Los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen una concepción de lo público muy afín a los grupos que promueven negocios con el Estado y su fragmentación. El pasado 8 de abril se dispararon una sentencia que, a la luz de la historia inmediata, sigue conduciendo a la falta de integralidad de la acción pública y a potenciales contingencias fiscales.  Se trata de la resolución que dicta que las municipalidades no tienen la obligación de enviar al Organismo Ejecutivo, ni al Congreso, lo relativo a la aprobación de las concesiones municipales.

Ello tiene hoy la especial dedicatoria al Aerómetro –o teleférico sobre la Roosevelt- impulsado por la Municipalidad capitalina, que no lograba la aprobación de los diputados. Si uno lee cuidadosamente el contrato y los documentos de la licitación efectuada para su diseño, construcción y mantenimiento, se incluyen normas de la Ley de Contrataciones que disponen lo relativo a las concesiones estatales. El reglamento de tal cuerpo legal considera que, en situaciones de falla y posible rescate, ello le corresponde al Estado. ¿Entonces?… resulta ser que las autonomías tienen sus límites, porque suelen existir riesgos y contingencias fiscales, principalmente cuando se trata de una licitación de más de un mil millones de quetzales.

Con esa venia constitucional, el 21 de agosto recién pasado el Concejo Municipal de la ciudad de Guatemala relanzó el Contrato Administrativo del 2021, incorporando el racimo de empresas que acompañan esa aventura muy conocida de los proyectos de la era Arzú: llave en mano y financiados por las propias empresas. Es decir, capitalistas que participan en la entrega del servicio y que, si bien merecen utilidades, no está claro ni la tarifa, ni las tasas municipales a cobrar, ni los pagos al Estado por derecho de vía. Ni mucho menos los gastos financieros de la operación.

Para el citado negocio se exhibe a un prestigiado operador internacional de tecnología de este tipo de teleféricos, como lo es Doppelmayr, que ya tiene constituida su Sociedad Anónima en Guatemala. Aparece también, al frente, la empresa Cablevía,  una desarrolladora inmobiliaria de nombre Torino, y además un importante consorcio denominado Victoria-Alutech, siendo esta última una filial del Holding hondureño EMCO. Se trata de un grupo familiar descendiente de la notable acumulación de capital del hondureño, ya fallecido, Miguel Facussé.

Alutech y EMCO Holding tienen como como conductor y beneficiario principal a Lenir Pérez, yerno de don Miguel, muy conocido en Honduras por ser el responsable del diseño, construcción, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Palmerola. Dicho aeropuerto era un proyecto urgente, ante las falencias de Tocontín, catalogado como una de los aeropuertos internacionales más peligrosas del mundo. Pero Palmerola da mucho que hablar en Honduras, inicialmente porque fue iniciativa de Juan Orlando Hernandez,  y ha padecido de fallas como inundaciones. Además, reditúa pocos ingresos al Estado hondureño.

El patrón lógico y regulatorio para acometer con éxito  tales proyectos recomienda, primero, a contar con una factibilidad, que podría ser de carácter internacional. Segundo,  tener desde allí las correctas bases técnicas del mismo, y principalmente sus costos y beneficios; así como su evaluación financiera.

Cuando se acude a revisar el estudio de factibilidad, publicado gracias al importante requerimiento de transparencia de Guatecompras, un buen profesor de formulación y evaluación de proyectos públicos de infraestructura no le pondría una calificación que llegara ni  a 60 puntos. La factibilidad no se asemeja, ni por asomo, a la Guía mediada de formulación y evaluación de proyectos que maneja el Sistema Nacional de Inversión Pública Nacional.

Un intento de unificar todas las fases  en una sola licitación ya viene teniendo sus bemoles, observados recientemente en las objeciones públicas a Puente Belice II, que incluso animó a unos centros de pensamiento conocidos a plantear reformas al reglamento de la ley de contrataciones, porque pareciera no ser recomendable amontonar todas las fases en una sola operación.

El Grupo EMCO ha estado también  bajo el escrutinio de los grupos comunitarios y ambientalistas hondureños, en virtud de que está llevando a cabo diversos proyectos extractivos, incluyendo una planta termoeléctrica a base de agua y Petcoke, que resulta ser un carburante poco afín a las tecnologías limpias. Todo ello en el municipio de Tocoa, Honduras, a través de otra filial de nombre Inversiones Ecotek.

El propósito de estas líneas es hacerle un llamado a las empresas capitalistas que se internan en proyectos públicos a ver con cuidado los riesgos reputacionales. Así también a los agregados de comercio de las embajadas que respaldan a sus empresas de origen, a recomendar negociaciones prístinas; dignas de un ambiente democrático y de rendición de cuentas y auditoría social.