Las elites burocráticas judiciales criminales han llegado a constituirse en la principal amenaza para la democracia y la estabilidad del gobierno de Bernardo Arévalo. No necesariamente son impuestas desde afuera. Surgen desde el Estado y emplean el poder público para enriquecerse con sus socios a través de esquemas corruptos y criminales que socavan el Estado de derecho, con el fin de proteger sus actividades y garantizar su impunidad.

Cuando estas instituciones excepcionalmente han desarrollado instrumentos de combate al crimen y la corrupción -como fue en nuestro caso entre 2007 y 2021- las boicotean, destruyen las investigaciones, aíslan y persiguen a los fiscales, jueces y magistrados que les resultan disfuncionales. Tienen licencia oficial para coaccionar, apresar y desterrar a quienes consideran que amenazan sus intereses. Participan en los foros internacionales en los que se coordina la cooperación de los Estados democráticos para contrarrestar el crimen organizado transnacional.

Básicamente deciden quiénes ocupan los altos cargos en las cortes y en el Ministerio Público. Lo que hemos visto hasta ahora relativiza la idea de que actores no estatales corrompen e infiltran las instituciones públicas. Al jubilarse, algunos de sus agentes montan servicios de asesoría a grupos criminales para resolver sus asuntos en el sistema judicial, fomentando una zona gris de relaciones. El Estado puede ser -y ha sido históricamente- un agente criminal con capacidad de fomentar actividades ilícitas.

Cuando surgen agentes no estatales en la escena de la reconfiguración de ciertas porciones del sistema judicial -por lo general cada cuatro o cinco años- se despierta entre los observadores externos la inclinación a sobreestimar la influencia de estos, porque en los mapas de poder aparecen como grandes nodos capaces de procesar intereses de diversos sectores. Fue lo que ocurrió en 2014 con Gustavo Herrera articulando la nueva CSJ y Roberto López en Salas de Apelaciones, o en 2020, de acuerdo con la investigación publicada por ePinvestiga el pasado 30 de abril, con Gustavo Alejos integrando las nóminas para ambas cortes.

Estos grandes nodos cumplen eficazmente la función en periodos electorales, se “queman” y luego pasan a un segundo plano, aunque pueden volver a resurgir en las siguientes designaciones. Es cierto que el diseño corporativo del Estado -cuyos primeros borradores se elaboraron en el Consejo de Estado de Ríos Montt en 1982/83 y fueron oficializados en la Constitución promulgada en 1985- permite vías de acceso al sistema sin hacer carrera judicial, por los canales del Colegio de Abogados y de las universidades con escuelas de Derecho

Las comisiones de postulación abrigan un sistema híbrido, que se convierte en una aparente puerta giratoria: hay quienes giran, pero nunca salen, y hay quienes siempre permanecen adentro (y el resto, huye). Al final, los dueños siempre juegan de locales y llevan las de ganar mediante constantes intercambios de favores entre magistrados de la CSJ y de Salas. El resto de los actores son de ocasión o bien tienen que pagar sumas fuertes para tener derecho de picaporte y más para obtener una resolución favorable, esté o no revestido de legitimidad.

La autonomía relativa de la burocracia judicial es la última que conocemos. Primero fue la burocracia militar -bautizada en la década de 1980 por el periodista estadounidense Allan Nairn como Burocracia de la muerte– y después, en el periodo democrático, la burocracia política que hizo de la corrupción y las prácticas criminales su modus operandi y vivendi.

Los maestros en el arte de las redes burocráticas criminales y corruptas provienen de las elites militares, los creadores en 1970 de los “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos”. Es la burocracia criminal más antigua y con mayor actualidad en América Latina y el Caribe. Se jubiló del Estado, pero no pudo sobrevivir sin su sombra, pues como empresarios, profesionistas liberales o intelectuales por lo general fracasaron.

Jubilados retornaron al Estado, llevando bajo el brazo su costumbre y conducta de “cuerpo ilegal y aparato clandestino”, a pesar de que a su regreso arengaban como políticos, se vestían de pachucos ejerciendo la abogacía, la investigación social y la asesoría variopinta, o pasaban a encargarse de la seguridad en las áreas estratégicas. Como fuese, impregnaron su cultura burocrática: legalista y a la vez conspiracionista, formalista pero siempre tendiendo a fomentar esquemas paralelos e informales para la toma de decisiones. La burocracia judicial “antidemocrática y corrupta” -como denomina Washington a quienes ha sancionado en los últimos tres años- puede debilitarse o al menos ver contrarrestada su avasalladora carrera criminal, si las fuerzas democráticas -incluyendo el presidente Arévalo- despiertan un clima de aliento, confianza y libertad para su depuración por la vía institucional. Junto con la expulsión de Consuelo Porras, es la condición sine qua non para que la democracia adquiera un tanque de oxígeno suficiente para soportar las vicisitudes de los próximos cuatro años.