Con la llegada de Ricardo Monterroso a la gerencia de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), varios de los antiguos asesores y empleados que pasaron por esa institución durante los anteriores gobiernos regresaron o continúan sin ser movidos de sus cargos.
Monterroso, que según denuncias de diputados de distintas agrupaciones llegó a la institución por los acuerdos que inicialmente realizó el partido Movimiento Semilla en el Organismo Legislativo con la agrupación Cabal, es un antiguo empleado de la EPQ que inició a trabajar en esa institución al menos desde agosto de 2010, y lo hizo de manera ininterrumpida hasta su nombramiento como Gerente en enero pasado.
Según trabajadores de la EPQ que pidieron omitir sus nombres por temor a perder sus trabajos, Monterroso mantuvo cercanía con los gerentes impuestos por Miguel Martínez en la portuaria, empezando por David Berganza Alburez, el primero de los gerentes que ocupó el cargo con la llegada de Alejandro Giammattei a la Presidencia.
Alburez, que es originario de Santa Lucía Cotzumalguapa al igual que Martínez, fungía como gerente en la administración de Giammattei, mientras que Monterroso fue designado como representante de la EPQ ante la Comisión Portuaria Nacional, la cual era presidida por Omar Barrios Osorio, el cuestionado abogado que fue incluido el año pasado en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos.
Monterroso ha mantenido en sus puestos o ha recontratado a antiguos asesores de la portuaria. Los pagos por 47 asesores con salarios de entre Q25 mil y 15 mil ascienden cada mes a más de Q877 mil.
A continuación se nombra a algunos de los asesores con vínculos políticos o que han trabajado para la portuaria en las administraciones anteriores.
El que dictaminó TCQ
Varios de los asesores han sido señalados por tener vínculos políticos o por haber sido señalados en procesos dudosos. Entre ellos destaca el exgerente de Ingeniería y Mantenimiento durante el Gobierno del Partido Patriota, Mariano Josué Cruz, quién fue contratado ahora como asesor de la “autoridad superior”, para “brindar apoyo profesional en el análisis y revisión de expedientes de proyectos, elaboración de los documentos que se le requiera, brindar apoyo profesional en la elaboración de informes ejecutivos requeridos por la Gerencia”, entre otros, esto con un salario mensual de Q25 mil.
Cruz firmó –junto a Rony Stuardo León Marroquín y Álvaro Rocael Molina– el dictamen que sirvió de base para autorizar el usufructo oneroso entre la EPQ y Terminal de Contenedores Quetzal, la empresa creada por la española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), la cual se conoció en las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por pagar millonarios sobornos para poder instalar el puerto en Guatemala.
Hace dos semanas se conoció que el contrato que derivó del dictamen avalado por Cruz y las otras dos personas, quedó anulado por una sala de lo contencioso administrativo.
La empresa española TCB pagó más de US$20 millones en sobornos a distintos actores, entre ellos la exvicepresidenta Roxana Baldetti, así como al expresidente Otto Pérez Molina, según las investigaciones.
Para la entrega de los terrenos a la empresa española, según señaló la CICIG en su momento, se concertó un grupo criminal con roles definidos.
El asesor en tiempos de Allan Marroquín
Luis Manuel de Jesús Estrada Ronquillo es un viejo conocido de la portuaria, con la llegada de Allan Marroquín como interventor a la Empresa Portuaria Quetzal, este fue contratado como asesor “laboral, mercantil, de análisis de proyectos y expedientes”, durante el periodo del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2012.
En 2013 volvió a ser contratado, esta vez como “asesor de despacho en temas de administración pública”, ese mismo año empezó a prestar sus servicios al departamento de tránsito de la Policía.
Un año después, Estrada continuó trabajando para la PNC, y con la salida de Marroquín de la portuaria ya no volvió a ser contratado, pero encontró una asesoría en el Instituto Nacional de Electrificación –entonces dirigido por Erick Archila, investigado por supuestamente haber recibido sobornos cuando fue funcionario del Ministerio de Energía y Minas– en donde prestó una consultoría en la gerencia de Desarrollo de Proyectos.
Tras la salida del Partido Patriota del poder, empezó a trabajar en la Contraloría General de Cuentas de noviembre de 2015 hasta mayo de 2019. Ese mismo año, en julio, empezó a laborar para el Ministerio de Agricultura, con el ministro Mario Méndez Montenegro.
