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Entres los aspectos que generan preocupación para el panel están los mecanismos e instrumentos de evaluación aprobados por las Comisiones de Postulación para evaluar a cada uno de los aspirantes a integrar las nóminas. 

Para el PEI-GT genera preocupación que en esos mecanismos e instrumentos se incluya la omisión de entrevistas y pruebas psicométricas, la aprobación de tablas de gradación que favorecen a actuales magistrados y magistradas, así como las limitaciones que enfrentó la ciudadanía para presentar objeciones contra los aspirantes.

“Es imprescindible que los instrumentos de evaluación, aún con estas limitaciones, sean interpretados a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos”, subrayan en su informe.

Otro aspecto que preocupa al PEI-GT es la postulación a las magistraturas por parte de profesionales que integran las Comisiones de Postulación, como el caso de los actuales magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones, ya que esto genera conflictos de interés.

“Los instrumentos de evaluación aprobados tienen sesgos que favorecen a los actores provenientes de las magistraturas que se extendieron indebidamente entre 2019 y 2023 y las magistraturas actuales, así como exfuncionarios públicos comprometidos con las redes políticas y económicas ilícitas que, además, carecen de experiencia específica en el ejercicio de la judicatura”, indicaron.

Esta situación, afirman, afecta la posibilidad de una renovación real y profunda en las Cortes del país.

Además, expresaron que aquellos aspirantes que han promovido criminalización y que han sido sancionados internacionalmente “no deberían ser premiados con una magistratura”, por lo que los comisionados deberían “hacer una lectura integral sobre los antecedentes de cada aspirante, particularmente sobre la honorabilidad”.

Hacen llamado a la observación 

El PEI-GT señala que este proceso es clave para la democracia, por lo que hicieron un llamado para que actores a nivel nacional e internacional tengan sus ojos puestos en esta elección. 

“El panel considera que en esta elección está en juego la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala y que esto debe convocar a actores nacionales e internacionales a vigilar, supervisar y pronunciarse, a fin de evitar que personas altamente cuestionadas por sus actuaciones contrarias al derecho, a los derechos humanos y a un desarrollo democrático, sean elegidos como las más altas autoridades judiciales”, puntualizaron.