Policías salvadoreños escoltan a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, recientemente deportados por el gobierno de EE.UU. para ser encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte de un acuerdo con el gobierno salvadoreño, en Tecoluca, El Salvador, en esta imagen obtenida el 16 de marzo de 2025. Secretaría de Prensa de la Presidencia/ vía Reuters.

La primera deportación de 238 migrantes venezolanos por parte de la administración Trump al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador —una megaprisión con capacidad para 40,000 personas— representa una inquietante convergencia de gobierno autoritario, encarcelamiento masivo y externalización de los sistemas carcelarios. Este acuerdo, presentado como una medida de seguridad contra pandillas como el Tren de Aragua y la MS-13, expone una crisis transnacional de derechos humanos y de rendición de cuentas democrática.

Este expansionismo carcelario revela algunos mecanismos del nexo Bukele-Trump 2.0. El presidente estadounidense los secuestra y le paga al presidente salvadoreño seis millones de dólares por encarcelarlos, por la suma total de $20,000 por preso al año.

El acuerdo entre EE.UU. y El Salvador, anunciado en febrero de 2025, permite el traslado de migrantes detenidos y personas encarceladas al CECOT, un centro emblemático de las draconianas políticas antipandillas del presidente Nayib Bukele. A pesar de la orden de un juez federal de detener temporalmente las deportaciones, la administración Trump aceleró las expulsiones, eludiendo el debido proceso para entregar a los migrantes —muchos de ellos encadenados y sin acceso a recursos legales— a un sistema penitenciario diseñado para la deshumanización.

Las condiciones de CECOT, documentadas en videos producidos por el estado e informes de derechos humanos, incluyen confinamiento diario de 23.5 horas, celdas superpobladas (entre 65 y 150 reclusos por celda), saneamiento inadecuado y rituales forzados de afeitado de cabeza. Estas prácticas violan flagrantemente las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos, que exigen dignidad, rehabilitación y acceso a las necesidades básicas.

Vista aérea del CECOT. (La Prensa Gráfica)

La arquitectura de CECOT —celdas sin ventanas, vigilancia omnipresente y guardias militarizados— evoca el panóptico de Jeremy Bentham, reimaginado para la era del castigo subcontratado. Al exportar detenidos a una megacárcel donde “los reclusos nunca regresarán a sus comunidades”, EE.UU. externaliza eficazmente su carga carcelaria, evadiendo la supervisión judicial y legislativa. Esta estrategia refleja tendencias más amplias en la privatización de prisiones, donde la reducción de costos y el afán de lucro exacerban la negligencia sistémica, como se observa en los sistemas de salud penitenciarios externalizados de Florida a California. El acuerdo también se alinea con la agenda interna de Trump de militarizar la policía, ampliar la pena de muerte y reencarcelar a miles de personas, una visión que prioriza los excesos punitivos sobre la justicia.

Es un abismo legal y ético ya que la legalidad del acuerdo sigue siendo dudosa. La ley estadounidense prohíbe la deportación de ciudadanos, pero el pacto incluye ambiguamente a los “delincuentes estadounidenses violentos”, lo que plantea interrogantes constitucionales sobre el encarcelamiento extraterritorial. Mientras tanto, la suspensión de las libertades civiles en El Salvador bajo su “régimen de excepción” ha permitido arrestos masivos sin el debido proceso, con más de 84,000 detenidos desde 2022.

Trump legitima el modelo de securitización de Bukele. El Secretario de Estado Marco Rubio, lo anunció como “el acuerdo migratorio más extraordinario y sin precedentes de todo el mundo”.

Los migrantes deportados a CECOT enfrentan un doble riesgo: ser etiquetados como pandilleros sin pruebas y sometidos a condiciones que Amnistía Internacional condena como una “crisis de derechos humanos”. Es verdaderamente triste ver cómo la prensa salvadoreña reproduce acríticamente el alegato sin base que todos los deportados venezolanos son mareros del Tren de Aragua. Supongamos entonces que, pronto, todos los guatemaltecos seremos considerados salvatruchas.

Para poder llevar a cabo las deportaciones masivas de personas sin debido proceso, EE.UU. está desempolvando una ley del siglo XVIII conocida como el Alien Enemies Act, o las Leyes Sobre Extranjería y Sedición de 1798. En aquel año, mientras EE.UU. se preparaba para lo que creía sería una guerra con Francia, el Congreso aprobó una serie de leyes que ampliaron el alcance del gobierno federal, otorgando al presidente John Adams amplios poderes para encarcelar y deportar a extranjeros en tiempos de guerra.

Un cartel de 1942 notifica a los residentes estadounidenses de nacionalidad japonesa, alemana e italiana que soliciten un certificado de registro en la oficina de correos más cercana. (Getty Images)

Desde entonces, las Leyes Sobre Extranjería sólo se han aplicado en tres ocasiones: para la Guerra de 1812 y durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La última vez que fueron implementadas, las Leyes Sobre Extranjería y Sedición formaron parte de la justificación legal para los internamientos masivos en EE.UU de personas de ascendencia alemana, italiana y, especialmente, japonesa. Se estima que 120,000 personas de ascendencia japonesa, incluidas aquellas con ciudadanía estadounidense, fueron encarceladas. Hoy en día, esa ley permite la deportación de extranjeros sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o un tribunal federal. Sin pruebas, sin oportunidad de defenderse, sin debido proceso. La proclamación de Trump del sábado calificó a la pandilla Tren de Aragua, forzosamente enviada a CECOT, como una fuerza invasora.

¿Qué implicaciones tiene este fenómeno de subcontratar el encarcelamiento de migrantes para la justicia global? Esta red carcelaria transnacional sienta un precedente peligroso y construye un nuevo nodo de colonias penales sobre lo que ya hacen otros países que externalizan su detención migrante, como el Reino Unido enviado “criminales” a Ruanda, Dinamarca a Kosovo, o Australia a Nauru.

Al aprovechar el giro autoritario de El Salvador, EE.UU. normaliza el almacenamiento de poblaciones marginadas en instalaciones diseñadas para borrar la identidad de las personas. Los críticos argumentan que el propósito de CECOT no es la rehabilitación, sino la eliminación social: un pozo de hormigón y acero que elude el derecho internacional.

Foucault deliraría si viese el fenómeno transnacional que sucede hoy entre EE.UU y El Salvador. Riefenstahl tal vez estuviera orgullosa; su estilo audiovisual ha sido adaptado al mundo globalizado y masificado para profundizar el éxito de su empresa propagandística, un tuitazo a la vez.

A medida que el encarcelamiento masivo se convierte en una mercancía geopolítica, la línea entre democracia y autoritarismo se difumina, revelando una dependencia compartida de la gobernanza punitiva. El acuerdo CECOT ejemplifica un mundo donde los Estados colaboran para evadir la rendición de cuentas, externalizando la represión con el pretexto de la seguridad. Para EE.UU. y El Salvador, las víctimas no son sólo prisioneros, sino los principios mismos de la justicia.

En El Salvador ya no hay persona o institución al que le rinda cuentas el presidente. Los EE.UU. parecieran ir por el mismo camino.