La Cámara Penal de la CSJ resolvió reenviar el expediente de la sentencia de apelación del 10 de octubre de 2023 que contiene la sentencia dictada por la Sala Segunda de Apelaciones en el caso penal contra Jose Rubén Zamora Marroquín y Samari Carolina Gómez Díaz, y que esa sala emita un nuevo fallo “sin los vicios apuntados”. 

La decisión no absuelve ni condena nuevamente a los acusados sino que corrige errores jurídicos cometidos por la Sala de Apelaciones y pretende que todas las solicitudes planteadas por las partes sean analizadas nuevamente y se resuelva con fundamento y congruencia.

Los magistrados que conocieron y firmaron la sentencia de casación fueron René Guillermo Girón Palacios, quien fungió como magistrado Vocal Tercero de la CSJ y presidente en funciones de la Cámara Penal; Flor de María García Villatoro, magistrada Vocal Segundo de la CSJ; Rafael Morales Solares, magistrado presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones; y José Alfredo Aguilar Orellana, magistrado presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Femicidio del departamento de Guatemala.

El proceso penal tiene su origen en un polémico caso que montó el Ministerio Público (MP) en contra de Zamora, fundador del diario elPeriódico, y contra Gómez Díaz, ex fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). A Zamora le imputaron los delitos de chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero u otros activos, mientras que a Gómez la acusaron de revelación de información reservada o confidencial.

El 14 de junio de 2023, un Tribunal de Sentencia dictó una resolución mixta que absolvió a Gómez y a Zamora de los primeros dos delitos, pero condenó al periodista a seis años de prisión inconmutables y al pago de una multa de Q300 mil por el delito de lavado de dinero.

Posteriormente, la Sala Segunda de Apelaciones, el 10 de octubre de 2023, anuló la sentencia del tribunal y ordenó la realización de un nuevo debate, bajo los argumentos de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que había señalado una supuesta falta de fundamentación en la absolución de Gómez Díaz.

Cámara dice que se violó derecho de defensa de Zamora

En el caso del periodista, la Cámara concluyó que la Sala Segunda de Apelaciones vulneró el derecho de defensa de Zamora al omitir analizar un submotivo de forma planteado en su apelación especial, relacionado con defectos en la audiencia de ofrecimiento de pruebas.

La defensa había denunciado que el tribunal no admitió pruebas de descargo y, en cambio, aceptó pruebas de la contraparte obtenidas de manera ilegal, incluyendo audios de conversaciones telefónicas sin autorización judicial. Al negarse a analizar este agravio, la Sala incumplió su deber de motivar y resolver, lo que según los magistrados afectó directamente el derecho de Zamora a ser escuchado y defendido en condiciones justas. La resolución enfatiza que este derecho exige que toda decisión judicial sea producto de un procedimiento razonado y debidamente sustentado en derecho.

En el caso de la casación interpuesta por Gómez, exfiscal de la FECI, la Cámara determinó que la Sala Segunda actuó ultra petit, es decir, resolvió más allá de lo solicitado. La PGN únicamente había cuestionado la falta de análisis sobre ciertos elementos del delito de revelación de información confidencial, pero la Sala anuló toda la sentencia con base en una supuesta falta de fundamentación general, excediéndose de sus facultades. Los magistrados señalaron que esto violó el principio de congruencia establecido en el artículo 11 Bis del Código Procesal Penal, al resolver sobre cuestiones no impugnadas y sin elaborar una argumentación propia, incurriendo además en motivación ilógica.

El MP también obtuvo una resolución parcialmente favorable, pues según la Cámara Penal verificó que la Sala de Apelaciones omitió analizar de forma concreta y congruente de los motivos de forma y fondo expuestos por el ente investigador, bajo el argumento de que ya había ordenado un nuevo juicio por la apelación de la PGN.

Los magistrados resolvieron que cada agravio procesal debe conocerse y resolverse individualmente, incluso si el resultado del fallo pudiera ser coincidente, ya que el análisis de fondo es indispensable para sanear el procedimiento y garantizar el debido proceso.

En sus conclusiones, la Cámara Penal enfatizó que la sentencia de casación no aborda la culpabilidad ni la inocencia de los acusados, sino que corrige defectos procesales y restablece las garantías judiciales.

La resolución ordena a la Sala Segunda de Apelaciones emitir un nuevo fallo debidamente fundamentado y congruente, en el que se analicen y respondan los argumentos del MP, PGN, Zamora y Gómez.

Persecución política

El caso contra Jose Rubén Zamora se ha convertido en un símbolo de la criminalización del periodismo en el país. El periodista fue detenido en julio de 2022 tras una denuncia presentada por el cuestionado banquero Ronald García Navarijo. En junio de 2023 fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero, pero absuelto de otros cargos como chantaje y tráfico de influencias.

El proceso estuvo marcado por exclusión de pruebas clave para la defensa y sanciones contra sus abogados. Durante el juicio, varios de los defensores de Zamora fueron perseguidos penalmente, lo que fue interpretado por organismos nacionales e internacionales como un intento de aislarlo y debilitar su defensa.

La condena se dio en medio de una ola de persecución contra jueces y fiscales independientes, así como contra periodistas y defensores de derechos humanos. En 2023, bajo presiones y un boicot financiero, elPeriódico cerró tras casi 27 años de publicar investigaciones que evidenciaron corrupción y abuso por parte de gobiernos, políticos y estructuras del crimen organizado.

Desde la detención de Zamora. organizaciones como la Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APG), Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Human Rights Watch, Fundación George Clooney para la Justicia y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han denunciado que el caso en contra del fundador de elPeriódico es un claro ejemplo del uso del sistema de justicia para castigar al periodismo crítico.