En marzo de 2020, con la llegada de Berganza Alburez a la Gerencia de la EPQ, Estrada regresó a la institución, en donde continúa hasta el momento con un nuevo contrato firmado el 8 de enero y con un monto total por los servicios de Q300 mil.
Candidato a diputado por Jalapa
Cristian Omar Martinez Lima fue candidato a diputado por el partido Cabal de Edmond Mulet en las elecciones pasadas. Ocupó la casilla 3 del listado por el departamento de Jalapa.
Martínez Lima trabajó para la empresa eléctrica municipal de Jalapa al menos desde enero de 2017, según los registros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
El excandidato a diputado fue contratado bajo el renglón 029 en la Gerencia de Mantenimiento desde abril pasado con un contrato por Q137 mil 205.55.
La empleada del exministro de Salud y asesor de Cabal
Kimberly Yamileth Leiva Salic es la representante legal de la entidad Luminis, S. A., de la cual Luis Enrique Monterroso de León es el CEO, asegura en su cuenta de Linkedin.
Leiva firmó un contrato con la EPQ para prestar servicios técnicos en la Unidad de Comercialización y Mercadeo, donde cobra honorarios por Q22 mil mensuales.
Luis Enrique Monterroso, fue secretario de Seguridad Alimentaria y posteriormente ministro de Salud Pública y Asistencia Social durante la administración de Otto Pérez Molina y en la actualidad es asesor parlamentario III del bloque Cabal con un salario de Q22 mil.
En abril de 2018, el colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón Rojas, declaró que junto al doctor Sergio Arévalo regaló un rolex de US$12 mil a Monterroso y ayudó al exfuncionario a comprar una motocicleta Ducati.
El abogado de Manuel Baldizón que se declaró culpable
Manuel Antonio León Sandoval, exfutbolista y abogado de empresas vinculadas con Manuel Baldizón, condenado en Estados Unidos por lavar dinero para el narcotráfico, aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita y cuatro por falsedad ideológica.
Al final, tras haber aceptado los cargos, se le rebajó la sentencia a la mitad, por lo que solo recibió una condena conmutable de cinco años de prisión. Según las investigaciones, León Sandoval junto a otros abogados crearon varias empresas cuyo propietario real era Baldizón, estas sirvieron para lavar dinero proveniente de la corrupción, así como para adquirir propiedades.
León Sandoval fue contratado como asesor por la EPQ con un salario mensual de Q22 mil 580 en la Unidad de Comercialización y Mercadeo.
León Sandoval ha tenido varios contratos con la EPQ, ya que empezó a laborar en julio de 2016 como asesor jurídico. Además, como jugador de fútbol, jugó junto a Jorge Baldizón, hijo de Manuel Baldizón, en el deportivo Petapa y recibió pagos por parte de esa Municipalidad por Q20 mil mensuales, al menos desde julio de 2014 hasta noviembre de 2016.
El magistrado suplente
Sergio Alejandro Peña Mandujano fue electo en noviembre del año pasado como magistrado suplente de Sala de Apelaciones por el Congreso de la República en donde obtuvo 88 votos a favor.
Peña Mandujano fue seleccionado para integrar como suplente la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Escuintla.
El magistrado suplente venía trabajando para la EPQ al menos desde octubre de 2020, cuando fue contratado para prestar asesoría a la “autoridad superior”. Los años siguientes fue contratado para prestar servicios profesionales en la asesoría jurídica. Los anteriores contratos sumaban anualmente Q154 mil, sin embargo, el contrato de este año alcanza los Q264 mil, un aumento de Q110 mil.
El asesor de cuatro instituciones
Eliezar Gamaliel Blanco Lémus es un auditor que fue reinstalado en la Contraloría General de Cuentas en septiembre de 2009 por orden de juez y es actualmente asesor de cuatro instituciones públicas, según los contratos publicados por el portal electrónico de Guatecompras.
Blanco Lemus, recibirá este año Q686 mil 500 por los contratos por servicios que ostenta en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), en la municipalidad de San Pedro Ayampuc, Guatemala; la comuna de Chicacao, Suchitepéquez; y dos contratos por un mes de las municipalidades de Patulul y San Bernardino, Suchitepéquez, además del contrato por Q250 mil con la EPQ.
