Una denuncia presentada por Ricardo Méndez Ruiz contra el presidente Bernardo Arévalo avanza después de tres meses de haber sido interpuesta en el Ministerio Público (MP), el caso ya se encuentra en el Juzgado Noveno para seguir el proceso de antejuicio. Mientras tanto, la Fiscalía de delitos contra Operadores de Justicia inició una investigación de oficio contra el mandatario y otras siete denuncias –de un total de once– se analizan en el ente investigador.
Los salarios de los 47 asesores contratados por la entidad portuaria oscilan entre los Q25 mil y Q15 mil mensuales. La mayoría de ellos tiene vínculos políticos o son antiguos empleados de la misma institución.
Entre las personas beneficiadas con seguridad presidencial destacan secretarios y subsecretarios, comisionados, ministros, diputados, la hija de un secretario de la SAAS y un presidente de una gremial de pilotos del transporte pesado.
Legisladores de distintas bancadas desfilaron por el nivel 18 del Ministerio de Finanzas Públicas durante mayo, previo a la presentación de la ampliación presupuestaria de Q14 mil 451 millones en donde se incrementaron, sin criterios técnicos, las asignaciones para las municipalidades a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
Edvin Rolando Cardona Rivas trabajaba en AC&A, S.A. cuando fue nombrado como viceministro de infraestructura en abril pasado. Esta empresa mantiene un contrato con el CIV para supervisar la construcción de una carretera en Huehuetenango. La semana pasada fue destituido por el nuevo ministro Félix Alvarado.
Un total de 24 personas que no son familiares del expresidente Alejandro Giammattei ni del exvicepresidente Guillermo Castillo tuvieron seguridad presidencial entre el 14 de enero de 2020 y el 14 de enero de 2024. Entre los beneficiados destacan personajes como Miguel Martínez; el panameño Poll Anria; el diputado Maynor Mejía y el expresidenciable Manuel Conde; los exsecretarios Giorgio Bruni, Mynor de la Rosa y Carlos Sandoval; y el magistrado de la CSJ, Carlos Contreras.
María José Iturbide fue removida del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por dejar que su hija utilizara un vehículo y seguridad del Estado. Pero según miembros del partido oficial, la hoy exfuncionaria también fue señalada por mantener lazos cuestionables que le causaban conflicto de interés, entre ellos cinco asesores que llegaron a esa cartera al mismo tiempo que ella.
Las actuales autoridades de la institución solicitaron a la Contraloría General de Cuentas (CGC) una auditoría para determinar si hubo sobreprecio en la compra de la rotativa que costó al Estado casi la mitad del presupuesto del diario oficial y que, además, tuvo problemas de funcionamiento durante los primeros meses de este año.
Tres empresas administradas por los hermanos José Javier y Gustavo Andrés Alejos Jansa han recibido Q208 millones en contratos con distintas entidades públicas. En conjunto con otras seis sociedades vinculadas, la familia ha recibido Q2.6 millardos en contratos con el Estado. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) son las entidades que más han beneficiado a la red de empresas de la familia Alejos.
El presidente Bernardo Arévalo justificó la destitución de Jazmín de la Vega, exministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) con el irrespeto a un acuerdo establecido para efectuar los pagos adeudados a constructoras. Aunque el mandatario no especificó a qué empresas benefició la exfuncionaria, el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) reporta que al menos cinco constructoras vinculadas a financistas de otros gobiernos devengaron millones de la cartera dirigida por de la Vega hasta el viernes último.
