Según indicó la jueza María Eugenia Castellanos, el sindicado Gómez no fue notificado del cambio de sala en donde se realizaría la primera audiencia y regresó a su domicilio, lo que imposibilitó la continuidad de la misma.

Este proceso se centra en los actos de violencia sexual cometidos contra seis de las 36 mujeres Achí que denunciaron estos crímenes, ocurridos durante el conflicto armado interno en los años ochenta. La audiencia fue trasladada de una sala ordinaria a la conocida “megasala” del Organismo Judicial.

Durante el inicio del juicio, el Ministerio Público (MP) presentó su tesis de acusación, estableciendo la presunta responsabilidad de los acusados en los delitos. Asimismo, las partes querellantes expusieron sus argumentos, destacando que confían en que el juicio demostrará la participación directa de los procesados en los actos cometidos contra las víctimas.

Según la jueza a cargo del caso, esta etapa no avanzó debido a la ausencia del acusado, lo cual podría vulnerar su derecho a conocer los motivos del proceso. Ante esta situación, se reprogramó la audiencia para el próximo 30 de enero, con la reproducción de pruebas testimoniales, documentales y peritajes.

El pasado 24 de enero se cumplieron tres años de la sentencia histórica que condenó a cinco exintegrantes de las PAC a 30 años de prisión por los mismos delitos. Ese fallo marcó un precedente al reconocer la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad y como arma de guerra durante el conflicto armado interno en Guatemala.

Más de 40 organizaciones nacionales e internacionales reiteraron su llamado a garantizar la justicia, la dignificación de las víctimas y la reparación histórica.

Destacaron además que la lucha de las mujeres Achí simboliza la resistencia y la búsqueda de justicia que ha perdurado por más de 40 años. Estas mismas organizaciones también manifestaron su respaldo a la labor de la Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal, querellante adhesiva en este caso.

El comunicado señala que, a pesar de los intentos iniciales por archivar este caso en 2019, las apelaciones presentadas por las abogadas de las mujeres Achí lograron revertir las decisiones judiciales, llevando a los responsables a enfrentar este segundo juicio.

Las organizaciones hacen un llamado a la población y a los medios de comunicación a seguir de cerca este juicio, como ocurrió con el primer proceso en 2022, en el que cinco expatrulleros fueron condenados a 30 años de prisión.