eP investiga tuvo acceso a datos del MP en donde se registra la denuncia. Sin embargo, no se conocen los hechos alegados por el congresista, quien no respondió a los mensajes y llamadas para ampliar los detalles de la querella.
La denuncia, con número MPE01-2024-46120, se ha tramitado pese a que se trata de un delito de acción privada, por lo que el MP no debería conocer el caso. Además, la Ley de Emisión del Pensamiento establece que no son delitos las críticas y señalamientos contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
Rodríguez no siguió el proceso
Según Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, y Juan Pablo Muñoz, de la Alianza por las Reformas, el primer paso que tuvo que haber seguido Rodríguez es solicitar un derecho de réplica, como lo establece la Ley de Emisión del Pensamiento. Esta normativa también describe el procedimiento para dilucidar publicaciones que transgreden la moral de una persona, explican los abogados.
Si los hechos denunciados no tienen que ver con la función pública del parlamentario, se podrá recurrir a un Juzgado por medio de la vía privada, es decir, sin la intervención del MP.
El artículo 35 de Ley de Emisión del Pensamiento establece que “no constituye delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacerles alguna imputación”.
Además, el artículo 35 de la Constitución Política de la República establece que “un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo”.
“Hay un círculo vicioso entre miembros del pacto de corruptos y un MP servil que abusa del derecho penal, que no tiene límites y que lo hace porque hay una Corte de Constitucionalidad que la protege y un PDH ausente que no vela por los derechos fundamentales”, indicó Muñoz.
Ejercicio periodístico
Juan Luis Font señaló que a lo largo de su carrera ha sido denunciado en diferentes ocasiones por personajes como Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi y el exdiputado Carlos Herrera por sus inconformidades hacia las críticas que les ha lanzado por sus vínculos en casos de corrupción.
Font recordó que existe un procedimiento establecido en la ley para conocer este tipo de denuncias, sin embargo, acotó que hay funcionarios que quieren llevar esto hasta lo penal.
“El régimen de Libre Emisión del Pensamiento marca el procedimiento a seguir aunque invariablemente los políticos procuran llevar estas denuncias al plano penal”, indicó Font.
Juan Luis Font es un periodista con más de 30 años de trayectoria en Guatemala. Laboró para la revista Crónica, fue director del extinto diario elPeriódico, de la revista Contrapoder y dirige el programa radial y televisivo Con Criterio, donde emite desde el exilio.
En 2022, salió del país por la criminalización en su contra a partir de una denuncia del exministro de Comunicación, Alejandro Sinibaldi, que lo inculpó de asociación ilícita. El MP lidera este caso contra el periodista desde la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Rafael Curruchiche en un expediente de supuesto de lavado de dinero.
Un diputado cuestionado
Allan Rodríguez es un diputado que llegó al Congreso de la República con el partido que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei. Fue presidente del Legislativo entre 2020 y 2022.
En 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó bajo la ley Magnitsky a Rodríguez, a quien lo señalaron de actos de corrupción.
Según una publicación de eP Investiga, al menos trece empresas ligadas a una sociedad de Allan Rodríguez recibieron contratos del gobierno central y otras entidades del Estado por más de Q188 millones.
Además, Allan Rodríguez era uno de los 17 diputados de Vamos que contaban con esquemas de seguridad de la Policía Nacional Civil. Según una investigación de este medio, el diputado electo por Sololá contaba con cuatro agentes de seguridad desde 14 de noviembre de 2020.
