hay patrones de resistencia, pero también de oportunidad.

Allí donde todo parece perdido y fragmentado, aún existen puntos de inflexión. Lo que hoy parece un intento aislado de dignificación, mañana puede ser el fruto de un cambio irreversible.

¿Seguiremos permitiendo que este ciclo nos consuma o encontraremos la manera de transformarlo en algo que realmente nos haga avanzar?

¡Gobierno y población, escuchémonos, por favor!