En total Blanco Lemus ha percibido de 2009 a la fecha Q5.8 millones en contratos con distintas instituciones del Estado, además de los poco más de Q345 mil que recibió en 2009 por concepto de salarios y bonos por reinstalación.
Una asesora y un asesor
Miriam Julissa Marroquín Arriaza ha trabajado como asesora de la EPQ desde febrero de 2013 según los datos que muestra el portal electrónico de Guatecompras.
Marroquín empezó en la EPQ prestando servicios técnicos para Allan Marroquín cuando este fungía como interventor, al año siguiente fue trasladada a la gerencia administrativa y en 2015 fue contratada como asistente del “despacho superior”.
En 2016 prestó sus servicios como “asistente ejecutivo”, en la gerencia administrativa, mientras que a partir de 2017 hasta 2019 aparece como prestadora de servicios profesionales para la misma instancia.
A partir de 2020 Marroquín Arriaza fue contratada para prestar servicios profesionales a la “autoridad administrativa superior”. Este año su contrato por Q22 mil mensuales es para prestar servicios en Gerencia Administrativa.
En tanto Jaime Leonel López Barrios, con desembolsos mensuales de Q25 mil 659.82, también es un antiguo asesor de la EPQ que ha fungido como asesor jurídico de la institución al menos desde 2014.
López Barrios también fue asesor del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, durante el Gobierno de Otto Pérez Molina. Entre 2014 y 2015, al mismo tiempo que asesoraba a Gobernación lo hacía en la EPQ. En total ha recibido contratos por Q4.3 millones entre 2013 y 2024, según el portal electrónico de Guatecompras.
Asesor de EPQ y Empornac
Al igual que López Barrios, el venezolano Elieser José Castellanos Debourg percibe mensualmente Q25 mil 659.82 como asesor de la portuaria Quetzal.
Castellanos fue contratado como asesor técnico este año para la unidad de comercialización y mercadeo de la portuaria, además, ha sido asesor también de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac). Según detalla el portal electrónico de Guatecompras, el último contrato en esta portuaria fue el año pasado, cuando estuvo contratado de enero a diciembre por un monto total de Q264 mil. Entre 2019 y 2024 ha recibido adjudicaciones por más de Q1.7 millones.
Empleados de la Portuaria señalaron que durante la administración anterior, Castellanos Debourg era cercano a Miguel Martínez, distintas fotografías de una visita realizada por el expresidente Alejandro Giammattei y Martínez a la portuaria en 2020 lo muestran atrás del exmandatario y su pareja en el recorrido que realizaron.
El exsecretario de la SAAS
René Francisco González Jiménez fue jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad durante el último año del gobierno de Álvaro Colom.
En agosto de 2020, empezó a trabajar para la Superintendencia de Administración Tributaria, (SAT) en la Gerencia de Seguridad, donde volvió a ser contratado en 2021 y 2022.
En 2022 empezó a trabajar también como asesor para la EPQ, donde volvió a ser contratado el año pasado y recontratado este año con un salario mensual de Q22 mil.
González trabajó entre 2012 y 2013 para la empresa Varcom S. A., la cual empezó a proveer en exclusiva a la EPQ desde 2019 y le ha vendido distintos productos relacionados con computación por Q1.8 millones, según el portal electrónico de Guatecompras.
Entre lo que le vendió la empresa a la portuaria aparecen dos protectores para tablet de silicón por los cuales la EPQ pagó Q8 mil 700, un precio individual de Q4 mil 350.
Los dos megaproyectos que deberá licitar la nueva administración.
La nueva administración de la EPQ deberá poner en marcha dos proyectos que quedaron inconclusos en el Gobierno de Alejandro Giammattei por señalamientos de corrupción, uno de ellos es el mantenimiento del rompeolas este-oeste, que había sido adjudicado al constructor Alejandro Matheu Escamilla a través de su constructora Supervisión Construcción y Mantenimiento (SCM) y por el cual se pagarían Q477.9 millones, sin embargo, fue rescindido por que la Contraloría General de Cuentas encontró anomalías en el proceso.
El otro es la ampliación del canal de acceso y navegación, que podría superar los Q500 millones y cuyo evento de licitación deberá publicarse en los próximos meses.
