La lucha legal del exjefe del Centro de Gobierno de Alejandro Giammattei, Luis Miguel Martínez Morales, por ser excluido de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (Specially Designated Nationals and Blocked Person (“SDN List”), hecha pública por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está lejos de llegar a su fin.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), envió al abogado de Martínez una carta el 10 de febrero pasado en la cual le informa que no será eliminado de la lista de Nacionales Especialmente Designados, como solicitaban, esto debido a que Martínez “no había propuesto suficientes medidas correctivas, ni  ha respondido completamente a todas las preguntas que se le plantearon”, según indicaron los funcionarios estadounidenses.

La pareja sentimental de Giammattei fue señalada por el Gobierno estadounidense bajo la orden Ejecutiva 13818, firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el 20 de diciembre de 2017 durante su primer mandato, en esta, se establece el “Bloqueo de la Propiedad de Personas Involucradas en Abusos Graves de Derechos Humanos o Corrupción”. 

La OFAC planteó en su momento que Martínez supuestamente estuvo involucrado en la búsqueda u obtención de sobornos a cambio de contratos gubernamentales en Guatemala, entre ellos un contrato para la compra de vacunas rusas, Sputnik durante la pandemia, así como contratos de obra pública.

Alrededor del tema de obra pública, también se incluyó a los propietarios de la empresa Asfaltos y Petroleos (Aspetro), Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, una lista elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos que incluye a personas extranjeras que habrían incurrido en actos de corrupción.

En el caso de los dos empresarios, el Departamento de Estado señaló que estos habrían incurrido en actos de corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del Gobierno.

Aspetro fue una de las empresas denunciadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), como integrante del grupo de empresas conocidas como B410, un grupo de compañías que defraudaron al Estado por miles de millones. 

Además, la empresa de los López, según señaló el diario La Hora, también fue denunciada por la Intendencia de Verificación Especial por transacciones sospechosas, sin que hasta el momento hayan avances del caso en el MP.

Nueva demanda

Tras recibir la respuesta de los oficiales estadounidenses, el abogado de Martínez planteó una enmienda a la demanda que interpuso y solicitó medidas cautelares y declaratoria en carácter de mandamus, una figura legal en Estados Unidos que obliga tras la resolución de un juez, a una autoridad pública o funcionario a realizar una acción específica, cuando tiene el deber legal de hacerlo, y que no lo ha ejecutado.

En este caso el abogado busca que un juez obligue a los funcionarios estadounidenses a sacar a Martínez de la lista SDN, además solicita que el Gobierno de Estados Unidos pague por los honorarios de su abogado, así como otras costas en las que pudo haber incurrido en la demanda, además de que el juez ordene cualquier otra reparación que considere apropiada.

En su enmienda a la primera demanda, el abogado Alexei Schacht, incluye como demandados a los nuevos funcionarios del Departamento del Tesoro y de la OFAC, Scott Bessent y Lisa M. Palluconi, el primero fue nombrado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump el pasado 28 de enero, quien es un experimentado inversor que fue Director Ejecutivo y Director de Inversiones de Key Square Capital Management, así como Director de Inversiones de Soros Fund Management.

Aprovechando la pasividad del MP

En sus argumentos, Alexei Schacht, un abogado especializado en casos de extraditables y con un amplio currículum como defensor de narcotraficantes de alto perfil y ahora representante de Martínez Morales, aprovecha la pasividad y falta de investigación que ha habido en el Ministerio Público de Consuelo Porras alrededor de los casos en los que se ha señalado al ex jefe del Centro de Gobierno para argumentar que no hay ningún caso relacionado a corrupción que lo involucre en Guatemala.

Además, volvió a utilizar los argumentos vertidos en su primera demanda en contra de Andrea Gacki, directora de la OFAC, así como a la secretaria del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen.

Schacht utilizó de nuevo las declaraciones de funcionarios del Gobierno de Bernardo Arévalo, así como de la ex ministra de Salud, Amelia Flores para tratar de exculpar a su cliente del pago de sobornos por parte de los rusos, razón por la cual lo señalan las autoridades de Estados Unidos.

