_{Foto: Carlos Alonzo}

El excomisionado de la CICIG y actual embajador de Colombia ante el vaticano, Iván Velásquez, denunció que esta acción judicial es parte de una persecución “orquestada por la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche”, en referencia a Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). 

Ambos funcionarios guatemaltecos han sido designados como actores corruptos por el gobierno de Estados Unidos y sancionados por la Unión Europea. “Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”, expresó Velásquez.

La Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, Cielo Rusinque Urrego, fue aún más enfática al calificar la resolución como “un exabrupto jurídico” y un “precedente gravísimo desde un punto de vista político”. Rusinque advirtió que esta medida representa una “violación a la inmunidad de jurisdicción penal extranjera” y una “instrumentalización grosera” del derecho internacional. 

Afirmó que se pretende juzgar a quienes dedicaron su vida a combatir estructuras criminales transnacionales, mientras quienes saquearon los Estados siguen en libertad. “Colombia debe cerrar filas como nación soberana ante este horror”, subrayó, expresando su respaldo tanto al embajador Velásquez como a la Fiscal General de la Nación de Colombia, Luz Adriana Camargo.

También se pronunció el embajador y representante permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, quien reiteró: “Si la judicialización de la política es grave, es mucho peor la politización de la justicia”. En su declaración, acusó directamente al fiscal Rafael Curruchiche de encarnar ese desvío del sistema judicial guatemalteco. Recordó que tanto él, como la fiscal general Consuelo Porras, han sido objeto de sanciones internacionales. “Por algo le quitaron su visa a él y a la fiscal general del Ministerio Público de Guatemala. Grave”, sentenció.

Mediante un comunicado oficial firmado por la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, Colombia calificó la medida como un “atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”. El documento denuncia que la acción judicial carece de sustento jurídico, vulnera derechos humanos fundamentales y representa una grave desviación del derecho internacional. Además, advierte que la cooperación judicial internacional debe basarse en pruebas sólidas y procedimientos transparentes, condiciones que señalan que no se cumplen en este caso.