¿Sabe usted realmente la importancia que tienen los Consejos de Desarrollo en Guatemala? Si lo sabe, excelente, y si no, permítame contarle un poco sobre ellos, pues estos pueden jugar un rol trascendental, en el contexto de la lucha anticorrupción.
Hoy, dichos espacios son todo lo contrario a aquello y en lugar de ser un centro de participación, ejecución y veeduría ciudadana, se han convertido en focos severos de ese flagelo, llamado corrupción, alejándose de la función para la cual fueron ideados.
Si nos diéramos la oportunidad de transformar esta realidad y volverlos funcionales para que coadyuven en la planificación y desarrollo del país, serían un fuerte y preciado contrapeso, saludable a la estructura gubernamental, especialmente a la parlamentaria.
Nacieron con la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 y fueron concebidos con la idea de propiciar esa participación de la ciudadanía en la planificación y gestión del desarrollo local, regional y por ende, el nacional, promoviendo así, uno de los baluartes más sagrados que perseguía aquella Carta Magna: la democracia.
Su organización está conformada de la siguiente manera:
- – Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR): Este es el órgano máximo, integrado por representantes del gobierno, sector privado y sociedad civil. Su función principal es definir las políticas y estrategias de desarrollo del país.
- – Consejos Regionales de Desarrollo (COREDUR): Son 8 en total, uno por cada región del país. Estos coordinan la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo en sus respectivas regiones.
- – Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE): Cada uno de los 22 departamentos consta de su propio Consejo y se encargan de priorizar y gestionar proyectos a nivel departamental.
- – Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE): Se encuentran en cada uno de los 340 municipios del país y facilitan la participación de las comunidades en la identificación y priorización de proyectos municipales.
- –Consejos comunitarios de Desarrollo (COCODE): Estos son la base de la estructura y están formados por comunidades locales, identificando necesidades de la población. Propone proyectos que luego se presentan a los COMUDE.
Como se mencionó con anterioridad, dichos Consejos de Desarrollo no sólo deben permitir esa sana participación de la población en la toma de decisiones relacionadas con el progreso de sus comunidades, sino que están llamados a elaborar planes que puedan brindar soluciones a sus necesidades, gestionando y supervisando todos esos proyectos en beneficio de su progreso, de acuerdo a sus planes establecidos y los recursos disponibles. Deben también promover la descentralización administrativa y financiera, permitiendo que las decisiones se tomen lo más cerca posible de las comunidades beneficiarias.
Dicho está, que lo anterior no se cumple, en clara contravención al espíritu que les dio vida y para lo que fueron creados, siendo una de sus principales falencias la falta de transparencia en la gestión de los recursos y la rendición de cuentas respecto al uso de estos últimos.
La asignación vigente para los aportes del Gobierno Central a los Consejos Departamentales de Desarrollo es de Q4,044.2 millones y la iniciativa de ley 6403, correspondiente a la Ampliación Presupuestaria del Ejecutivo propone incrementar ese aporte en Q2,156.9 millones, divididos en Q481.9 millones de incremento al aporte ordinario y Q1,675.0 millones de aporte extraordinario. De ser aprobada la ampliación presupuestaria, el aporte total sería de Q6,201.1 millones.
Cabe mencionar que el Icefi ha recomendado al Congreso de la República, no aprobar el incremento al aporte extraordinario por Q1,675.0 millones.
Surge entonces la pregunta obligada: ¿responde esta cantidad erogada a la inversión existente? Con estos montos debiéramos tener educación, salud e infraestructura de calidad. Sin embargo, es todo lo contrario y entonces se deviene la siguiente pregunta: ¿en dónde está el dinero?
Hoy más que nunca es imperativo poner atención a estos espacios y provocar que los mismos funcionen para lo que fueron concebidos y no sean otra fuente infame de corrupción.
Redoblar esfuerzos en la observancia para constatar quienes serán los nuevos integrantes que nos representarán en estos espacios será fundamental, pues de ello dependerá que sigamos como estamos. Estas personas deberán ser realmente capaces, íntegras y honorables, para desempeñar esa labor con alta responsabilidad y en beneficio real de la ciudadanía y no de intereses particulares. Estamos a tiempo de monitorear lo anterior, para trabajar en pro del desarrollo con legitimidad y transparencia.
Hago un llamado a los integrantes de todos los sectores de este país, para que se involucren y analicen quienes serán sus representantes, no permitiendo más que la capacidad técnica y administrativa de sus miembros se vea comprometida, echándose a perder una herramienta clave para la gestión participativa del desarrollo. Ignorar lo anterior podría llevarnos nuevamente al fracaso y perder grandes aliados para luchar contra la corrupción.
La democracia es sinónimo de participación, por lo que no puede hablarse de ella y mucho menos exigirse, sin ni siquiera conocer e involucrarnos en los espacios más cercanos que nos representan.
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