Aunque en su primera demanda Schacht había mencionado que el actual Procurador General de la Nación, Julio Saavedra cumplía funciones como las del Fiscal General de Estados Unidos, para quizás con esto hacer creer al juez estadounidense que en Guatemala se investigó a Martínez, en esta ocasión se cuidó de no repetir algo que es falso, ya que en el país la persecución penal es exclusiva del Ministerio Público, el cual continúa a cargo de Consuelo Porras, quien a la fecha no ha investigado los casos de corrupción relacionados con Giammattei ni con Martínez, según se ha denunciado.

Usando la supuesta legalidad a su favor

En otro párrafo de la denuncia, el abogado de Martinez señaló que según la OFAC, su cliente “presuntamente adjudicó contratos de infraestructura al margen de Guatecompras”, y señaló que eso era “legalmente imposible” indicando que la Ley de Contrataciones establecía los procedimientos y las autoridades que eran responsables de adjudicar contratos estatales. 

Sin embargo, el abogado no mencionó las decenas de casos de corrupción que tanto los medios de comunicación como la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Juan Francisco Sandoval, documentaron para demostrar que la obra pública no cumplía con los requisitos legales, sin embargo, por lo regular habían amaños para entregarla a constructores pre seleccionados o apalabrados. En muchos casos, ex financistas de los partidos o quienes pagaron sobornos a los funcionarios a cambio de obtener la adjudicación de la obra de manera “legal”.

Schacht también señaló que la oficina pública que dirigió Martínez no tenía la autoridad ni las condiciones para adjudicar contratos.

“El Centro de Gobierno, la comisión presidida por el Sr. Martínez, carecía de autoridad para gestionar presupuestos. El Sr. Martínez tampoco tenía autoridad para adjudicar contratos y no estaba en condiciones de adjudicar contratos públicos de ningún tipo, incluidos los de infraestructura. Esto pone de manifiesto la ilegitimidad de las acusaciones de la OFAC”, señaló el abogado en una de las partes de la denuncia..

De nuevo Schacht olvidó mencionar el contexto alrededor de la elección de Martínez en ese puesto ya que su cercanía con el presidente  hacía que fuera temido por funcionarios y ministros, varios de los cuales denunciaron en voz baja que hacían lo que Martínez les ordenaba, para no sufrir la cólera y posteriores represalias de Giammattei.

¿La dirección de la casa oficial de Giammattei?

En la nueva demanda planteada en contra de las actuales autoridades del Departamento del Tesoro, el abogado de Martínez Morales debía consignar la dirección del acusador, así como la dirección en donde se podía localizar a los funcionarios a los que acusaba. 

Aunque en la línea de los funcionarios a los que acusa sí completó la dirección, en la línea correspondiente al ex jefe del Centro de Gobierno, el abogado no colocó la dirección completa en donde se podía localizar a Martínez Morales, sino sólo “22 avenida,  Guatemala City, Guatemala”, es decir colocó una dirección incompleta en la nueva acusación.

La dirección de la zona 15 en donde vivió Giammattei tras ser electo como presidente es la 22 avenida y 4 calle de la zona 15, en Vista Hermosa I, la cual coincide con la avenida que consignó el abogado del ex funcionario.

En esta dirección, según narró un testigo al ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, Juan Francisco Sandoval, se entregaron sobornos supuestamente provenientes de empresarios rusos que buscaban hacer negocios en el país, específicamente provenientes de la empresa minera Mayaníquel, S.A., la cual buscaba obtener en arrendamiento por un plazo de 20 años una porción de terreno de 120 mil metros cuadrados del área del puerto Santo Tomás de Castilla.
El caso, al igual que otros que implican actos de corrupción de funcionarios del Gobierno de Giammattei, fue cerrado por la actual fiscalía. En este tema particular según publicó Prensa Comunitaria, se determinó que el hecho solamente quedó en intención ya que el Consejo Directivo de la Empornac no autorizó dicho contrato”. Todo esto a pesar de que un testigo dijo que los sobornos se entregaron.