Hasta ahora, el presidente Arévalo aún no ha sancionado la nueva Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), que fue aprobada de urgencia nacional por los diputados. Esta ha recibido críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
“Junto a la Bancada Semilla, sancioné la Ley de Competencia y la Ley del Presupuesto General de la Nación 2025”, dijo el mandatario en sus redes sociales.
Según el Presidente, con Ley la de Competencia se “hace posible una economía competitiva y justa en Guatemala, agregando que el presupuesto busca “el desarrollo integral de nuestro pueblo”.
Sin embargo, se han dado críticas por la aprobación del Presupuesto 2025. Entre estas, están las del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), quienes expresaron que este presenta un “preocupante déficit fiscal”.
“El proyecto de presupuesto 2025 muestra un incremento del 28.8% en comparación al de 2024, y destina sólo un 19.9% a inversión pública. Asimismo, presenta un preocupante déficit fiscal, lo cual tendrá impactos inflacionarios, poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica”, manifestaron.
Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), afirmó que el presupuesto 2025 no es la única normativa de impacto fiscal que les genera preocupación; a esto se le suma la Ley de Competencia, debido a la forma en que se aprobó en el Congreso.
“La Ley de Competencia no es suficiente, pero no es dañina y es necesaria. La de Competencia fue a cambio de los privilegios fiscales de la ganadera”, dijo Barrientos, quien enfatizó que esta última tiene artículos que facilitan el lavado de dinero.
Ley de la PNC
Esta semana, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, dijo que el presidente aún no había sancionado la nueva normativa de la PNC.
Se volvió a hacer la consulta con Palomo, pero al cierre de esta no había dado una respuesta.
La aprobación de la nueva Ley de la PNC causó críticas en organizaciones, como las vertidas por la Convergencia de Derechos Humanos, señalando que el artículo 60 viola varios principios legales.
“El artículo 60 viola los principios fundamentales de: presunción de inocencia, obligación de investigar con debida diligencia, principios de prevención e investigación de ejecuciones extrajudiciales”, indicaron.
La Convergencia pidió vetar parcialmente dicha ley, asegurando que el artículo 60 podría utilizarse como una “vía libre” para cometer asesinatos que queden en impunidad.
