El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) pidió al presidente Bernardo Arévalo vetar el Decreto 7-2025, que contiene la Ley de Fortalecimiento y Continuidad de Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano Rural, la cual permite que los fondos no ejecutados por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) puedan ser ejecutados en el siguiente ejercicio fiscal y reduce la transparencia.
La jueza Carol Berganza consideró que existen elementos probatorios suficientes para que María Fernanda Bonilla y su guardaespaldas, José Luis Marroquín, enfrenten juicio por el delito de asesinato en contra de Melisa Palacios.
La ley fue planteada por diputados de oposición y propone que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan arrastrar los fondos no ejecutados al presupuesto de 2026.
Edwin Estuardo Mayen García fue defensor de María Marta Castañeda Torres y del pandillero Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias “el Lobo”. Este martes, fue asesinado en la zona 1 de la capital. El jurista defendió a un narcotraficante, pero también compitió para ser diputado.
Este día se desarrolla la audiencia de etapa intermedia del proceso contra María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, señalados por la muerte de Melisa Palacios. Ambos acusados se presentaron por primera vez ante el Tribunal de Mayor Riesgo “C”, luego de que el caso no avanzara en los juzgados de Zacapa y Chiquimula.
El Ministerio Público (MP) solicitó una condena de cinco años de prisión contra la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Paola Pimentel, a quien acusa del delito de revelación de información confidencial en el caso por la investigación que desarrolló contra Erick Melgar Padilla. Su defensa pidió que fuera absuelta.
La información preliminar apunta a que fue un ataque directo en contra del abogado defensor de María Marta Castañeda Torres, capturada la semana pasada.
Agosto se convirtió en el mes con más retornos de migrantes guatemaltecos desde Estados Unidos en lo que va del año, ya que 4 mil 398 personas fueron enviadas de vuelta al país, entre ellas 85 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 23 viajaban solos, según información del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
Una querella fue presentada por diputados oficialistas el pasado 17 de julio, en contra de los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). El magisterio mantuvo un paro de labores durante dos meses.
El diputado Samuel Pérez presentó una querella penal en contra de tres fiscales del Ministerio Público (MP). Según el parlamentario, los denunciados habrían cometido infracción de privilegio y abuso de autoridad.
