Mientras la mayoría de guatemaltecos sobrevive con un salario mínimo que apenas ronda entre Q3 mil 471 y Q4 mil 252 mensuales, la recién creada Superintendencia de Competencia decidió fijar sueldos de Q75 mil al mes para cada uno de los integrantes de su Directorio (tres titulares y tres suplentes) y para el superintendente, Jorge Miguel Castillo Castro, lo que significa aproximadamente el 40 por ciento del presupuesto de la entidad. La decisión, adoptada el pasado 13 de enero, pone en aprietos el presupuesto de la institución.
Las autoridades militares descartaron ofertas más económicas para adjudicar el contrato a Chipcom, una empresa que no cuenta con la autorización del Inguat para operar como agencia de viajes de turismo emisor, lo que podría violar la legislación nacional al vender boletos al Estado y genera dudas sobre la transparencia del proceso de licitación.
Una de las hermanas del jefe de la FECI ha vendido casi Q75 mil en refacciones, alimentos que ha despachado a solicitud de su otra hermana quien funge como COCODE en esa municipalidad.
A la empresa Manna Food Assurance, S.A. se le canceló la licencia sanitaria en 2022, luego de que se detectó que vendió productos sobrevalorados, aunque retomó sus servicios con el Estado este año con el cambio de gobierno. Su mayor cliente es el Sistema Penitenciario al que le ha vendido Q3.2 millones en vales de tiempos de comida, todos bajo la modalidad de compra directa.
Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales S. A. de C. V. (Capisa) ganó dos contratos el mismo día, el pasado 23 de mayo, en la Dirección General de Caminos. El representante legal de esta empresa también trabaja para dos sociedades ubicadas en el inmueble de la colonia Bamvi II de la zona 7 donde la SAT identifica cientos de empresas fantasma en el caso B410.
Edvin Rolando Cardona Rivas trabajaba en AC&A, S.A. cuando fue nombrado como viceministro de infraestructura en abril pasado. Esta empresa mantiene un contrato con el CIV para supervisar la construcción de una carretera en Huehuetenango. La semana pasada fue destituido por el nuevo ministro Félix Alvarado.
Un total de 24 personas que no son familiares del expresidente Alejandro Giammattei ni del exvicepresidente Guillermo Castillo tuvieron seguridad presidencial entre el 14 de enero de 2020 y el 14 de enero de 2024. Entre los beneficiados destacan personajes como Miguel Martínez; el panameño Poll Anria; el diputado Maynor Mejía y el expresidenciable Manuel Conde; los exsecretarios Giorgio Bruni, Mynor de la Rosa y Carlos Sandoval; y el magistrado de la CSJ, Carlos Contreras.
